Bermejo no logra que los jueces den «marcha atrás»

Más bien esa medida de presión parece tomar cada vez más cuerpo. Si una treintena de juntas de jueces, algunas tan relevantes como Madrid, Barcelona, Sevilla o las autonómicas de Murcia, Extremadura y Castilla La Mancha, decidió condicionar la realización de una huelga para el próximo 18 de febrero a los resultados del encuentro de ayer, no va a resultar nada fácil convencerles de que depongan su actitud y se sumen al calendario de movilizaciones fijado por las cuatro asociaciones.
Y es que la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente salieron ayer decepcionadas de su reunión con Bermejo, ante lo que consideran una falta de compromisos concretos por parte del Ministerio para abordar su tabla de reivindicaciones. Por ello, acordaron mantener las movilizaciones previstas, concretamente una jornada de protesta para el 18 de febrero, y la convocatoria de una huelga para el próximo 26 de junio si no se atienden sus reclamaciones.
Las visiones que de la reunión mantuvieron los interlocutores eran radicalmente distintas, aunque todos coincidieron en que transcurrió en un clima cordial y de respeto mutuo. Así, el ministro Fernández Bermejo aseguró que no se había producido ninguna divergencia «esencial» entre las posturas de su departamento y el de las asociaciones y que una de las principales reinvindicaciones de éstas, la relativa a mantener la competencia en los señalamientos de los juicios, era algo que debía decidir el Parlamento, toda vez que esa reforma se enmarca en una ley que está en trámite parlamentario.
En cambio, desde los represenantes judiciales se tenía una visión muy distinta: «Esperábamos un mayor nivel de compromiso», señaló al respecto Lorenzo del Río, portavoz de Francisco de Vitoria, quien puso como ejemplo lo relativo a señalamientos, planta judicial, medidas para conciliar la vida profesional y laboral o cuestiones relativas a determinados proyectos que se encuentran todavía en fase ministerial.
Insatisfechos
«No nos podemos conformar sólo con lo que hoy nos ha explicado el señor ministro», «la respuesta que hemos recibido no nos satisface enteramente» o «agradecemos el tono con que ha recibido –Fernández Bermejo– a las asociaciones, pero es evidente que sólo con un buen tono no se puede considerar solucionado a satisfacción todos los problemas» eran frases con las que Antonio García, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, resumía el sentir de las asociaciones tras la primera ronda de negociación con Justicia. Y de ahí su conclusión, nada optimista: a día de hoy, «el panorama es sombrío».
El principal compromiso del Ministerio de Justicia consisitió en inyectar 20 millones de euros, a los 72 ya presupuestados para modernizar tecnológicamente los juzgados y tribunales en las comunidades que no tienen asumidas las competencias de Justicia.
Con este incremento presupuestario, señaló al respecto Fernández Bermejo, «se acortarán los plazos para la puesta en funcionamiento de iniciativas tecnológicas que ya estaban en marcha».
Junto a ello, Justicia se comprometió a diseñar a lo largo de 2009 un nuevo sistema retributivo de la judicatura, a la creación durante esta legislatura de igual número de unidades judiciales que en la anterior (634 plazas de jueces y 485 de fiscales), así como a poner en marcha un régimen de sustitución, suprimir el traslado forzoso y eliminar la interinidad en el funcionariado de los juzgados.
De esta forma, en opinión del ministro, con los «compromisos» y «fechas concretas» para llevarlos a cabo, «no se justifica» que los jueces mantengan las movilizaciones anunciadas.
«Mensaje» a las juntas
En cuanto a las juntas de jueces que han convocado huelga para el 18 de febrero, el ministro de Justicia incidió en que representan a una minoría de la Carrera Judicial, a la vez que, en cierta forma, intentó deslegitimar sus acuerdos. Y ello porque, dijo, son las asociaciones las que verdaderamente la representan. «El Ministerio de Justicia sabe que ha estado con los únicos interlocutores legítimos de la Carrera Judicial» o «el ministerio ha negociado con quien debe» resumían muy claramente la posición de Fernández Bermejo al respecto.
Sin embargo, esos compromisos de Justicia no convencieron lo más mínimo a las asociaciones judiciales. En este sentido, Antonio García, quien habló en representación de todas ellas, valoró la «atmósfera constructiva» en que se desarrolló la reunión. Sin embargo, echó en falta una mayor «intensidad» por parte ministerial para atender sus reinvindicaciones. «Esperábamos una respuesta de claridad y concisión a las 8 demandas y la respuesta que hemos recibido no nos satisface enteramente», afirmó al respecto quien ejerció de portavoz de las cuatro asociaciones.
Sin embargo, admitió que la reunión sirve para «considerar abierto un proceso de soluciones dialogadas que se tendrán que ir perfilando a lo largo de próximas reuniones con el ministerio». De hecho, se prevé que el próximo encuentro tenga lugar antes de la señalada fecha de 18 de febrero.
Ese día, las asociaciones tienen convocada una jornada de protesta, en el transcurso de la cual llevarán a cabo una concentración de diez minutos –sin togas y en tiempo de descanso– ante los edificios judiciales más emblemáticos de cada ciudad, así como un día de «puertas abiertas» para que los ciudadanos comprueben in situ la situación en que se encuentra la Justicia.