Ahora Madrid
Castro adjudicó la construcción de un parking al marido de su edil de Obras
La Ley de Contratos obliga a abstenerse a los cargos públicos si hay relación conyugal y lo sanciona con el cese.
El marido de Cristina González, concejala de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Pedro Castro, fue el adjudicatario del concurso municipal para la construcción y explotación del aparcamiento subterráneo de la calle Jilguero de Getafe. El Ayuntamiento que dirige Castro adjudicó en régimen de cooperativa (los cooperativistas con sus cuotas acceden a una plaza) la construcción de 461 plazas de aparcamiento subterráneo para residentes y su explotación, por un plazo de 40 años, a «Jilguero 2005, Sociedad Cooperativa Madrileña», empresa que preside José Miguel Vieito Aguado, marido de la concejala Cristina González, según denunció ayer el PP de Getafe. El concurso se falló 12 de julio de 2007 y a él concurrieron dos empresas, de las cuales, finalmente, fue la de Vieito la que se hizo con la victoria gracias al voto de la concejala-esposa de Obras y Servicios del Ayuntamiento socialista de Pedro Castro, entre otros. Pero el «chollo» no acabó aquí, porque el marido de la edil de Obras logró el pasado 23 de abril que, de nuevo la junta de Gobierno del Consistorio de Castro y de nuevo con el apoyo de su esposa-concejala, que el Ayuntamiento modificara el pliego de condiciones y el contrato de adjudicación de su parking, para ampliar el plazo de construcción y de explotación de los 40 años iniciales a 60. Así, este aparcamiento, cuyas obras estaban paralizadas debido a la crisis económica, consiguió retrasar el plazo de construcción hasta 2011 para la segunda fase. El voto de Cristina González tanto en el concurso de 2007 como en la modificación del contrato con la empresa que preside su esposo, en 2009, supone una vulneración «muy grave» de la Ley de Contratos, según denunció ayer el PP, cuya sanción supone el cese inmediato en sus responsabilidades del funcionario o cargo público.Esta ley prohibe los contratos a «cónyuges y a personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva y descendientes». Así mismo la Ley de Incompatibilidades obliga a los cargos públicos a «inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieren tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona de su familia dentro del segundo grado civil».«Exigimos inmediatamente que la edil de Obras entregue su acta de concejal y dimita de todas sus responsabilidades», declaró José Luis Vicente Palencia, portavoz de Urbanismo del PP local.
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