Terrorismo

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La Razón
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El Sumario 18/98, si sólo fuese conocido por su número, podría ser una más de las tantas causas que se ven en los tribunales. Pero es un sumario especial, porque ha significado que decenas de colaboradores del terrorismo, impunes e intocables durante décadas, hayan sido juzgados y en breve se vaya a dictar sentencia sobre sus actividades en el seno de la banda.

Lo de menos es la cuantía de las penas que la Audiencia Nacional vaya a señalar. Muchas personas, unidas en empresas y asociaciones o no, han colaborado con ETA, han sido terroristas aunque no hayan empuñado físicamente las armas. No han matado directamente pero han hecho posible que otros asesinen, y han colaborado con dinero, con extorsión, con información, con agitación y con insidias en los crímenes de la banda. No sólo quien coloca una bomba o dispara una pistola es un terrorista: pero ha hecho falta llegar al sumario 18/98, y que éste haya recorrido su largo camino, para que este principio quede asegurado judicialmente.

El entorno etarra ha recibido un duro golpe con la detención de algunos de los encausados en este sumario, para evitar su huida tras una sentencia más que probablemente condenatoria. Y es que los ciudadanos españoles tiene muy claro desde hace tiempo algo que los jueces asumen ahora y que los políticos no deberían poner en duda jamás: que el lugar de los terroristas es sólo la cárcel.

No se trata, como la propaganda batasuna trata de hacer creer, de un delito de opinión. Egin, Egin Irratia, Ardi beltza y Egunkaria no fueron cerrados por defender ideas nacionalistas, sino por violar las normas del Código Penal o por hacer posible que otros las violasen, y lo mismo cabe decir de los periodistas y líderes sociales y juveniles encausados. ETA debe acabar y éste es el camino para conseguirlo.