Pensiones
Corbacho descalifica al gobernador y niega el déficit de la Seguridad Social
Salgado promete a la patronal agilizar la infraestructura del ICO para facilitar financiación a las empresas.
Madrid- El gobernador del Banco de España ha conseguido que nadie permanezca indiferente a sus últimos vaticinios sobre la economía española y las cuentas públicas. Su pronóstico sobre la entrada de la Seguridad Social en déficit resucitó ayer el debate de la viabilidad futura del sistema de público de pensiones de la primera parte de la década de los noventa y que motivó la firma del Pacto de Toledo en 1995. Dirigentes socialistas y sindicales arremetieron ayer duramente contra sus declaraciones. Sin ningún tipo de cortapisa, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, desmintió tajantemente los cálculos del gobernador y garantizó la buena salud de las cuentas de la Seguridad Social este año.«Me gustaría saber de dónde saca que vamos a acabar con déficit». Acto seguido, le recriminó la inseguridad e intranquilidad que pueden provocar sus augurios a los más de ocho millones de pensionistas. Y esgrimió los 57.000 millones del fondo de reserva, la cifra más alta de la historia, para transmitir un mensaje tranquillizador a la sociedad. En tono tajante, aseguró que le gustaría que fuera «la última vez» que tuviera que discrepar con él. Por eso le recordó que su misión es hacer un análisis del sistema financiero y aportar soluciones.La propuesta del gobernador de prolongar la vida laboral y, por ende, retrasar la edad de jubilación como bálsamo para evitar que la Seguridad Social entre en déficit provocó reacciones encontradas en el Gobierno. Mientras, Corbacho, que firmó ayer con los agentes sociales el acuerdo de resolución extrajuidicial de los conflictos laborales, advirtió de que el actual sistema sobre la edad de jubilación en España es suficientemente «flexible». El ministro de Fomento, José Blanco, consideró que a los 65 años se está en plena capacidad de trabajar. El presidente del PP, por su parte, no dudó ayer en calificar de «muy oportunas» las propuestas de Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Mariano Rajoy argumentó que las propuestas del gobernador son las mismas que ellos abordan en su plan de trabajo contra la crisis económica. «La quinta era la renovación del Pacto de Toledo». Ante esta situación, aseguró que ya ha dado instrucciones para pedir la comparecencia de Corbacho para que explique si coincide o no con el Banco de España. A su juicio, el gobernador planteó un «índice de asuntos» sobre los que hay que «debatir ya y tomar decisiones». «Los españoles tienen derecho a que se les fije un horizonte de cara a sus planes de vida», alertó.Los secretarios generales de UGT y CC OO no compartieron opinión con Rajoy. Es más, arremetieron con contundencia contra Fernández Ordóñez, mientras que el secretario general de la CEOE, José María Lacasa, y el presidente de Cepyme, Jesús Bárcenas, reclamaron «prudencia a todos» a la hora de hablar de un tema de gran relevancia social.Cándido Méndez criticó el «exceso de locuacidad, vanidad personal y fanatismo ideológico» del gobernador, «justo lo contrario» que su homólogo del BCE. Por eso, consideró que Zapatero, responsable de su nombramiento, debería «decirle algo». «Los golpes más fuertes a la credibilidad de la economía española están viniendo de una institución oficial como es el Banco de España».En la misma línea, Ignacio Fernández Toxo señaló que corresponde al presidente del Gobierno decidir si quiere que Fernández Ordóñez, a quien acusó de querer ser el centro del debate, siga siendo un «foco de incertidumbre» para la economía. «Con amigos como éste, ¿quién necesita enemigos?», ironizó. El compromisoPor otra parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno se comprometió ayer con los presidentes de CEOE y Cepyme, Gerardo Díaz Ferrán y Jesús Bárcenas, respectivamente, a dar una «mayor agilidad a la infraestructura» del ICO para resolver los problemas de financiación de las empresas. Los líderes empresariales reclamaron a Elena Salgado una solución a la morosidad en el pago de las Administraciones Públicas a pequeñas empresas y autónomos.
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