El Gobierno acaricia el pacto con 3600 millones a Cataluña

BARCELONA/MÁLAGA- El fuerte del Gobierno de Zapatero nunca han sido las previsiones. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, estimó hace un mes que con 9.000 millones de euros adicionales sería suficiente para reformar el sistema de financiación autonómica. Pues no. La cifra será «muy superior». Así lo confirmó ayer el PSC después de desvelar que Cataluña recibirá al menos unos 3.600 millones en 2012, una cifra que deja el pacto «al alcance de la mano». Los socialistas catalanes calificaron la oferta del Gobierno de «justa» a la espera de que se produzca alguna «sorpresa positiva» en las próximas horas. Zapatero negocia con ERC Esta sorpresa no es más que una propina para contentar a ERC, que se resiste a dar por bueno el acuerdo porque su mínimo aceptable se sitúa en 3.800 millones. La cúpula de ERC, encabezada por Joan Puigcercós y Joan Ridao, mantuvo conversaciones durante la mañana con José Luis Rodríguez Zapatero y Elena Salgado sin llegar a un acuerdo total, aunque Esquerra se mostró confiada. «Estamos tranquilos», aseguró Ridao, porque la «presión está en el Gobierno». La delicada situación de Zapatero en el Congreso es la baza que esgrimen los republicanos para forzar al Ejecutivo a colmar sus demandas. «Tenemos un listón y el Gobierno se va acercando poco a poco», comentó Ridao allanando de esta manera el camino al «sí» republicano a la nueva financiación. Hoy, ERC reunirá de forma extraordinaria a su ejecutiva para comunicar su postura oficial. Esquerra tiene ante sí una difícil situación. Por una parte, la oferta del Gobierno se aproxima bastante a sus pretensiones, pero, por la otra, todo es poco para sus bases, a las que la dirección del partido intenta tranquilizar mediante el envío masivo de SMS. Con el último modelo que ha propuesto el Gobierno, Cataluña se situará en el año 2012 cinco puntos por encima de la media de las comunidades en el ránking de recursos per cápita. Es decir, que se cumplirá el principio de ordinalidad, según el cual los que más aportan no pierden puestos después de contribuir a la solidaridad interterritorial, la cual quedará limitada a Educación, Sanidad y servicios sociales. El nuevo sistema establece que el 75 por ciento de los recursos tributarios de cada autonomía se destinará a un fondo que se distribuirá de forma nivelada de acuerdo con la población. El otro 25 por ciento corresponderá a la Generalitat que, «por primera vez», se beneficiará directamente del esfuerzo fiscal de sus contribuyentes. Cataluña, además, tendra recursos exclusivos para sus competencias propias (policía autonómica, prisiones, política lingüística y justicia). Una «chapuza», para el PP Ante este dibujo del nuevo modelo, el presidente del PP, Mariano Rajoy, acusó al Gobierno de organizar una «subasta» para negociar la financiación y le adviritó de que no puede «improvisar, hacer una chapuza y situarse en el corto plazo», sino que debe resolver los problemas «con sentido común». Durante un acto de su partido en la localidad malagueña de Estepona, Rajoy lamentó que el Ejecutivo socialista haya sido incapaz en cuatro años de resolver el debate de la financiación, cuando para repartir los recursos entre las comunidades sólo hace falta fijar un criterio, «el que sea», y consensuarlo con transparencia. Justamente lo contrario, señaló al respecto, es lo que está haciendo el Gobierno, que ha organizado una «subasta», «llama por teléfono» a algunas personas, «no acuerda nada» y al final «nadie sabe nada». «No se puede improvisar, hacer las cosas por debajo de la mesa, o con el ¿a ver si te callo dándote cincuenta millones de euros más¿», recalcó, antes de añadir que el Gobierno no debe situarse «en el corto plazo y generar problemas que, con un poco de sentido común, podrían resolverse perfectamente». Economía «ahogada» El líder del PP propuso varias recetas al Ejecutivo para cerrar el nuevo modelo. La primera, fijar un criterio para distribuir los recursos entre las autonomías que se pacte entre todas ellas y se acepte por unanimidad y, sobre todo, que garantice la igualdad de todos los ciudadanos a la hora de recibir las prestaciones.Un criterio, señaló, que no traiga como consecuencia una nueva subida de los impuestos, «que ahogaría mucho más la economía». Con transparencia, insistió, se puede fijar ese criterio de reparto (por ejemplo, en función de los habitantes), aunque luego se discuta y se corrijan factores propios de cada región como la edad de la población o la dispersión. «Eso dice el sentido común», sentenció el líder del PP.