El Gobierno vasco cree que en el «absurdo proceso» de ilegalizaciones ya estaba «todo decidido»

El Gobierno vasco y el PNV volvieron a mostrar hoy su total desacuerdo con el proceso de ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), que se inició la semana pasada. Por parte del Ejecutivo autonómico, el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, calificó el procedimiento judicial de «absurdo» ya que en su opinión «todo está decidido» y «lo que ha ocurrido estos días, con la citación de ANV y el PCTV, es simplemente una forma más de «dar apariencia de legalidad y normalidad». En esta misma línea, el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, aseguró que el Ejecutivo socialista está creando un «cordón sanitario» al final de la legislatura con el proceso de ilegalizaciones, para que «no le suceda lo que al PP» con el 11-M, en el caso de que ETA cometiera un nuevo atentado antes del 9-M. Para Azkarraga el procedimiento de ilegalización de ANV y PCTV es «una gran hipocresía, porque incluso la tesis del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, de que son las pruebas las que han aconsejado ahora pedir la ilegalización, es una tesis falsa porque esta gente a la que se va a ilegalizar ahora es la misma que negoció con el PSOE y en su momento con el PP». El consejero vasco de Justicia realizó estas declaraciones en una entrevista concedida a la emisora ‘Catalunya Radio'. En su opinión, «el PSOE no ha sido capaz de aguantar la presión del PP y cede ahora para presentarse como el adalid de la firmeza contra ETA» aunque «las ilegalizaciones no sirven para terminar con el terrorismo, sino para dar una muestra de debilidad del Estado de Derecho». No obstante, para Azkarraga, el proceso no es algo nuevo, sino que «todo está decidido» y «lo que ha ocurrido estos días de retraso es simplemente una forma más de dar apariencia de legalidad y normalidad a este absurdo proceso». «Se acercan nuevas elecciones y nuevamente se produce un nuevo proceso de ilegalización de partidos políticos», algo que a su juicio «es absolutamente rechazable» desde «el punto de vista democrático y jurídico» porque «todo está basado en un bodrio jurídico que es la Ley de Partidos», que «casa muy mal con el respeto a los derechos fundamentales». El consejero reiteró, además, que él «siempre» ha defendido que el final del terrorismo no se produce «sacando de las urnas a esta gente -ANV y PCTV-, sino derrotándolas en las urnas».

 EL «CORDON SANITARIO» DEL PSOE

A su juicio «se inicia un año muy complicado en el ámbito vasco, con la inhabilitación a los miembros de la Mesa del Parlamento -que se negaron en su día a disolver el grupo Sozialista Abertzaleak tras una orden del Tribunal Supremo- por defender la autonomía de ese parlamento» aunque consideró que «posiblemente el siguiente paso sea el procesamiento del propio lehendakari -Juan José- Ibarretxe por hablar con todas las fuerzas políticas para lograr la paz». Urkullu, por su parte, cree que «el PSOE está inmerso en una dinámica de cordón sanitario para que no le suceda lo que al PP le sucedió hace cuatro años, con los fenómenos terroristas islamistas, yihadistas, y que no le suceda tampoco nada en relación al terrorismo identificado con ETA antes de las elecciones generales del 9 de marzo». Y es que en su opinión, el terrorismo se utiliza «a conveniencia» por parte del PP y por el entorno proetarra, aunque «también por parte del PSOE» en un «ejercicio de cinismo sin precedentes, que es en lo que se han convertido las campañas y precampañas». Para el presidente del PNV las bases acordadas en las conversaciones de Loiola unidas a los principios del Proyecto de Nuevo Estatuto Político -el llamado ‘Plan Ibarretxe'- aprobado por el Parlamento vasco son las que «servirán para caminar la solución», al ser «herramientas para profundizar en esa iniciativa que el lehendakari ha puesto encima de la mesa para caminar hacia una solución», y «las bases que el PNV va a poner también encima de la mesa tras el 9 de marzo». Se pretende así «abordar la situación mediante el diálogo y el acuerdo», asumiendo «un marco que permita todas las opciones y el desarrollo del autogobierno», apuntó. En cambio, para el portavoz del PSE-EE, Rodolfo Ares, las declaraciones de Urkullu son «guiños» a la izquierda abertzale para lograr «pescar votos entre su gente». En su opinión, todo lo que hace el líder peneuvista «tiene como objetivo jugar al victimismo e intentar hacerse el simpático», para «trasladar la idea que defienden a los radicales abertzales, con el único objetivo de obtener votos de ese mundo».

«LES TRAEN AL PAIRO LAS PRUEBAS» 

Y mientras tanto la ilegalizada Batasuna sigue asegurando que, de una manera u otra, la izquierda radical abertzale estará presente en las elecciones. Aparentemente alejado de la vida política, el miembro de la Mesa Nacional de Batasuna Karmelo Landa, aseguró hoy estar convencido que los votos que los ciudadanos vascos depositarán para PCTV y ANV en las próximas elecciones generales serán «muy numerosos», aunque finalmente ambas formaciones sean ilegalizadas, teniendo «un valor político más allá del 9-M». Landa considera que el proceso de ilegalización no es más que «una actuación de corte político con un objetivo antidemocrático», ya que a los miembros del Gobierno «les traen al pairo las pruebas que, por otra parte, no existen, y ponen a la Justicia al servicio de un objetivo político». No obstante, al histórico miembro de la izquierda abertzale más radical no le sorprende la medida adoptada por la Abogacía del Estado, ya que «ya lo habían hecho antes con HB, EH» y «Batasuna». Para él, ANV «es una llave fundamental para construir un futuro» para el País Vasco, y «aquel que comete el error básico de pensar que, borrando una o cinco siglas va a acabar con el problema, se equivoca de una forma muy grave» ya que «con las ilegalizaciones, no van en la dirección de resolver el conflicto, sino en el sentido contrario».