El Parlament abre la puerta a que el Govern defienda la eutanasia

«Serio, profundo ético y desde todos los puntos de vista, con tranquilidad política, madurez y sin urgencia». Así ha definido, en varias ocasiones, Marina Geli, consellera de Salut, las características necesarias del debate sobre la eutanasia y el suicidio asistido del que es partidaria. Ayer, el Parlament entendió que justo ahora se dan todas las circunstancias y aprobó una moción presentada por el Grupo Mixto para debatir la eutanasia y el suicidio asistido. Así, y aunque tanto PP como CiU votaron en contra porque «no es el momento ni el lugar», el Govern está obligado a recoger esta patata caliente. Último fin: reforma legalPero, ¿con urgencia o sin urgencia? La moción no exige un plazo determinado para abordar la controversia. Sólo apunta que el debate debe ser «amplio, plural, sin miedo ni limitaciones coyunturales». Y es que, según el Grupo Mixto, con el beneplácito del tripartito, hay personas que aún «no ven protegida su autonomía en el marco actual», pese a tener a su alcance el documento de voluntades anticipadas que se desprende la Ley del Testamento Vital y a pesar de que Cataluña es referente en la aplicación de curas paliativas. El objetivo de esta moción es, según Belén Pajares, diputada del PP en el Parlament, «intentar confrontar el sí a la eutanasia y el no para tapar aquello que ahora preocupa más a la ciudadanía». Y es que, «hay casos concretos pero no una demanda social» que motive abrir un debate de esta envergadura. Bajo un prisma similar Assumpció Laïlla, diputada de CiU en el Parlament, argumentó, al votar en contra, que «no es el momento ni el lugar» y que tampoco «existe un posicionamiento generalizado sobre la despenalización de la eutanasia». Pajares fue más allá y apuntó que la moción manifiesta «una desconfianza exageradísima hacia los médicos». ¿Regular la eutanasia no limitaría el desarrollo y mejora de los cuidados paliativos? El PP dejó la pregunta sobre la mesa. ¿Qué sentido tiene, además, exigir en el contexto actual un debate autonómico que «pueda culminar en reformas legales necesarias», si esto último es competencia exclusiva estatal?