El PP llevará al Constitucional una ley de plazos para el aborto

MADRID- Mariano Rajoy tiene poco margen para tomar otra decisión distinta a la de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) si el PSOE consigue, finalmente, sacar adelante una reforma de la legislación vigente para permitir la práctica de abortos dentro de un periodo determinado, es decir, una ley de plazos. La reforma podría ser aprobada por el Congreso en verano o, a más tardar, el próximo otoño.
El PP no se ha sentido cómodo con el debate abierto a todo correr por los socialistas en pleno estallido de la crisis económica, pese a que en su programa electoral habían rebajado sus pretensiones en esta materia. El PSOE ya había jugado la misma carta en la pasada legislatura y no le fue mal. Abanderó otros debates sociales, como el de las «bodas gays», y acabó consiguiendo imponer la tesis de que había ganado la batalla de la opinión pública, a costa, además, de provocar alguna fractura en el principal partido de la oposición.
Pero la entidad de la cuestión que ahora está encima de la mesa es muy distinta. Por cuestiones éticas, y no sólo religiosas, hay una mayoría social que discrepa de la modificación de la actual legislación en materia de aborto. Y que incluso, de defender una modificación, sería para endurecer los controles frente a los abusos que se han conocido en los últimos tiempos. No obstante, hasta ahora el PP ha mantenido un discurso de perfil más bien bajo, evitando el cuerpo a cuerpo con los socialistas con el argumento de que buscan «distraer la atención» y de que aún no hay un texto oficial sobre el que pronunciarse.
El cierre a toda prisa de la subcomisión creada en el Congreso para estudiar la reforma del aborto deja poco margen para la duda: los socialistas han preparado el terreno para sacar adelante, con el apoyo de las minorías, salvo, previsiblemente, CC y Unió, la articulación de una ley de plazos. De confirmarse esta previsión, será Rajoy quien tenga la última palabra sobre el alcance de la respuesta de su partido. Pero a día de hoy todo indica que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional. La mayoría del PP consideraría un error no hacerlo.
El TC ya estableció doctrina sobre el conflicto entre el derecho a la vida del nasciturus y la libertad de elección de la mujer embarazada. En la sentencia de 1985 estableció que hay vida desde el momento de la concepción y que esa vida es un sujeto de derechos. En el PP se asegura que un margen temporal de absoluta permisividad en la práctica abortiva chocaría con la jurisprudencia constitucional, por muchos supuestos e indicaciones que incluya para salvar esos impedimentos legales. A puerta cerrada, el PP ya ha celebrado alguna reunión, en el Congreso, en la que se ha hablado de la posibilidad de hacer efectivo el recurso ante el Constitucional.