Villaviciosa de Odón
Espías en el Ayuntamiento de Leganés
MADRID- Denuncias en la Fiscalía, una Comisión de Investigación, decenas de preguntas parlamentarias y más de dos meses de polémica... Sólo la posibilidad de que se hubieran producido seguimientos a cargos públicos en el Gobierno regional de Madrid ha generado una polémica con pocos precedentes de la misma envergadura en la Comunidad. Sin embargo, en Leganés, el Ayuntamiento ha admitido que se ha servido de un informe realizado por una empresa profesional de detectives privados para abrir un expediente a un funcionario y como si nada.El Consistorio pepinero, que dirige el socialista Rafael Gómez Montoya con la ayuda de IU, ordenó abrir un expediente disciplinario en octubre del pasado año a un funcionario municipal en base a un informe realizado por la empresa «Kolb Detectives Privados», con licencia 869.Esta entidad, dedicada a investigar cuestiones matrimoniales, financieras y laborales, entre otras, realizó un informe en el que, según el escrito de la concejala leganense de Recursos Humanos, se demuestra «la posible incompatibilidad en la que incurre el funcionario de este Ayuntamiento al estar contratado por otra empresa en el municipio de Villaviciosa de Odón, dedicada al servicio de recogida de residuos sólidos urbanos». Asimismo, el decreto añade que un informe del director jurídico de Recursos Humanos recoge «diferentes permisos utilizados por el funcionario, en relación con el crédito horario sindical» que este trabajador podría haber empleado para actividades no relacionadas con la actividad sindical «sino más bien de índole particular». Ambos escritos sirvieron a la concejala de Recursos Humanos para abrir un expediente disciplinario al trabajador, que a día de hoy sigue abierto, ya que la apertura fue «actualizada» en febrero sin aún haberse resuelto. Se da la circunstancia de que la profesión del primer edil leganense es la de criminólogo, quizás por eso, lejos de seguir la lógica que suele marcar las sospechas de doble contratación de un funcionario y por tanto la posibilidad de que el trabajador estuviera incurriendo en una falta «muy grave» de incompatibilidades, el Ayuntamiento de Gómez Montoya no acudió a la Seguridad Social, que registra los movimientos laborales de todos los ciudadanos, sino que se sirvió de las averiguaciones de un espía para conocer las actividades de su trabajador.¿Cómo se ha contratado este servicio de detectives?, ¿qué coste ha supuesto a las arcas municipales?, ¿sigue el servicio de espías contratado?, ¿hay más trabajadores que actualmente sean objeto de seguimientos? Estas son algunas de las preguntas que desde el partido Unión por Leganés (Uleg) han remitido en numerosas ocasiones a Gómez Montoya sin recibir respuesta. Denuncian que sólo conocen el decreto de apertura del expediente disciplinario firmado en octubre del pasado año en el que se relata la existenica del informe de la empresa «Kolb Detectives Privados» y que desde entonces nadie del equipo de Gobierno de Gómez Montoya, ni de los sindicatos, les ha explicado cómo fue el procedimiento y bajo qué modalidad contractual se encargaron los seguimientos.
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