La crisis agudiza el fracaso de la política migratoria del Gobierno

madrid- La inmigración ilegal es ya la cuarta preocupación de los españoles por detrás de la crisis, el terrorismo y el paro. Esta realidad se ha acentuado a medida que la crisis se ha hecho cada vez más evidente. Al millón de extranjeros que viven en España de manera irregular (160.000 dedicados al servicio doméstico), según datos de CC OO, hay que añadir la bolsa, cada vez más grande, de inmigrantes sin trabajo: en diciembre, eran ya 400.000, pero las cifras pueden duplicarse a lo largo de este año si se recrudece la situación económica.
Esto dispara más allá del millón y medio el número de inmigrantes que se ganan la vida en la economía sumergida, un sector que según estimaciones del Consejo Económico Social representa la cuarta parte del Producto Interior Bruto en España (PIB). Y según las previsiones económicas, lo peor está por llegar.
Plan insuficiente
Después de varias medidas ineficaces, el Gobierno puso en marcha hace dos meses un plan para facilitar el regreso a casa a los extranjeros en paro. Unas 100.000 personas de una veintena de países, la mayoría sudamericanos, podían haberse beneficiado de él, pero la cifra se ha quedado en 1.400. El plan ofrece el cobro del paro de forma anticipada y acumulada si se comprometen a retornar a su país de origen en 3 días y no regresar a España en tres años. Sin embargo, parece una estrategia incompleta porque este incentivo económico se revela insuficiente para que un extranjero residente en España de forma regular se plantee dejar la vida que ya ha iniciado lejos de casa para regresar a su país con toda la familia, donde las condiciones de vida son mucho peores que aquí. A pesar de todo, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, cree que los resultados son muy positivos.
En cambio, para el Partido Popular la cifra es ridícula. El portavoz de Inmigración del PP en el Congreso, Rafael Hernando, habló de «auténtico fracaso» y criticó la falta de ambición de los proyectos del Ministerio en materia de inmigración. «Deberían poner en marcha iniciativas de las que pudieran beneficiarse todos los inmigrantes, los legales y los que se encuentran en situación precaria».
Hernando explicó que la crisis está arrastrando al paro a muchas personas nacidas fuera de España, de las que tan sólo el 60 por ciento tiene derecho a cobertura social». Además, recordó que «después del récord de extranjeros empadronados en 2007, con 910.000, el 2008 se ha cerrado con 500.000 más, lo que indica que el fenómeno de la inmigración necesita soluciones urgentes».
Para Hernando, una de las consecuencias más graves del fracaso del Gobierno en materia de inmigración es el «incremento de la conflictividad social y los problemas sociales que eso acarrea».
«Es necesario cambiar de modelo y seguir el camino de nuestros socios europeos, donde han pasado de fomentar la inmigración de baja cualificación a establecer planes de contratación en origen de personal cualificado», dijo.
Esta es la clave de la situación actual de la inmigración en España. El Ministerio dirigido por Corbacho ha fomentado la inmigración de baja cualificación, lo que la convierte en un segmento de población especialmente vulnerable a los ciclos económicos.
Así, la crisis ha duplicado en un año el número de parados extranjeros en la construcción, industria y agricultura, los tres sectores más afectados por una coyuntura económica adversa. Pero este colectivo depende de estos ingresos más que los españoles porque para ellos es perentorio obtener un salario para sobrevivir en España y apoyar, en muchos casos, a la familia que han dejado en su país de origen.
Y no parece que exista un cambio de tendencia porque el propio ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha descartado que la crisis vaya a influir en una disminución de las llegadas ilegales de extranjeros.
Más recursos
La cada vez más complicada situación laboral de este colectivo ha provocado también la reacción de los sindicatos. En el informe «Crisis financiera, situación de la economía española», CC OO reclama la ordenación de los flujos de entrada, la inversión de recursos en la contratación en origen, un mayor control de fronteras y de las inspecciones de trabajo.
Asimismo, el sindicato critica los «incentivos jurídicos a la entrada y contratación irregular de trabajadores». Una de ellas es la del arraigo, herramienta que le ha servido al Gobierno para regularizar de forma directa a más de 500.000 inmigrantes en 2008, según denunció el PP el pasado mes de octubre.