La Ley de Igualdad obliga a las mujeres a trabajar en las cárceles de hombres

PP, PSOE, CiU y PNV reclaman al Ejecutivo un informe sobre las distorsiones que ha generado la norma.

Flaco favor está haciendo la Ley de Igualdad a las cerca de 1.500 funcionarias de prisiones, que hasta ahora venían desarrollando su trabajo en los centros penitenciarios exclusivos de mujeres.La norma, que se aprobó en 2007, acaba con la diferenciación de escalas masculina y femenina, lo que significa que habrá mujeres custodiando hombres en las cárceles y viceversa. Esta situación ya se da en los centros penitenciarios de Huelva y Córdoba y la intención de Instituciones Penitenciarias es que se generalice en el resto antes de que acabe el año. La cuestión es que «no estamos preparadas para esto porque nos formaron para trabajar con internas», explica Lola Garrido, portavoz de la asociación de funcionarios de prisiones Adeip. «Trabajamos con violadores y delincuentes sexuales y las posibilidades de repeler la agresión de un interno para una mujer son mucho menores», explica. «Accedemos a todos los espacios de los reclusos, como duchas o celdas, y todos sabemos que el nivel de conflictividad es mucho mayor en prisiones de hombres que de mujeres». Garrido pone como ejemplo un caso reciente ocurrido en una enfermería de Murcia adonde acudió una funcionaria para abrir la puerta: «El recluso le pegó, la empujó contra la pared y después se masturbó». Muchas veces las empleadas públicas toman sus precauciones: «Intentamos no mirar a los ojos a los presos musulmanes, para quienes las mujeres somos animales impuros. Es una situación de estrés enorme mirar cada día el libro de servicio para ver qué módulo te ha tocado. Hay compañeras que el día anterior no duermen». Garrido aseguró que, si la situación no cambia, «estamos dispuestas a encadenarnos a las puertas de Instituciones Penitenciarias o incluso a ponernos en huelga de hambre». Tres meses de plazoLas reivindicaciones de las funcionarias de prisiones fueron defendidas ayer en el Congreso por el Grupo Parlamentario Popular, que presentó una proposición no de ley que fue debatida en pleno. Finalmente, se introdujo una enmienda de CiU a la que acabaron sumándose el PP, PSOE y PNV, en la que se acordó pedir al Gobierno que busque soluciones para que la aplicación de la Ley de Igualdad no afecte de forma negativa a las funcionarias. Todos los grupos se mostraron partidarios del diálogo entre Prisiones, los sindicatos y las afectadas para resolver la situación. Además, pidieron al Gobierno que presente un informe en tres meses sobre las distorsiones que presenta la aplicación de la Ley de Igualdad.