El 90% de los recursos autonómicos serán impuestos

El Gobierno presentó ayer las directrices principales de su nueva propuesta de financiación autonómica, que prevé una reducción de las transferencias del Estado a las Comunidades Autónomas (CC. AA.) del 30 por ciento actual al 10. Esto supone dar una mayor autonomía a las diferentes regiones, ya que el 90% de sus recursos disponibles procederían de los impuestos cedidos por el Estado, frente al 70% actual, y las regiones tendrían una mayor libertad para subir o bajar impuestos como el de la Renta (IRPF) o el IVA para cuadrar sus balances anuales.
El nuevo modelo de financiación autonómica, que fue presentado por el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, y el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, nace con el objetivo de aumentar la libertad financiera de las Comunidades mediante la cesión de impuestos y es el quinto desde el nacimiento del Estado de las Autonomías. De aprobarse la propuesta del Ejecutivo socialista, las diferentes Comunidades pasarían a disfrutar de hasta el 50 por ciento del IRPF e IVA recaudado en el territorio bajo su juridiscción, y, en el caso de los impuestos especiales, este porcentaje se eleva hasta el 58% del total.
Además, el Ejecutivo propone complementar los ingresos que reciben las Autonomías a través de los impuestos con tres fondos:los ya existentes de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (SPF) y el de Suficiencia Global y otro de nueva creación, el de Convergencia Autonómica, que está llamado a corregir los «excesos y defectos» del actual modelo.
El fondo de Garantía de los Servicios Fundamentales seguirá cumpliendo su función en los asuntos de «sanidad, educación o servicios sociales», según declaró ayer Solbes, y se financiará con «más de dos tercios» del total de los recursos disponibles. El de Suficiencia Global, por su parte, financiará el resto de las competencias transferidas que no recoge el anterior, pero el titular de Economía no detalló ayer sus competencias y recursos adicionales.
Respecto al nuevo fondo de Convergencia Autonómica, el ministro destacó que se subdivide en dos ramas, Competitividad y Cooperación. La primera de ellas contribuirá a reducir las diferencias existentes en la financiación per cápita que disfrutan los ciudadanos en cada región, y se distribuirá en aquellas Comunidades en las que la financiación por habitante sea menor que la media nacional.
El de Cooperación, por su parte, está destinado a equilibrar el nivel de vida de los ciudadanos españoles con independencia de su lugar de residencia, y su aportación principal se destinará a aquellas regiones con menor riqueza.
Las medidas anunciadas ayer reducirían la fuerte dependencia que las autonomías tienen respecto al Estado, y Solbes señaló ayer que cualquier ciudadano español, independientemente de su lugar de residencia, «tendrá la misma financiación para los servicios públicos».
Respecto a la división de la financiación autonómica en fondos, el ministro destacó la importancia del de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (SPF), ya que la sanidad y la educación son dos de los pilares fundamentales hacia los que va dirigida la mayor parte del gasto público.
Inmigración
Solbes no dejó claro ayer si la inmigración entrará a formar parte del nuevo modelo, y el secretario de Estado, Carlos Ocaña, tomó la palabra para añadir que este aspecto «ya tiene un tratamiento» en el modelo actual y el debate se centra en si se debe incluir en el nuevo proyecto de financiación autonómica.
Otra de las novedades del modelo presentado ayer en el Ministerio de Economía es la aparición de nuevos criterios de ajuste de la población de cada Comunidad, dependiendo del territorio, de su dispersión, el porcentaje de ciudadanos mayores de 65 y menores de 18 años. Estos factores serán muy importantes para decidir la aportación de los diversos fondos complementarios a cada región.
Según reza la nota difundida por Economía, este modelo busca el «incremento de la equidad y la suficiencia en la financiación del conjunto de las competencias transferidas a las Comunidades y el refuerzo de las prestaciones del Estado del Bienestar, así como el aumento de la autonomía financiera de las autonomías». Ahora falta ponerle números al «sudoku».