Libertad abortada

La nueva Ley del Aborto, como la andaluza sobre la eutanasia, tiene por ambición principal otorgar al Estado la decisión última sobre la vida de los seres humanos. Así concluía un excelente editorial de LA RAZÓN. Para llegar ahí, el legislador se atribuye el monopolio de la moral pública. Como ha dicho el socialista Alonso, ninguna norma moral comúnmente aceptada puede basarse en algo más que la Constitución, mientras que en privado cada cual sería libre de hacer cualquier cosa basándose en la moral o las morales (sic) que tenga a bien respetar. Hay en esto una primera falacia, y es la de que de la Constitución se deduce un supuesto derecho al aborto, siendo así que la Constitución precisa que el deber del Estado español es la protección de la vida de todos. Pero hay más. La Constitución no es de por sí un código ético, sino un conjunto de obligaciones y reglas de obligado cumplimiento para el Estado y sus organismos. ¿Qué padres educan a sus hijos con la Constitución en la mano? Sería digna de ver una familia en la que a un niño cogido en una mentirijilla se le invocara el texto constitucional para corregir vicio tan desdichado. Aunque bien pensado a lo mejor los Rodríguez Zapatero, pioneros heroicos de la Educación para la Ciudadanía en casa, han educado así a sus vástagos… La trampa dialéctica, bastante burda, tiene otro objetivo. Consiste en sugerir que la Iglesia católica, en cuanto sale del terreno de lo estrictamente privado, se comporta en fundamentalista. Se comportaría en fundamentalista si alguno de sus mandatos contradijera la legalidad sustentada en la Constitución, cosa que no ocurre. Pero además, es que cualquier persona o cualquier institución tiene el derecho, y llegado el caso el deber, de intervenir en la vida pública para divulgar y defender unos principios morales que considera positivos para el bien común. Sin eso la Constitución se convierte en ceniza, letra muerta, caduca. En este asunto del aborto se está hablando de la vida, de la moral y también de la libertad.