Un crimen no un derecho

Muchos piensan que la reforma del aborto es una cortina de humo ante el fracaso frente a la crisis. Lo sea o no, la firmeza de las radicales en su imposición hace pensar que en ello se juegan su ideología.La portavoz del PSOE, Carmen Montón, lo puso de manifiesto en la aprobación de la propuesta de modificación de la ley cuando dijo que «el proyecto se enmarca dentro de una estrategia global sobre derechos y salud sexual y reproductiva». Ahora, la ministra radical Aído presenta la aprobación de la ley en el marco de la extensión de los derechos y las políticas de igualdad.La conversión del aborto en un derecho es consecuencia de una vieja tesis de las radicales, cuyos orígenes se remontan a la idea de Simone de Beauvoir de que las mujeres constituyen un segundo sexo subordinado al hombre por culpa de su corporeidad implicada por la maternidad; esto ha provocado, dicen, que a lo largo de la historia la mujer ha sido relegada a un estatus de privacidad, condenadaa la vida doméstica y a la procreación, llamado feminidad. Por esta razón, el feminismo radical consideró siempre que la auténtica igualdad de la mujer nunca se conseguiría hasta que se liberase de la maternidad y, aunque parezca paradójico, de la feminidad.Se confunde igualdad con identidad y de paso se suprime la diferencia sexual y con ella a «la mujer». Con estos objetivos las radicales trasladaron las teorías de Marx sobre la lucha de clases a la relación sexual, y consideraron que de la misma forma que el proletariado lograría su emancipación frente a la burguesía conquistando los medios de producción, las mujeres cobrarían su emancipación frente al «patriarcado machista» conquistando los medios de reproducción; cosa que se lograría mediante el control del sexo, la píldora contraceptiva y el aborto libre. Para lograr este objetivo las radicales impusieron poco a poco, al menos en el lenguaje, los llamados «derechos reproductivos». La construcción de este artificio jurídico se presenta como una exigencia de la igualdad, en base a los siguientes argumentos. Para empezar debe denunciarse la «falsa escisión» entre lo público y lo privado, pues como dice Celia Amorós esta división tan sólo pretende «naturalizar» lo privado como «lo femenino»: «hay que desnaturalizar este enclave privado poniendo de manifiesto que en él se desarrollan relaciones de poder y de violencia. Por eso debe ser sometido al debate público, y, en caso necesario, a la intervención de los poderes públicos». Como dijo Kate Millet: «la relación sexual es una relación de poder, y por lo tanto política», en consecuencia las decisiones sobre la sexualidad y la reproducción se ubican en las relaciones de poder entre hombres y mujeres mediadas por las relaciones de subordinación, pues las mujeres no pueden tomar libremente la decisión de usar anticonceptivos o abortar sin el consentimiento de los hombres. Esto expresa un control real o simbólico de los hombres sobre la sexualidad femenina; por ello cuando las mujeres empiezan a cuestionar ese poder, y toman decisiones sobre su cuerpo en exclusiva, logran autodeterminarse, sólo así consideran que se puede conseguir la auténtica igualdad real. Todo esto exige: aborto a la carta y píldora del día después desde la edad de concebir, ahora 16 años, llegaremos a los 14. Esta estrategia se viene llevando a cabo desde hace más de 20 años por las radicales en todos los ámbitos de poder en los que participan, y particularmente en las conferencias sobre población y mujer desarrolladas por la ONU. En la conferencia sobre población de El Cairo de 1994, se consiguió definir bajo el paraguas de «salud reproductiva» algunos de los llamados «derechos reproductivos», pero entre ellos nunca ha estado incluido el «derecho al aborto». La explicación es muy sencilla, no puede hablarse de un derecho porque no se dispone de algo propio, sino, por el contrario, se trata de otorgar un poder a la mujer embarazada o a terceras personas para acabar con la vida del feto, un bien jurídico que el Derecho considera digno de protección, como puso de manifiesto la sentencia del Tribunal Constitucional, por eso el aborto sigue siendo un «crimen»; cuestión distinta es, si existen otros bienes jurídicos mayores en conflicto, como son la vida y la salud de la madre, que puedan prevalecer frente a aquél y excluir la responsabilidad criminal. El problema de esta visión ideológica de las «políticas de igualdad» es que el Gobierno quiere trasladarla a Europa. El presidente anunció en el Debate que su lema para la próxima presidencia europea española sería: «innovación e igualdad». Lo preocupante es que en esto son tan eficaces como en crear paro: en los últimos años las cifras de aborto en España han crecido exponencialmente, en el año 2006 rondamos los 80.000 abortos, la cifra oficial del año 2008 supera los 110.000.