La cólera social en Colombia desborda a Duque

Bogotá amanecía como un campo de batalla. Una estampa desértica tras el toque de queda impuesto el viernes por la noche. Tan solo custodiada por el Ejército y por las «patrullas vecinales» que se organizaron en los barrios con bates, palos y linternas para evitar los saqueos de los delincuentes. Es la crónica de otro país que se levanta y protesta contra su Gobierno, con consecuencias impredecibles. Las revoluciones van turnándose en un continente convulso.

Las protestas de este viernes en Colombia estuvieron precedidas por un paro nacional el jueves que derivó en los mayores disturbios de los últimos años, que se saldaron con al menos tres muertos y más de 250 heridos, según cifras del Departamento de Defensa. Desbordado, Duque sacó a los militares a las calles de la capital y decretó el toque de queda que podría prolongarse una noche más –al cierre de esta edición todavía no se había confirmado este extremo-. Por la tarde se había convocado una marcha con antorchas, para protestar de forma pacifica en el centro del Bogotá. Por la mañana, todo parecía transcurrir en una calma tensa, con el transporte público reabierto.

Las marchas fueron convocadas por los sindicatos para impedir que el Gobierno de Iván Duque apruebe una reforma laboral y de las pensiones que consideran lesiva a los intereses de los trabajadores. Fue «la chispa que detonó» las protestas. También reclaman más inversión en educación. En concreto, exigen el cumplimiento de los acuerdos firmados hace un año que suponen una inversión de 1.300 millones de dólares (1. 179 millones de euros) para las universidades.

Por otra parte, las organizaciones sociales también exigen al Gobierno conservador un mayor compromiso con la implementación del acuerdo de paz con las FARC alcanzado en 2016. Un proceso al que Duque y el Congreso –dominado por el partido de Gobierno- están poniendo varias trabas. Es una de las causas por la que varios líderes de la guerrilla han vuelto a las armas. Asimismo, los manifestantes solicitan medidas de protección efectivas para indígenas y líderes sociales, blanco de una ola de asesinatos que se ha cobrado la vida de decenas de ellos desde que el sucesor de Juan Manuel Santos llegó al poder, hace 15 meses.

Uno de los focos del conflicto es el departamento de Cauca, región de montañas en el suroeste de Colombia, donde hay constantes estallidos de violencia ante la presencia de grupos armados, disidencias de las FARC, paramilitares y bandas del narco. La zona se ha vuelto un caos con grupos armados que se disputan el poder. Y los indígenas en medio. Allí, este mismo viernes hubo al menos tres policías muertos y otros siete heridos tras un atentado con explosivos que no estuvo relacionado con las manifestaciones.

Para tratar de sofocar el malestar social, el Gobierno colombiano anunció una inversión de 390 millones de dólares (353 millones de euros) para proyectos de mejoras sanitarias y de infraestructura, y además enviaron a unos 2.500 militares, algo que cuestionan líderes indígenas porque, dicen, no representa una solución. Además, el dinero llega en «cuenta gotas».

Por ahora la protesta, no afectó sectores claves de la economía como la producción de petróleo y carbón –como ha ocurrido en los enfrentamientos de Bolivia–, pero provocó el cierre de establecimientos comerciales y el bloqueo de vías en ciudades capitales. El daño económico empieza a notarse.

Duque, quien tiene una baja aprobación y no ha logrado consolidar una coalición en el Congreso para impulsar sus reformas, ha negado que haya planes para aumentar la edad de jubilación o de las aportaciones de los trabajadores para acceder a las pensiones como lo denunciaron los organizadores de la protesta. También desmintió una posible reducción del salario mínimo y que los jóvenes reciban una remuneración por debajo de la estipulada por la ley. Sin embargo los sindicatos no le creen. La prensa local filtró ese paquete de recortes que estaría barajando su Ejecutivo.

La oposición ha bautizado a Duque como «subpresidente» por considerar que está subordinado al ex presidente Álvaro Uribe, aunque con el tiempo el que fuera su sucesor se ha ido distanciando y marcando su propio perfil. Hasta el punto que incluso ha recibido críticas de Uribe.

Las centrales que convocaron el paro nacional del pasado 21 se sienten fuertes tras haber logrado la movilización de más de dos millones de personas en todo el país. Por eso, sindicatos, organizaciones sociales, pueblos indígenas y estudiantes, piden una reunión «inmediata» con el presidente para discutir sus reclamaciones. Es su momento.

En su declaración sobre la huelga, Duque afirmó que estaba «escuchando» los legítimos reclamos de los manifestantes y llamó a un diálogo nacional. Sin embargo, nada dijo sobre la reunión solicitada por el Comité Nacional del Paro y las exigencias concretas que motivaron la movilización. «Esto hace prever un escenario de lucha parecido al de Chile. De tira y afloja para ver quien aguanta más. Es posible que Duque hasta que no se encuentre contra las cuerdas no haga concesiones. Y para esto debe haber movilizaciones continuas. En Colombia la política es muy sucia y los partidos están sujetos a grandes presiones por parte de las corporaciones que patrocinan sus campañas. Las instituciones tienen menos libertad frente a los holdings que ejercen enormes presiones», afirma a LA RAZÓN el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Bogotá, Alfonso James, de la Universidad de Bogotá.

«El problema de la tierra es fundamental, el 70% está en manos de seis o siete latifundistas. Así empezó la guerra, y no acabará el conflicto hasta que no haya un reparto justo» añade. Solo el tiempo dirá si las primaveras sudamericanas triunfan o acaban marchitándose como ocurrió en Oriente Medio y el Norte de África en 2011.