Colombia acusa a Bachelet de incluir en su informe apreciaciones que “rayan en opiniones políticas”

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denuncia en su informe graves deficiencias de las Fuerzas de Seguridad y del sistema de Justicia colombianos

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha manifestado durante su discurso en el 43º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de este jueves, que Colombia vive una situación de “violencia endémica”. El informe anual de la Oficina de Bachelet decía que -solo en 2019- se registraron 36 masacres en Colombia y apremiaba al Gobierno de Iván Duque a abordar las “causas estructurales” y a perseguir a los “autores intelectuales” de estos hechos.

De acuerdo con el informe, la tasa de homicidios del país en el 2019 fue de 25 por cada 100.000 habitantes. Los asesinatos de líderes sociales aumentaron en un 50% respecto a 2018, llegando a las 108 víctimas, según AcnuDH. La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) documentó 113 amenazas y 360 agresiones contra periodistas. La violencia sexual alcanzó su máximo en los últimos diez años, documentando 15 agresiones a mujeres, 13 de ellas menores, y 10 de ellos perpetrados por miembros del ELN y otros grupos criminales (en otros tres casos estuvieron implicados miembros del Ejército).

Sobre el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno colombiano y los ex miembros de la guerrilla de las FARC, Bachelet destacó que, paradójicamente, su entrada en vigor inició una nueva ola de violencia, debido a la pugna entre grupos rivales por el control del territorio y de los antiguos negocios de las FARC. También subrayó “el firme compromiso de la mayoría de los ex integrantes de las FARC con el proceso de paz”. Y es que los ex guerrilleros han sido otro blanco de la ola de violencia que sufre el país suramericano. Solo en 2019, 77 ex guerrilleros fueron asesinados, de acuerdo con las cifras de la ONU.

El informe también puso el foco en las irregularidades cometidas por las fuerzas de seguridad, sobre todo del Escuadrón Móvil Antidistubios (Esmad) durante las protestas del año pasado, que dejaron tres muertos y unos 250 heridos. Entre las que se incluyen ataques contra periodistas, lesiones graves oculares y craneales de manifestantes: “Algunos oficiales de Policía presuntamente perpetraron actos contra los manifestantes que podrían llegar a constituir malos tratos y tortura, tales como desnudez forzada, amenazas de muerte con matices racistas y repetidas palizas”, dice el informe de la oficina de Bachelet, en el que recordaba el asesinato de Dilan Cruz a manos de las unidades antidisturbios.

Aunque el organismo valoró los esfuerzos de la Fiscalía colombiana, advierte que el acceso a la justicia y las tasas de impunidad siguen siendo insuficientes. Sostienen que la excesiva carga laboral de los fiscales, y la poca presencia en zonas rurales, afectan al acceso de los civiles a la justicia. Para los expertos, “esta limitada presencia se atribuyó a insuficientes recursos materiales, técnicos y humanos, y especialmente a la falta de medidas de protección adecuadas que permitan a los fiscales e investigadores realizar, de manera segura, su trabajo en zonas rurales”.

Entre otras recomendaciones, la oficina de la alta comisionada recomendaron al Gobierno de Duque proceder a la “profunda transformación” de la unidad antidisturbios, mantener la implementación del Acuerdo de Paz e incrementar la presencia del Estado en áreas rurales. Así como profundizar en las investigaciones de los crímenes contra líderes sociales, e invertir más en las medidas de protección: “Aliento al Estado a que aborde las causas estructurales de esta violencia, investigue estos ataques y sancione a los responsables, incluidos los autores intelectuales", reclamaba la ex presidenta de Chile.

El presidente Duque -por su parte- ha estimado que la ONU incurre en una “intromisión a la soberanía de un país". Que el papel de las fuerzas de seguridad es algo que “corresponde a las autoridades de Colombia”. También ha considerado preocupante que la oficina no hable de "las violaciones constantes de los Derechos Humanos por parte de grupos armados organizados, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los residuales (de las FARC), el Clan del Golfo o Los Pelusos”, según informaba la prensa local.

El Ministerio de Exteriores ha emitido una nota oficial en la que traslada su “preocupación y extrañeza” porque considera que el informe de Bachelet contiene “apreciaciones que exceden el mandato definido” y que -en algunos casos- “rayan en opiniones políticas”.