La UE pagará a Turquía 4.700 millones de euros para que contenga la oleada migratoria

Los Veintisiete siguen necesitando a Turquía. Y por eso desembarazase del yugo de Recep Tayyip Erdogan no resulta tan fácil, aunque éste recurra al más vil de los chantajes. Como muestra, el presidente del Consejo Charles Michel y el máximo representante de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, se desplazaron ayer a Ankara para intentar templar los ánimos. El comunicado final no puede ser más elocuente. Tras reconocer los esfuerzos del país en la acogida de refugiados debido el acuerdo suscrito en 2016, Michel recuerda que “este pacto sigue siendo la base de nuestro partenariado migratorio. Fue acordado de buena fe y necesita de continuados esfuerzos por ambos lados. Reducir las actuales tensiones migratorias en las fronteras de Europa es esencial. Europa esta preparada para acelerar su apoyo a los sirios en Turquía y sus comunidades de acogida”. En este pacto, la UE acordó un auxilio de 6.000 millones de euros, 3.200 ya han sido desembolsados y un total 4.700 se encuentran ya comprometidos. Ante las crítica vertidas por quedar a merced de un país que no respeta los derechos humanos, Bruselas siempre ha defendido que el dinero no va a parar a las autoridades turcas sino a las organizaciones que ayudan a los refugiados y que la Comisión Europea realiza los controles necesarios para evitar cualquier caso de corrupción, lo que a veces retrasa el proceso.

La duda es si esta promesa será suficiente para contentar a Ankara en un momento en el que Erdogan parece buscar, como casi única prioridad, una mayor implicación de la UE en el conflicto sirio y que ésta le respalde a la hora de conseguir un alto el fuego con Rusia, el otro país con el que se disputa le hegemonía en la región. Aquí, el texto de Michel es más ambiguo. “Un alto el fuego sostenible y una solución política duradera es necesaria de manera urgente. Todos los actores deben respetar la legislación internacional sobre derechos humanos. El acceso a la ayuda humanitaria es esencial y Europa está dispuesta a proveer de asistencia adicional para los desplazados en Idlib”. Los ministros de Exteriores de la UE se reúnen mañana en Croacia para tratar este tema. Como muestra de la necesidad de no soliviantar a Erdogan, los ministros de Interior de los Veintisiete pactaron ayer uncomunicado final quese limita a“rechazar el uso de la presión migratoria por parte de Turquía para propósitos políticos frente a la redacción del anterior borrador que utilizaba el verbo“condenar”

Esta reunión celebrada de manera extraordinaria también sirvió para cerrar filas ante la difícil situación de Grecia y mirar hacía otro lado ante la posible vulneración de los Derechos Humanos.El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Migración, el griego Margaritis Schinas, aludió a la falta de información veraz en las redes sociales sobre lo que está sucediendo en la frontera greco- turca y “las circunstancias excepcionales” que atraviesa el país. “Es muy fácil criticar, lo que es difícil es buscar soluciones”, argumento la comisaria de Interior, la sueca Ylva Hohansson. El ministro español, Fernando Grande Marlaska, también eludió ayer cualquier crítica a las autoridades griegas. En el comunicado final tras el Consejo de Interior, se puntualiza que las medidas para blindar fronteras deben realizarse“de acuerdo”a las normas internacionales. Poco más.

Mientras el órdago de Erdogan continúa, la tensión en la frontera greco turca, lejos de disminuir, ha aumentado en las últimas horas. La mano dura empleada por Atenas para contener la oleada migratoria cuenta con el amparo del club comunitario, pero las críticas de organizaciones no gubernamentales arreciaron durante la jornada de ayer después de que los medios de comunicación hayan informado de la utilización de gas lacrimógeno y cañones de agua y existan datos contradictorios sobre el empleo de balas de goma y tiros al aire para ahuyentar a los demandantes de asilo. A esto se suma la muerte de un niño en un naufragio a principios de semana y el anuncio de Grecia de suspender las demandas de asilo durante un mes. Una última medida cuya legalidad no está clara, aunque el ejecutivo comunitario prefiera pasar de puntillas.

“Los migrantes no deberían ser una amenaza a la seguridad, son individuos en situación de vulnerabilidad que necesitan nuestra ayuda”, criticó ayer Caritas a través de un comunicado. “La protección de los refugiados no es algo de los que los países puedan escabullirse cuando lo eligen. Grecia debe respetar el derecho al asilo y la UE deber apoyarles. El derecho a pedir asilo no es negociable”, aseguró Eve Geddie, director de la oficina de Amnistia Internacional en Bruselas.