Este año están contempladas unas elecciones parlamentarias en Venezuela, por mandato constitucional. Pero llegar a ellas es un camino harto complicado. El tiempo avanza y las condiciones para que sea un proceso democrático no se han conseguido, aunque el calendario exija tiempos suficientes para organizar los comicios.

Todo el espectro político ha ratificado que hace falta renovar las autoridades del Consejo Nacional Electoral, desprestigiadas por su actitud partidista a favor de la “revolución” y con varios de sus integrantes con mandatos vencidos. El asunto debería resolverse en la Asamblea Nacional, pero resulta improbable vista la duplicidad de directivas, después de que un grupo de opositores –con apoyo del chavismo– se adjudicara la presidencia del Parlamento.

El 9 de marzo se instaló de forma administrativa el Comité de Postulaciones Electorales, instancia encargada de escoger a los candidatos a rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), sin seguir el procedimiento que establece la ley, que incluye la juramentación ante la Junta Directiva del legislativo después de una votación por mayoría calificada de dos tercios de la cámara completa. La instancia quedó encabezada por Ángel Medina (del opositor Primero Justicia) y Julio Chávez (del chavista PSUV). Una demostración de que ciertos acuerdos sí están avanzando.

De allí debería salir un listado de nombres para conformar la autoridad electoral, cuya designación finalmente volverá a traer la disyuntiva de cuál es la legítima directiva del parlamento, pues el chavismo reconoce es a Luis Parra y no a Juan Guaidó como presidente del mismo. Todo indica que sería el Tribunal Supremo el que resuelva el nombramiento, como ha ocurrido desde hace más de 15 años.

En paralelo, hay que determinar el sistema electoral que se usará pues el domingo un incendio arrasó con las 40.000 máquinas de votación y misma cantidad de identificadores biométricos que estaban almacenados en un galpón del CNE a las afueras de Caracas.

Vecinos del lugar afirman que las llamas se iniciaron en un matorral adyacente y que, por falta de vigilancia y sistemas de seguridad, llegó hasta el recinto. El Gobierno ha acusado a “la derecha” y a Estados Unidos de haber sido los causantes con el objetivo supuestamente de impedir unas elecciones. Un grupo encapuchado se atribuyó el hecho.

El Ejecutivo está sancionado por Estados Unidos y ello complica lograr contratos internacionales incluso para procurar nuevos equipamientos. Países como Rusia, China o Turquía han seguido teniendo convenios con Maduro, pero son naciones donde la tecnología electoral y la transparencia no son modelo de confianza. El especialista en procesos electorales Eugenio Martínez explica que “habría que comprar nuevo hardware, pero el software tiene limitaciones porque solo funciona en equipos de la misma empresa Smartmatic o compatibles. Entonces, habría que modificar el sistema”.

Las relaciones entre el Gobierno y Smartmatic se rompieron en 2017 cuando la empresa anunció inconsistencias numéricas en unos resultados anunciados por las autoridades, que desde entonces mantiene una deuda que se ha negado a pagar. “Después del incendio del domingo parece inevitable que Venezuela solicite formalmente la asistencia electoral de Naciones Unidas”.