El coronavirus pone en jaque Schengen

Los intentos de Bruselas de intentar preservar el espacio sin fronteras Schengen y de evitar movimientos unilaterales han fracasado estrepitosamente. Este pasado viernes, la presidenta del Ejecutivo comunitario, Usula von der Leyen, imploró a las capitales una respuesta coordinada, pero como si fuese una profecía autocumplida, los Estados han hecho caso omiso de este ruego.

“Por supuesto todos queremos proteger a nuestros ciudadanos de la extensión del virus, pero miremos todos juntos cómo podemos hacerlo y cómo podemos hacerlo de manera más efectiva. Ciertos controles pueden estar justificados pero prohibiciones generalizadas de viajar no son lo más efectivo según la Organización Mundial de la Salud”, aseguró la política alemana como quien predica en el desierto, mientras abogaba por poner en marcha chequeos médicos en las fronteras como medida sustitutoria.

Apenas dos días después, Schengen ha saltado por los aires. Alemania fue ayer el último país en anunciar el cerrojazo de sus fronteras en un efecto dominó que también afecta a Austria, Dinamarca, Eslovaquia, Polonia, República Checa y Portugal. Una lista que puede haber aumentado cuándo el lector lea estas líneas.

“Estoy trabajando conjuntamente con el presidente del Consejo, Charles Michel, y los Estados miembros para coordinar medidas efectivas en las fronteras externas e internas para proteger la salud de la gente, reducir la extensión del coronavirus y mantener el flujo de mercancías y servicios en la UE”, tuiteó ayer la presidenta del Ejecutivo comunitario poco después de que los medios alemanes filtraran las intenciones de Angela Merkel de cerrar las fronteras con Suiza, Austria, Dinamarca, Luxemburgo y Francia, aunque preservando el tráfico de mercancías.

De momento, la CE se afana en mantener esto último, ante el peligro también del desabastecimiento. “Si no empezamos a actuar ahora, las tiendas comenzarán a afrontar dificultades a la hora de reponer sus ‘stocks’ de ciertos productos que vienen de otros lugares en el mercado único”, advirtió Von der Leyen a raíz de los problemas que están afrontando los transportistas europeos con estos controles internos.

Una muestra más de hasta qué punto la Comisión se ve desbordado por esta profunda crisis y actúa a remolque de las decisiones tomadas por las capitales. Ya el pasado vienes, el presidente francés, Emmanuel Macron, se puso en contacto con Von der Leyen con el objetivo de acordar el cierre las fronteras exteriores del espacio Schengen de manera coordinada entre los Estados, en aras de impedir el acceso a personas provenientes de terceros países sospechosas de haber contraído el virus, y de mandar un mensaje contundente a Washington, que la semana pasada y de manera unilateral y, sin ningún tipo de consulta previa con los socios europeos, prohibió todos los vuelos provenientes de la UE. Una restricción que posteriormente incluyó a Reino Unido e Irlanda.

El blindaje exterior pretende, precisamente, evitar la reintroducción de controles fronterizos entre los Estados miembros. Pero mientras este plan coge alas, la mayoría de los Estados han empezado a actuar por su cuenta y han desautorizado una vez más, el frágil liderazgo de Von der Leyen. Una situación que recuerda los peores momentos vividos durante la crisis de refugiados de 2015, cuando los países del Este cerraron a cal y canto sus fronteras sin preocuparse por las consecuencias que esto podría ocasionar al resto de los socios y se impuso el sálvese quién pueda.

De hecho, algunos países como Alemania, Austria, Francia, Dinamarca y Suecia seguían manteniendo algunos controles fronterizos antes de esta crisis, como modo también de responder a la amenaza terrorista.

En situaciones de emergencia como las que nos ocupan, los Estados pueden reintroducir los chequeos fronterizos sin que Bruselas tenga capacidad de veto, aunque deben notificar esta decisión al Ejecutivo comunitario inmediatamente después. El periodo inicial debe ser de diez días prorrogable hasta los dos meses en lapsos de veinte días.

Tan solo en circunstancias excepcionales que pongan en peligro el funcionamiento del espacio Schengen en su conjunto –tal y como sucedió durante la crisis de refugiados- puede establecerse un periodo de seis meses que puede prorrogarse un máximo en tres ocasiones hasta un límite de dos años, con la bendición la Comisión Europea y el resto de las capitales.