Por qué Interpol no puede arrestar a Trump como pide Irán

El sistema de "alertas rojas" de la organización policial es utilizado por gobiernos autoritarios para perseguir a sus rivales políticos

Existen gobiernos autoritarios y dictaduras que utilizan a la policía internacional, Interpol, para perseguir a sus enemigos, ya sean disidentes o rivales políticos. Algo así ha hecho Irán al anunciar este lunes que ha emitido una orden de arresto, de la que ha notificado a Interpol, contra el presidente Donald Trump y otros 35 individuos por el asesinato en enero pasado del poderoso general iraní Qasem Soleimani. El fiscal de Teherán, Alí Alqasimehr, explicó que esos 36 “responsables político-militares de Estados Unidos y también de otros países estuvieron involucrados en el asesinato del general Soleimaní”.

Una notificación roja de Interpol, el más alto nivel de alerta, es una solicitud a fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar. Pero los expertos creen que una orden de esta naturaleza contra el presidente de un país democrático no puede prosperar, como se ha encargado de matizar la propia Interpol.

El Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Consejo de Europa publicó un informe en marzo de 2017 donde denunciaba que el sistema de “notificaciones rojas” de Interpol ha sido usado de forma abusiva “por algunos estados miembros para perseguir oponentes políticos más allá de sus fronteras”.

¿Qué puede hacer Interpol?

Interpol es la mayor organización policial internacional del mundo, que coordina la acción de las fuerzas de todo el mundo, incluida la localización de personas buscadas y desaparecidas. La agencia, que cuenta con 192 países miembros, asegura que su papel es “permitir que las policías de todo el mundo trabajen juntas para hacer del mundo un lugar más seguro”. Interpol no tiene el poder de arrestar o detener a nadie, ya que debe actuar a través de las fuerzas policiales locales. Interpol tiene un estatuto y una compleja serie de normas que establecen que la agencia no puede actuar de manera política, militar, religiosa o racial.

¿Qué dice EE UU sobre la orden de arresto contra Trump?

Interpol ha dicho mediante un comunicado que su normativa le prohibía realizar “cualquier intervención o actividad de carácter político, militar, religioso o racial”. “Por lo tanto, si alguna de esas solicitudes se enviara a la Secretaría General, Interpol no consideraría peticiones de de esta naturaleza”. Brian Hook, el enviado de EE UU para Irán, se refirió a las pautas de Interpol durante su conferencia de prensa en la capital saudí: “Nuestra análisis es que Interpol no interviene y emite avisos rojos de una naturaleza política”, dijo. “Esto no tiene nada que ver con la seguridad nacional, la paz internacional o la promoción de la estabilidad”.

¿Qué países usan Interpol para neutralizar a sus rivales?

En Venezuela, las autoridades chavistas emitieron en 2019 órdenes de búsqueda y captura internacional vía Interpol contra nueve directivos e inversores de bancos intervenidos, entre ellos el empresario español Pablo Botella Carretero, directivo en 2009 de un banco venezolano. Más recientemente, Venezuela dijo que solicitaría la extradición de dos asesores del presidente interino Juan Guaidó acusados de firmar un acuerdo con un contratista militar, así como al representante de la empresa, todos ellos residentes en EE UU y a los que responsabiliza de dos fallidas incursiones.

En 2018, Rusia pidió la captura del financiero británico Bill Browder, un miembro prominente de la disidencia rusa contraria a Vladimir Putin. Browder fue arrestado en Madrid, si bien fue liberado a los sesenta minuto después de que el secretario general de la Interpol en Lyon, instruyera a la policía española a no cumplir con la solicitud de arresto de Rusia. Browder fue condenado en Moscú a nueve años de prisión por fraude y evasión de impuestos en 2013, pero la Interpol se negó a ordenar su arresto desde el primer momento al considerla una pena “de naturaleza predominantemente política”.

En Turquía, la Fiscalía pidió a Interpol el arresto del jugador de baloncesto de la NBA Enes Kanter por supuestos lazos con lo que Ankara considera una organización terrorista, Fethullah Gulen. Las autoridades turcas estimaban que Kanter ayudó a los gulenistas con grandes cantidades de dinero y también apoyó en las redes sociales la intentona golpista en Turquía en 2016.

¿Existen antecedentes?

Estados Unidos emitió marzo una orden de arresto contra Nicolás Maduro, al que se le imputan cargos criminales por narcotráfico. El Gobierno de EE UU ofreció 15 millones de dólares por cualquier información que lleve al arresto del mandatario venezolano y de 10 millones de dólares por Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y uno de los hombres fuertes del chavismo. Además, el Ejecutivo estadounidense ofrece 10 millones por otras tres importantes figuras venezolanas: el vicepresidente económico, Tareck El Aissami; el exgeneral venezolano Hugo Carvajal, y el exjefe militar Cliver Alcalá Cordones.

En 2019, una jueza de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador pidió una orden de detención contra el presidente del país Rafael Correa “por su presunta participación en los delitos de asociación ilícita y secuestro”. Sin embargo, la Comisión de Control de Ficheros de Interpol negó dos veces la petición de captura con el argumento de que “la retención de los datos” en el Sistema de Información del organismo “no era compatible con la obligación (...) de asegurar la efectiva cooperación entre autoridades policiales dentro del marco de respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos”, precepto que se encuentra en el artículo 2 de sus estatutos.

La semana pasada, la Fiscalía del Tribunal Especial para Kosovo acusó al actual presidente de Kosovo, Hashim Thaçi, de diez cargos de crímenes de guerra y contra la Humanidad como supuesto responsable de cerca de un centenar de asesinatos de albanokosovares, serbokosovares, gitanos y miembros de otras etnias en la última guerra (1998-1999). Thaci ha asegurado este lunes que renunciará a su cargo si se confirma la acusación de la Fiscalía del Tribunal Especial para Kosovo.