La UE expedienta a Hungría y a Polonia por discriminar al colectivo LGTBI

El pulso continúa. Bruselas ha decidido hoy elevar el tono contra Polonia y Hungría  ante lo que la Comisión Europea considera ataques de los gobiernos  de estos países al colectivo LGTBI. El Ejecutivo comunitario ha decidido abrir sendos expedientes de infracción.

En el caso de Budapest, Bruselas se refiere a la ley aprobada por el parlamento húngaro que prohíbe hablar de homosexualidad e identidad de género en las escuelas y que extiende también este veto al material audiovisual al que pueden acceder los menores de 18 años.

En el caso de Varsovia, este expediente  está circunscrito a la legislación de varios municipios polacos que se han declarado zonas libres de ideología LGTBI. Los dos países tienen dos meses para contestar a los requerimientos de la Comisión Europea. “Europa nunca va a permitir que una parte de la sociedad sea estigmatizada”, ha asegurado vía Twitter la institución al anunciar este paso dado hoy.

Bruselas envió una carta dirigida al Ejecutivo de Viktor Orban para que diera marcha atrás en la puesta en marcha de la ley, después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von de Leyen, haya tachado este nueva normativa como “una vergüenza” que contraviene los valores europeos de diversidad al equiparar la homosexualidad con la pedofilia.

El ejecutivo del país, sin embargo, mantiene que esta nueva legislación tan sólo busca preservar la libre elección de los padres a la hora de educar a sus hijos y se ha negado a retirar este nueva normativa, que ya ha entrado en vigor en el país.

En la pasada cumbre europea del mes de junio la mayoría de los líderes europeos se mostraron en contra de la nueva legislación y 18  jefes de Estado y de Gobierno firmaron una misiva en defensa del colectivo LGTBI. Hubo países como Holanda que incluso animaron a Budapest a activar el artículo 50 para salir del club europeo, tal y como hizo Reino Unido, si el país no está dispuesto a seguir los valores del club.

Este supone un nuevo capítulo en las tensiones entre Bruselas y los dos capitales que ya han sido expedientadas  con el artículo 7 por su deriva autoritaria en ámbitos como la independencia judicial o la libertad de prensa.