Polonia y Hungría vetan el fondo anticovid de la UE de 750.000 millones

La alegría ha durado poco. Si hace una semana el camino para la aprobación del paquete de recuperación europeo parecía despejado, ayer se cumplieron los peores pronósticos. Hungría y Polonia decidieron votar en contra, debido a su firme oposición contra el nuevo mecanismo que vincula el desembolso de los fondos al cumplimiento del Estado de Derecho. De esta forma, vuelve a atascarse el plan para hacer frente a los estragos económicos del coronavirus del que España puede beneficiarse hasta con 140.000 millones de euros entre transferencias a fondo perdido y subvenciones.

Los cálculos más optimistas auguraban el desembolso del maná europeo a partir de la segunda mitad del año que viene, pero estos plazos pueden dilatarse y poner en peligro la recuperación en los países más castigados, como España. Además, este fondo está vinculado al nuevo marco financiero plurianual 2021-27, del que también dependen las ayudas a los agricultores, los fondos que reciben las regiones o programas como los Erasmus.

Este veto se produjo ayer en una reunión de los embajadores europeos de los Veintisiete, un encuentro que ya había comenzado con esta amenaza por parte de Budapest y a la que posteriormente se sumó Varsovia. Aunque ambos países no pueden bloquear la puesta en marcha del mecanismo sobre el respeto al Estado de Derecho, ya que se aprueba por mayoría cualificada, las dos capitales han utilizado su veto en contra de los denominados «recursos propios».

Esta expresión se refiere al aumento del techo de gasto en el Presupuesto europeo para poder acudir a los mercados a través de una emisión de deuda conjunta que sufrague el plan de recuperación por valor de 750.000 millones de euros. Para poder dar este paso se necesita la unanimidad de todas las capitales europeas. Y Polonia y Hungría han decidido utilizar su poder y presionar hasta el final. «Los embajadores europeos no pudieron alcanzar la unanimidad necesaria para iniciar el procedimiento escrito debido a las reservas expresadas por dos estados», confirmó el portavoz de la presidencia alemana, Sebastian Fischer, vía Twitter.

A partir de ahora, comienza un delicado proceso en el que las instituciones europeas intentaran convencer a Hungría y Polonia de que den su brazo a torcer. Los dos países se encuentran expedientados por Bruselas por asuntos tan espinosos como la vulneración de la independencia judicial y de la libertad de prensa. Los dos países rompieron un tabú europeo cuando las instituciones comunitarias decidieron pulsar el artículo 7, el denominado en los pasillos comunitarios como «botón nuclear». Este procedimiento puede desembocar, en última instancia, en la pérdida del derecho de voto en el Consejo. Para dar este paso, se necesita la unanimidad de las capitales y esto ha propiciado que el famoso «botón rojo» haya perdido sus efectos disuasorios, ante la imposibilidad de ponerlo en marcha.

Como modo de salir de este laberinto, la aprobación del nuevo mecanismo hace unas semanas amenazaba con recortar sustancialmente los fondos a los países sumidos en una deriva autoritaria, con la vista puesta especialmente en Polonia y Hungría. En la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete en el mes de julio se aprobó una declaración lo suficientemente ambigua para gustar a todas las delegaciones, incluidos los países del Este. A la hora de traducir este texto en un reglamento detallado, volvió a abrirse la caja de los truenos.

Tanto la Eurocámara como los países del Norte presionaron para poner en marcha un mecanismo creíble que no repitiera los mismos errores del artículo 7. Por eso, en el redactado final se incluye que el posible recorte de los fondos abarque aspectos como la independencia judicial y la libertad de prensa, cuando en los primeros borradores tan sólo se incidía en el fraude en el uso del dinero europeo. Como modo de calibrar la balanza, el sistema de mayoría para proceder a la congelación de los fondos permite a los países involucrados conseguir aliados y es más flexible que el propuesto en un primer momento por la Comisión Europea.

Pero este complicado equilibrio no ha sido suficiente para convencer a Polonia y Hungría. Se espera que la videoconferencia de líderes europeos que se celebrará este jueves sirva para abordar la situación. En un principio, estaba previsto que esta cita de jefes de Estado y de Gobierno se destinara a discutir una mayor coordinación de los países europeos en la crisis sanitaria del coronavirus. Cualquier cesión a Polonia y Hungría en este terreno puede abrir nuevas cajas de Pandora, ya que la dulcificación del mecanismo puede poner de uñas a la Eurocámara, que ya ha cedido en sus posiciones en otras partes del paquete.

Pero en Bruselas parecen tener ya asumido que no se dispondrá de los fondos en las fechas previstas. El vicepresidente de la CE, Valdis Dombrovskis, cree que se necesita una rápida resolución de esta situación porque “el dinero es imperioso para la recuperación económica europea”. Sin embargo, el vicepresidente asumió que el fondo de recuperación no estará en funcionamiento el próximo 1 de enero, como se había previsto. “Espero que todas las partes conozcan su responsabilidad, sean totalmente conscientes de cuánto se necesita este dinero, y que las decisiones se deberían tomar a su debido tiempo. Lamentablemente, ya ahora tenemos que decir que afrontaremos algún retraso, así que no esperamos que todo esté a principios del próximo año”, señaló.

Tras estos anuncios, los Presupuestos Generales del Estado de 2021 del Gobierno de Sánchez quedan en entredicho, ya que están basados en un cuadro macroeconómico de crecimiento del 9,8% del PIB, teniendo en cuenta el impacto positivo de los 27.000 millones de euros que, en principio, percibirá España de anticipo de los fondos europeos hoy bloqueados por Hungría y Polonia.