En libertad

El asesinato de un párroco conmociona a la Iglesia en Francia

Un ruandés, acusado de haber quemado la catedral de Nantes en 2020, confiesa el asesinato del párroco de Montfortains, quien le había dado asilo. Lluvia de críticas al laxismo del Gobierno de Macron

Gendarmes inspeccionan en Saint-laurent-sur-sevre el lugar donde fue asesinado el párraco
Gendarmes inspeccionan en Saint-laurent-sur-sevre el lugar donde fue asesinado el párracoJoel Le Gall/PQR/Ouest FranceAgencia EFE

A las nueve de la mañana en la comisaría de Policía de Mortagne-sur-Sèvre, en el oeste costero de Francia. Un hombre ruandés, Emmanuel Abayisenga, se acerca a uno de los gendarmes de turno y confiesa un acto atroz: el asesinato del sacerdote de su parroquia.

La víctima es Olivier Maire, cura católico de 61 años, padre superior de la Comunidad de Hermanos Misioneros Montfortains, cuyo cadáver fue encontrado en el suelo de su habitación sin que las causas ni las condiciones de su muerte queden claras por el momento. Se presume que el cura fue víctima de fuertes golpes.

El sospechoso es una cara conocida. Conocida por el padre Maire, quien lo había aceptado como monaguillo voluntario en su iglesia, y conocido también por los servicios de inteligencia y autoridades policiales, ya que Abayisenga ya había sido puesto en prisión, presuntamente como responsable del incendio de la catedral de Nantes, ocurrido el 18 de julio de 2020.

Tras varios meses en la cárcel y otros más en un hospital psiquiátrico, Abayisenga recibió una medida judicial que lo dejó en libertad bajo vigilancia de los tribunales franceses, a la espera de su juicio por el incidente en el templo de Nantes del año pasado. El sitio de residencia fue fijado nada menos que en la comunidad de los Hermanos Misioneros Montfortains. El desenlace fue la muerte del padre Maire.

Según destacaban ayer los medios locales, el móvil terrorista de este ataque está de momento descartado por las autoridades y el hecho se investiga como «homicidio voluntario».

El senador de Vendée Bruno Retailleau describió al párroco en el diario «Le Figaro» como «un hombre de gran fe y gran cultura: un experto en espiritualidad mariana que pronunció hermosas homilías con referencias bíblicas». Asimismo, «acomodó a personas marginadas, especialmente a las personas sin hogar, en la espiritualidad», explicó Retailleau.

Por supuesto, las acusaciones contra el Estado francés por fallos del sistema judicial no se han hecho esperar. Que un ex presidiario con problemas mentales haya sido liberado por un juez y hospedado en un recinto religioso se mira ahora como la muestra inequívoca de un Estado ineficiente.

Pero la Justicia parece haber fallado no solamente en su liberación condicional después del incendio de la catedral. Antes, ya se le había otorgado beneficios judiciales en cuanto a su situación migratoria: Abayisenga llegó ilegalmente a Francia en 2012, presentando una solicitud de asilo. Su demanda fue denegada, lo que legalmente conduce a una obligación de abandonar el territorio francés.

Lejos de eso, el tribunal administrativo de Nantes anuló dos veces –en 2016 y 2017– esa obligación, lo que le permitió a Abayisenga continuar su vida en Francia. Una tercera carta de expulsión fue puesta en espera, visto que el ruandés ya estaba involucrado en el incendio de Nantes y no podía salir de Francia estando bajo investigación.

Si bien el debido proceso indicaba que no se le podía expulsar de Francia, la pregunta que flotaba ayer en el aire es: ¿por qué fue liberado? ¿Por qué un acusado de quemar una catedral estaba fuera de la cárcel y vivía en un monasterio?

Los rivales políticos del presidente francés,Emmanuel Macron, no han tardado en atacarlo ferozmente ante esta sucesión de hechos que terminó con el asesinato de un religioso. Marine Le Pen, el rostro por excelencia de la ultraderecha francesa, acusó al ministro del Interior, Gérald Darmanin, de permitir los crímenes de los que se acusa al ruandés. En un fuerte tuit, la futura candidata presidencial fustigó al Gobierno: «En Francia, entonces, podemos ser ilegales, quemar la catedral de Nantes, nunca ser expulsados y reincidir asesinando a un sacerdote. Lo que está sucediendo en nuestro país es de una gravedad sin precedentes: es la completa quiebra del Estado y de Gérald Darmanin». El ministro, a su vez, contestó con otro tuit condenando la falta de compasión de Le Pen y tildándola de «indigna».

Más tarde, Darmanin se desplazó a la localidad de Saint-Laurent-sur-Sèvre, donde fue asesinado el religioso. Durante en conferencia de prensa en el lugar de los hechos, el ministro declaró que «no era el momento de las polémicas sino de las condolencias».

Otras figuras políticas como la presidente de la región capital y candidata presidencial, Valérie Pécresse, así como Damien Abad, cabeza de los diputados del partido de derecha Los Republicanos, hicieron referencia a una respuesta fallida del Estado y a una «cascada de errores que han llevado a este drama». «Un clandestino que viola la ley debe de ser inmediatamente expulsado y no regresar jamás a Francia», denunció el diputado Éric Ciotti.

Por su parte, Macron prefirió no alimentar el rifirrafe y optó por rendir homenaje al padre Maire. «Transmitía en su rostro la generosidad y el amor por el prójimo. Proteger a los creyentes es una prioridad», escribió el presidente en su perfil de Twitter.