La Fiscalía rusa acusa a Navalni de liderar una «red criminal»

Rusia intensificó este martes la campaña contra el opositor encarcelado Alexei Navalni, abriendo una nueva causa penal contra el más feroz crítico de Vladimir Putin que podría permitir a las autoridades condenarle a otra década de prisión. En un caso condenado por Occidente, Navalni, de 45 años, ya cumple dos años y medio de prisión por violaciones de la libertad condicional que, según él, fueron inventadas para frustrar sus ambiciones políticas.

Sus aliados han sufrido redadas en sus domicilios, han visto restringida su libertad de movimientos o han huido al extranjero después de que un tribunal dictaminara en junio que sus actividades eran extremistas y destinadas a provocar malestar social. Desde entonces, el Kremlin y sus leales han dicho que mantendrán y, en algunos casos, intensificarán su enfoque de dureza contra los críticos internos y externos y las organizaciones que consideran una amenaza para la estabilidad de Rusia.

El nuevo caso, cuyos detalles se publicaron en el sitio web del Comité de Investigación de Rusia, que investiga los delitos más importantes, señala a Navalni como sospechoso de fundar y dirigir un grupo extremista. Este delito conlleva una pena de hasta diez años de cárcel. La declaración decía que algunos de los principales aliados de Navalni eran sospechosos en el mismo caso y que otros asociados eran sospechosos de participar en la actividad extremista del grupo.

La declaración calificaba de criminales las actividades de Navalni y sus aliados en los últimos años. «Las actividades ilegales del grupo extremista tenían como objetivo desacreditar a las autoridades estatales y sus políticas, desestabilizar la situación en las regiones, crear un estado de ánimo de protesta entre la población y tratar de formar una opinión entre el público sobre la necesidad de un cambio violento de poder, (y) organizar y celebrar acciones de protesta que se convierten en disturbios masivos», indicaba la declaración.

Acusó a los aliados del opositor, muchos de los cuales operan ahora desde el extranjero, de continuar con sus supuestas actividades ilegales después de que su grupo fuera prohibido por ser extremista. Lyubov Sobol, una aliada de Navalni nombrada en el comunicado, dijo en Twitter que los cargos contra ella y los demás parecían absurdos. «Los delitos de mis colegas: participaron en las elecciones, investigaron la corrupción de altos funcionarios y asistieron a protestas pacíficas y escribieron en Twitter», escribió con sarcasmo.

Dijo que el nuevo caso mostraba hasta qué punto Putin temía a Navalni, una acusación que el Kremlin había rechazado anteriormente. El opositor fue trasladado a Alemania en 2020 para recibir tratamiento médico tras ser envenenado en Siberia con lo que los expertos concluyeron que era el agente nervioso Novichok.

Navalni acusó a Putin de ordenar el ataque, algo que el Kremlin ha negado. Moscú ha rechazado las acusaciones y las conclusiones de los expertos -que han provocado una nueva oleada de sanciones contra Rusia- y ha acusado a Occidente de una campaña de desprestigio en su contra.