Luz verde a la ilegalización de Forza Nuova

Después de los graves disturbios registrados en Roma durante la manifestación contra la obligatoriedad del pasaporte covid para todos los trabajadores, que culminó con el asalto a la sede del sindicato italiano CGIL, organizado por los líderes de Forza Nuova, el Senado comenzó ayer el debate parlamentario para pedir al Gobierno la ilegalización del partido neofascista.

La Cámara Alta votó a favor de la propuesta del Partido Demócrata, que solicita al Gobierno que proceda «a la disolución de Forza Nuova y de todos los movimientos políticos de clara inspiración neofascista artífices de conductas punibles», según la Constitución italiana. Los senadores aprobaron el documento a mano alzada y se espera que hoy se celebre una votación similar en la Cámara de los Diputados. El resultado de la votación no implica la ilegalización del partido liderado por Roberto Fiore, actualmente en prisión, pero manda una señal al Ejecutivo, que podría proceder de forma urgente sin esperar a una resolución judicial.

Los socialdemócratas presentaron una moción para disolver Forza Nuova y todas las formaciones nostálgicas del fascismo apenas tres días después de que un grupo de antivacunas radicales liderados por Forza Nuova sembraran el caos en Roma, pero ayer la retiraron para transformarla en una simple orden del día. La diferencia es sustancial, ya que la moción implica que el Parlamento exige al Gobierno la ilegalización de Forza Nuova, mientras que el orden del día no conlleva ninguna obligación legal.

En Italia, la ilegalización de una formación política puede producirse por dos vías. Si existe una sentencia penal condenatoria, el ministro del Interior, después de consultar al Consejo de Ministros, puede disolver la formación y confiscar sus bienes. Pero la legislación también contempla que en el caso de que se trate de una situación urgente, la ilegalización puede producirse mediante un decreto ley del Ejecutivo. El primer ministro, Mario Draghi, confirmó recientemente que el Ejecutivo «estaba reflexionando» sobre esta posibilidad, pero todo apunta a que el Gobierno quiere esperar a la magistratura. Una decisión que podría retrasar hasta un año la ilegalización de Forza Nuova.

En cualquier caso, no sería la primera vez que un gobierno declara ilegal una fuerza política en el país transalpino. Tres formaciones neofascistas han sido disueltas desde los años 70, la más reciente, el Frente Nacional en el año 2000, pero hasta ahora esta decisión siempre ha estado precedida por una sentencia judicial condenatoria.

El Movimiento Cinco Estrellas, Italia Viva y Leu, que ayer presentaron otras cuatro iniciativas parlamentarias similares a la del PD, votaron junto a los socialdemócratas a favor de disolver Forza Nuova y todas las formaciones de ideología fascista, mientras que la coalición de centroderecha se dividió. Hermanos de Italia votó en contra de la propuesta del bloque progresista, frente a la Liga y Forza Italia, que se abstuvieron. Los tres, eso sí, contraatacaron con una moción alternativa en la que exigieron al Gobierno condenar «los totalitarismos de todo tipo», incluidos los de extrema izquierda.

«El Parlamento no puede disolver ninguna formación política. Esta tarea depende del Gobierno o de la magistratura. La idea de que alguien pueda cancelar al adversario político por vía parlamentaria es leninista y jacobina», denunció el portavoz en el Senado de Hermanos de Italia, Luca Ciriani. «Si el Gobierno tiene las pruebas para ilegalizar Forza Nuova, que lo haga. La pregunta es porqué no lo hizo antes».

La Constitución italiana prohíbe la reconstrucción «bajo cualquier forma» del desaparecido Partido Fascista Italiano, y distintas leyes sucesivas castigan la apología del fascismo. En concreto, la propuesta del PD se ampara en la Ley Scelba de 1952, que adopta su nombre del entonces ministro del Interior, el democratacristiano Mario Scelba, que estableció la posibilidad de disolver formaciones políticas que compartan los mismos objetivos del partido fundado por Benito Mussolini, «con finalidades antidemocráticas propias del partido fascista, exaltando, amenazando o usando la violencia como método de lucha política o propugnando la supresión de las libertades garantizadas por la Constitución».

La clave, a la luz de la jurisprudencia, es la existencia de amenazas y el uso de la violencia. Los cabecillas de las organizaciones pueden ser condenados hasta un máximo de 10 años de cárcel. Sin embargo, una sentencia posterior precisó que la ley debe conciliarse con el derecho constitucional de la libertad de expresión.