Ortega busca perpetuarse en el poder con unas elecciones sin rivales

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se presenta este domingo a las elecciones presidenciales tras ilegalizar a la oposición, encarcelar a cinco candidatos, la huida al exilio de dos aspirantes presidenciales y la muerte de al menos 328 personas por “la opresión” desde las masivas protestas en 2018 exigiendo su renuncia. María Asunción Moreno, abogada experta en derechos humanos y candidata exiliada de Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, pretendía presentarse a las presidenciales este 7 de noviembre “para arrebatar el poder a la pareja dictatorial Ortega-Murillo”. Moreno fue citada por la Fiscalía el 12 de julio, un día después de ser nombrada candidata.

“Los resultados ya están listos. Ortega va a autoproclamarse presidente. Y va a auto-asignarse una mayoría en el Parlamento para perpetuarse en el poder. El régimen compra con tres o cuatro escaños a partidos colaboracionistas, a los que llamamos zancudos, para participar en la farsa electoral”, asegura.

Moreno huyó del país clandestinamente “perdiendo mi vida pero salvando mi voz”. La jurista de 50 años no acudió a la citación por traición a la patria: “Camino de la Fiscalía el 12 de julio, decidí salir del país. Había patrullas policiales en ocho casas de mis familiares. Al marcharme, la Policía volvía a preguntarles dónde estaba y si había hablado con ellos”.

La oposición ha organizado la tarde del domingo una marcha en San José (Costa Rica), donde se agrupa una parte de los 140.000 exiliados nicaragüenses. Animan a “quedarse en casa con la misma valentía con las que llenamos las calles en 2018″ y piden a la Organización de Estados Americanos (OEA), la UE, EE UU y a toda la comunidad internacional “no reconocer al Gobierno de Ortega”.

Nicaragua no ha tenido esta semana debates ni mítines. En las calles no hay carteles de los “partidos zancudos”. Solo imágenes del presidente Ortega y Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta. Los miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) proclaman las bondades del mandatario de 75 años, que ha reprimido a políticos opositores, feministas, sanitarios, profesores y otros colectivos sociales desde su regreso al poder en 2007.

Los miembros del FSLN, la Policía y los paramilitares son los únicos que hacen algo similar a una campaña en este país de 6,6 millones de habitantes. Preguntan a la gente si piensan participar. Les coaccionan para ir a votar. Se sobreentiende que a Ortega porque, en la práctica, no hay otro candidato: “El régimen busca participación para su farsa electoral. Policías y paramilitares visitan casa por casa a la gente que tienen en sus listas del FSLN para preguntarles si van a ir a votar el domingo Esta semana las visitas se han intensificado. Hay miedo”. Nadie está salvo de ser detenido si se muestra en contra del FSLN. “Cualquier persona contraria al Gobierno corre el riesgo de ser detenida. Es una dictadura en el estricto sentido de la palabra. A los funcionarios se les obliga a participar en la farsa”, explica Moreno. “El régimen les amenaza con ser despedidos. Deben enseñar una foto del documento que se rellena al votar con sus datos y su huella dactilar. Tienen que demostrar haber acudido a las urnas si no quieren perder su trabajo”.

La oposición replica con campañas en las redes sociales. “Dedo limpio, conciencia limpia”. Hay convocadas marchas hoy para defender la democracia en Nicaragua en más de 50 ciudades de 20 países, entre ellas Madrid, Roma, Ciudad de México y Miami. Ante la postura de que “la lucha armada es lo más eficaz ante la impunidad de Ortega” defendida por el candidato de Fuerza Democrática Nicaragüense, Luis Fley, Moreno remarca: “La inmensa mayoría de la oposición es partidaria de una salida cívica y pacífica mediante la creación de un bloque opositor. El objetivo son unas elecciones libres y justas. Por eso salimos a las calles en 2018. El espíritu de abril es pacífico”.

“El señor Luis Fley es exguerrillero de la Contra y tiene una visión de otra época. Es respetable pero muy minoritaria. El debate no es lucha armada o vía pacífica. Es como crear las condiciones para unas verdaderas elecciones. Debemos poner fin al ciclo de guerras cada 30 años en Nicaragua”, insiste la dirigente opositora.

Las 30.000 peticiones de asilo político en la vecina Costa Rica suponen casi la misma cifra que todo 2019. “Si no fuese por la solidaridad de Costa Rica, todo esto sería mucho más difícil”, cuenta a LA RAZÓN el granadino Daniel Rodríguez Moya, autor del documental “Nicaragua Patria Libre para Vivir”. Este trabajo, rodado de forma clandestina, fue galardonado en octubre con el Premio al Mejor Documental del XIII Festival de Cine Invisible de Bilbao.

“Tuve que salir de Nicaragua cuando el Gobierno se enteró de que había un documentalista español grabando en casas y locales”, explica. Rodríguez recuerda una de las historias que más le eriza la piel tres años después: “Me he reencontrado con Yader Vásquez, padre de Gerald Vásquez, un chavalito de 20 años que fue de los primeros asesinados en las protestas en la universidad. Ha sido muy bonito. En un momento me cuenta cómo asesinan a su hijo. Me enseña un vídeo en su móvil que me cedió para el documental. En la Iglesia Divina Misericordia, donde estaban resguardándose muchos estudiantes, las turbas y los paramilitares de Ortega entraron con armas de guerra y mataron a varias personas, entre ellas a Gerald. Fue un momento de conexión real con él y su dolor”.

Rodríguez, “nicaragüense adoptivo” y casado con una mujer nicaragüense, visitó Nicaragua por primera vez hace 16 años por culpa de la poesía: “Fui a un festival literario en Granada (Nicaragua), porque vieron que había organizado uno en Granada (España)”. Ante la represión del régimen Ortega-Murillo, Rodríguez explica que “la diáspora nicaragüense” tiene esperanzas en que la represión de Ortega en estas elecciones presidenciales sea un punto de inflexión: “Nicaragua es la gran olvidada de América Latina. La situación es más brutal que nunca. Es una dictadura clásica como puede ser Pinochet, Videla o Somoza. Pero la Nicaragua de hoy no tiene la importancia geopolítica que tuvo en los 70 y 80 en plena Guerra Fría. Se piden medidas para que el régimen de Ortega-Murillo colapse”.

El campamento de Upala, al norte de Costa Rica cerca de la frontera con Nicaragua, se ha convertido en un lugar especial: “Mantienen la dignidad en condiciones más que humildes. Doña Chica Ramírez, una campesina exiliada en Upala, tiene esa dignidad de que no va a dejar que le quiten lo más preciado: su pedazo de tierra para cultivar sus frijoles. Plantan como hacían allí. Hay esperanza en que esta farsa pueda suponer cambios y más atención de la comunidad internacional. El espíritu de abril está renaciendo”.

Daniel proyecta su documental este domingo 7 de noviembre tras la marcha de exiliados en San José, reencontrándose con algunos de sus protagonistas: “Hay mucho movimiento internacional de exiliados. Todas las ilusiones están puestas en la comunidad internacional porque desde dentro de Nicaragua no se puede hacer mucho. Las protestas están prohibidas y la vía electoral es imposible. La apuesta es cívica. No se apuesta por las armas bajo ningún concepto. Colectivos de Derechos Humanos como Nicaragua Libre en España, feministas por Nicaragua organizadas en Euskadi, en Cataluña… se están organizando fuera. Por desgracia, España está negando prácticamente todas las solicitudes de asilo a nicaragüenses. Los venezolanos son acogidos más fácilmente”. El Congreso de EE UU ha aprobado este miércoles la Ley Renacer, un arsenal de medidas para sancionar a los responsables de abusos de derechos humanos en Nicaragua.

Desde el exilio, Moreno recuerda otro ejemplo del “espíritu de abril”. Una anciana muy humilde vendía bolsas de agua en las marchas. Ante el sofocante calor y la deshidratación de muchos manifestantes, comenzó a regalarlas: “Esta mujer súper pobre comenzó a repartir agua gratis. Perdió entre 50 y 100 dólares por ayudar a los que estaban allí protestando. Después hubo una ola de solidaridad con ella para que recuperase ese gasto de regalar el agua y sintiese el cariño del pueblo nicaragüense”.

Su voz se entristece al hablar de doña Flor, una anciana que bailaba durante las protestas del otoño de 2018. “Fue perseguida porque se hizo popular por la alegría que despertaba en las marchas”. Ahora no saben si está dentro de Nicaragua o se ha marchado. “No hemos vuelto a saber de ella”. “En los bares no podemos poner la música de los estudiantes del 18 de abril”

La abogada treintañera Ana Torres, nombre ficticio para mantener su seguridad ante la persecución del régimen Ortega-Murillo a quiénes hablan con prensa no controlada por el Gobierno, vive en Managua con su hijo y los dos pequeños de su hermana. Su pariente vive exiliada junto a su marido en Florida. “Ella tenía un restaurante frente a uno de los cementerios de Managua. Empezaron a ocultar la covid. Decían que no se moría nadie, que fallecía uno o dos al mes. Comenzó a tomar fotos de los entierros para hacer ver que no era cierto lo que ellos decían. Morían 20 ó 30 personas cada día. Las subió a Facebook. La Policía y los paramilitares, que siempre andan juntos, fueron a amenazarla”, narra. “Le iban a cerrar el negocio y quitar el permiso si no borraba las fotos. Empezaron a coaccionarla más. Tuvo que irse. Era tanto el miedo a ser detenida o que la mataran que se marchó. Las fotos las guarda en el Drive para no perderlas. Tienen controlado todo”, describe Torres.

Su madre fue guerrillera sandinista y su padre francotirador en la guerra contra Somoza. Ambos están decepcionados con la deriva autoritaria de Ortega: “A mis padres se les abren las carnes cuando ven lo que Ortega y Murillo está haciendo con Nicaragua”. Ortega ha sido el único candidato que ha tenido el FSLN en su historia. Ha sido aspirante presidencial ocho veces desde su primera campaña en 1984 que le llevó a su primer mandato. Perdió el poder en 1990. Regresó a la Presidencia en 2007. Ortega lleva 14 años como presidente de Nicaragua, un periodo de retroceso de todas las libertades en este humilde país centroamericano.

Ana nunca ha votado: “A mí no me tienen en el registro. En 2011 reformaron la Constitución. Me di cuenta de que iba a ser una dictadura”. Desde Managua, Torres cuenta a LA RAZÓN que el orteguismo ha intensificado sus movimientos, incluyendo una redada a opositores con varias detenciones el jueves. El objetivo es conseguir mayor ajetreo en las urnas ante la campaña de la oposición animando a vaciar las calles: “Ellos andan con nombre, número de cédula y dirección. Van de casa en casa de aquellos que eran activos del Frente Sandinista antes de la persecución y los asesinatos en abril de 2018″.

Ana, quien participó en las protestas de 2018, cuenta que esta semana se respira más tensión de lo habitual en Managua: “No puedo salir a la calle sin que ellos estén asediando y acechando. Pero con mi vecino me siento libre. Charlamos de que es un ladrón, que se va a robar otra vez la elección. Si ya vemos que van pasando los secretarios políticos, ya uno baja un poquito la voz. En el bar no podemos poner música de los estudiantes de abril de 2018. Para mantener sus bares abiertos, los dueños no pueden permitirlo. Quienes están a favor de ellos son solo quienes trabajan por 200 pesos por ir intimidando y golpeando a la gente. Y los pocos que se creen sus mentiras”. “Ellos saben que estoy en desacuerdo con todo lo que están haciendo. Saben que no voy a votar. Todo el domingo me voy a quedar en casa. Si salgo, es casi pedir que me detengan”, confiesa.