El presidente chileno,Gabriel Boric, instó a la sociedad chilena a «salir de las trincheras» y a trabajar juntos, desde todo el arco ideológico, para acometer y resolver los problemas urgentes que demanda la ciudadanía desde el 18 de octubre de 2019, cuando surgió el «estallido social». En este sentido, el Gobierno de Chile confirmó un dispositivo de seguridad de unos 25.000 agentes, unos 5.000 solo en la capital, Santiago, de cara a lo que pudiera pasar en este tercer aniversario de las protestas. Finalmente, 195 personas fueron detenidas en las revueltas del lunes. También se registraron 42 heridos, 18 civiles y los 24 restantes agentes de Carabineros. En un discurso desde el Palacio de La Moneda, el mandatario subrayó que «no fue una revolución anticapitalista ni tampoco una pura ola de violencia. Fue una expresión de dolor y de las fracturas de nuestra sociedad a las que la política no ha sabido dar respuesta».

Lo cierto es que Boric llega a este tercer aniversario como presidente (y no líder estudiantil), pero muy debilitado tras el varapalo que supuso que no se aprobase la nueva Constitución. El 62% de los chilenos rechazó en referéndum la Carta Magna el 4 de septiembre, por lo que la incertidumbre se ha apoderado nuevamente del país. Con el descontento ciudadano en mente, las reuniones en La Moneda y las conversaciones entre los actores políticos arrancaron para lograr acuerdos sobre la nueva hoja de ruta y así poder presentar alternativas sobre cómo avanzar en un nuevo texto constitucional. Para Fuad Chahin, abogado y ex diputado del Partido por la Democracia (PPD), quien además fue miembro de la Convención Constituyente, el apabullante resultado del «Rechazo» fue una señal inequívoca de que el Gobierno fue uno de los principales perdedores. «Esta fue una gran derrota del presidente Boric, para su equipo político. Una gran derrota de una lógica totalmente refundacional, impugnadora y polarizada que se había impuesto desde la supremacía moral. Gracias al voto obligatorio, votó la inmensa mayoría silenciosa del país que no está polarizada, que no quiere partir desde cero, ni refundar Chile. Es una mayoría que quiere cambios sensatos, bien hechos, que quiere diálogo, encuentro, seguridad, prosperidad y una mejor democracia. Que quiere reconocer a los pueblos originarios, pero no quiere un país dividido», confiesa uno de los principales partidarios del «Rechazo».

Chahin además asegura que el nuevo proceso debiese ser más breve, convocando a un grupo menor de integrantes a la comisión, pero, sobre todo, que no se deseche los temas debatidos, los acuerdos logrados y el camino recorrido. «Este proceso debe ser urgente. No podemos seguir dilatándolo. No podemos seguir con el país en una especie de limbo constitucional. Debiéramos partir desde ya y llegar a todos los acuerdos políticos, tramitar los acuerdos en el congreso y lo antes posible convocar a una nueva convención. Con características distintas y no partiendo desde una hoja en blanco».

Los expertos advierten que el rol de los 155 encargados de la redacción del texto fue polémico y poco conciliador. Esto último era justamente lo que los chilenos esperaban tras atravesar por un sin número de actos violentos, peleas y desencuentros de partidos tras el estallido social de 2019. «Quizás esta Convención Constituyente, para la población, dejó mucho que desear en cuanto a orden, estructura y confianza en el grupo. No se veían acuerdos, por lo que se fue generando una cierta ‘mala fama’ que a la gente le hizo sentir que esta Constitución no se estaba redactando de la mejor manera posible», explica la socióloga de la Universidad de Chile, Astrid Kuzmanich.

Además, en la propuesta se consignaron varios puntos que generaron discordia, desde un principio, polémica y discusiones entre los electores y los actores políticos. El derecho de interrumpir el embarazo, que hoy es ley solo en tres causales –que esté en peligro la vida de la madre, un embarazo no viable y un embarazo producto de una violación– a una interrupción del embarazo sin definición de causas ni plazos.

El terminar con la exclusión política de los pueblos originarios también fue tema controversial. La plurinacionalidad mencionada en la Constitución consagraba derechos a once pueblos originarios y un sistema diferente a la justicia ordinaria. Habiendo un 13% de población indígena en el país muchos se preguntaron por qué debían ellos ser “medidos con otra vara”.

El derecho a la propiedad privada fue otro foco de discusión que termino por no convencer a la mayoría. Según expertos el texto no era lo suficientemente claro respecto a la pertenencia de inmuebles por ejemplo lo que se vio como un posible factor de debilitamiento de crecimiento y desarrollo económico.

Ya ha pasado una semana y pese a que las aguas siguen turbulentas, el cambio de gabinete, específicamente la Secretaria General de la Presidencia, cartera encargada de generar diálogo y acercar posturas entre los actores políticos, fue el primer paso de Boric por caminar hacia un nuevo mecanismo que, en el corto plazo, lleve a los chilenos a contar con una Nueva Constitución.