Caza al opositor nicaragüense

Primero, Daniel Ortega aplacó las protestas a sangre y fuego. Ahora la estrategia del mandatario es arrestar a cualquier voz disidente: activistas, pero también médicos y empresarios.

Sobre una de las calles principales de Managua, los médicos Blanca Cajina e Irving Escobar fueron colocados bocabajo en el pavimento. Eran las diez de la mañana del sábado 14 de julio y algunos conductores que circulaban por la carretera a Masaya tomaron fotografías y vídeos donde se mostraba a policías golpeando a los detenidos.

En la última semana el Gobierno de Daniel Ortega ha desatado una cacería para arrestar a ciudadanos que participaron o apoyaron las protestas contra el Ejecutivo de Ortega que iniciaron en abril. «Es una cacería contra todas las personas que no están de acuerdo con el Gobierno», indica Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.

Los médicos que fueron arrestados eran un matrimonio que brindaba asistencia médica a los heridos en las protestas. «En ese momento seguramente supieron de algún herido y se dirigían a atenderlo», explica Blanca Urbina, madre de Cajina, en las afueras de la Delegación de Auxilio Judicial, donde decenas de personas esperan noticias de sus familiares detenidos.

Desde el inicio de la rebelión hubo denuncias de que en los hospitales públicos no atendían a los civiles heridos por la Policía, como una orden de la orteguista ministra de Salud, Sonia Castro, según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Es por eso que algunos médicos, como Cajina y Escobar, decidieron atender a los heridos por su propia cuenta. Sin embargo, el 18 de julio fueron presentados como parte de «un grupo de delincuentes y terroristas» que supuestamente estaba atrincherado en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.

Además de los médicos, también fue capturado el líder campesino Medardo Mairena –representante en el diálogo nacional que convocó el Gobierno– quien fue acusado de perpetrar una matanza de cuatro policías en la comunidad de Morrito, al sur del país.

Otro de los detenidos fue Héctor Arellano, ingeniero industrial y trabajador de la empresa cervecera más grande de Nicaragua, acusado como «financiador de terrorismo».

Arellano, hijo de un famoso escritor e investigador nicaragüense, es señalado por comprar materiales para confeccionar chalecos antibala para entregarlos a estudiantes de la Universidad Nacional. «Héctor vino a la Policía porque lo citaron. Nosotros le tomamos el vídeo cuando entró a El Chipote, pero ya no le permitieron salir», dijo Pedro Zeas, cuñado de Arellano.

Triunfo militar

En la última semana, Daniel Ortega ha logrado quitar a sangre y fuego los más de 60 bloqueos en las carreteras de todo el país que los ciudadanos habían organizado como mecanismo de presión contra el Gobierno y a la vez de defensa por los reiterados ataques o arrestos arbitrarios que realiza la Policía Nacional.

Antes, había manchado de sangre las multitudinarias marchas convocadas por la Alianza Cívica –un movimiento que reúne a dirigentes estudiantiles, campesinos, empresarios y sociedad civil contra el Gobierno–, lo que provocó que los ciudadanos no continuaran manifestándose masivamente en las calles.

En ciudades como Masaya, Chontales y Diriamba, donde se lanzaron brutales ataques para desarticular a los rebeldes, cientos de personas han huido porque temen arrestos o ejecuciones extrajudiciales. En las ciudades donde antes había barricadas, custodiadas por civiles armados con bombas artesanales y hondas, hoy se puede ver a parapolicías con fusiles de guerra que persiguen a los pobladores.

Ortega ha logrado desarticular los bloqueos en las carreteras, las marchas pacíficas y los rebeldes sublevados en los pueblos. Los ciudadanos que piden un cambio en Nicaragua se han quedado sin opciones de lucha pacífica contra el mandatario, a quien demandan desde hace meses que abandone la Presidencia.

El pasado 19 de julio, día que se celebró el 39º aniversario de la revolución sandinista que derrocó a la dictadura somocista, ante miles de fanáticos partidarios en la plaza La Fe de Managua, Ortega dio uno de los discursos más triunfalistas de los últimos años.

«La paz hay que estarla defendiendo todos los días, hay que estarla conquistando todos los días para que no se repitan situaciones como ésta», espetó el líder sandinista ante sus seguidores.

El filósofo e investigador José Luis Rocha considera que Ortega está celebrando haber obtenido un triunfo militar al imponerse con el control del país. «Ortega está evaluando esta situación en términos militares. Porque al interior del país esta victoria es más contundente», agregó.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta el 18 de julio, confirmó que 285 personas fueron asesinadas y más de 2.000 han resultado heridas. Organismos de derechos humanos nacionales registran más de 350 muertes. La diferencia entre las cifras radica en que casi todos los días hay personas fallecidas en este contexto y se hace complicado confirmar y actualizar las listas.

Al mandatario nicaragüense parece no importarle la presión internacional, como la condena en su contra que aprobó la Organización de Estados Americanos (OEA) y las amenazas de sanciones económicas de Estados Unidos. «El efecto que ha tenido esta condena internacional en Ortega es que le confirma que está siendo víctima de un complot de la derecha, pero que ha conseguido dominar las fuerzas internas que era lo que le importaba», declaró el filósofo.

Vendetta empresarial

La ley para cometer estos arrestos masivos la desveló el Ejecutivo el 16 de julio, cuando la Asamblea Nacional, que controla Ortega a placer, aprobó una nueva ley «contra el lavado, el financiamiento a las armas de destrucción masiva en la que establece el delito de terrorismo».

«La Ley está dirigida a las personas que tienen dinero y a los empresarios», analizó Vilma Núñez, del Cenidh. «Ortega no soporta que se le hayan volteado los empresarios. Con esta ley busca vengarse de los empresarios o cualquier otro dirigente». La Patronal empresarial, agrupada en el Consejo Superior de la Empresa Privada, pasó de ser uno de los mayores aliados del Gobierno, a uno de los movimientos más importantes de la Alianza Cívica. «No los odiamos, les decimos rectifiquen, cambien», esclareció Ortega el 19 de julio, en un claro mensaje a los empresarios.

Con la ley, Ortega buscaría cortar la financiación que puedan obtener los rebeldes para continuar con la lucha. «El Gobierno ya ha presentado una lista negra de personas que posiblemente van a castigar. Pero sobre todo va contra los cabecillas y gente que apoyó la protesta de distintas maneras», consideró Rocha.

El último caso de detención fue el de Irlanda Jerez, quien está al frente de un grupo de comerciantes del mercado Oriental, el centro de compras más grande de Centroamérica.

Jerez fue sorprendida por la Policía después de acompañar a la Alianza Cívica en una conferencia de Prensa, en la que estaban convocando a más jornadas de demandas.

El investigador José Luis Rocha ha publicado varios libros sobre el fenómeno de pandillas en Centroamérica. Es por eso que considera que la cacería que está llevando a cabo la Policía orteguista contra los rebeldes es similar a la que ejecutó para erradicar a las pandillas de Managua.

La Policía realizó un trabajo de vigilancia fuerte e hizo planes represivos en los barrios. Capturaba a los muchachos y les daban palizas dentro de las patrullas o en las delegaciones. Ejecutaban castigos extrajudiciales para capturar a los cabecillas. «Ese sistema le funcionó a la Policía orteguista y es probable que lo esté haciendo esta vez contra los rebeldes políticos».