Correa anuncia una dura subida de impuestos para reconstruir Ecuador tras el terremoto

El presidente quiere elevar el IVA del 12% al 14% y anuncia la venta de activos del Estado

Hasta este jueves se contabilizaban 650 réplicas después del terremoto de 7,8 grados que sacudió el sábado a Ecuador y deja ya 577 muertos, el peor desastre en este país sudamericano en el último siglo. Sin embargo, las aciagas cifras quedaron opacadas. Lo que más se comenta (TT en Twitter) es el anuncio del presidente Rafael Correa, en cadena nacional, la noche del miércoles (03h00 en España).

El mandatario informó de un paquete de cinco impuestos para afrontar la tragedia que golpea seis de las 24 provincias ecuatorianas, lo que ha provocado cisma en una parte de la población y apoyo en otra. Las medidas develan nuevamente el rostro de un país dividido: unos a favor y otros en contra del Gobierno de la Revolución Ciudadana, que está a punto de cumplir una década. Aquellos ajustes económicos necesitan el aval de la Asamblea Nacional, lo cual se da por default: el partido oficialista, Alianza País, que llevó a Correa al poder en 2006, tiene mayoría absoluta (100 de 137 votos) en el Legislativo, uno de los cinco poderes del Estado que controla el régimen de corte socialista.

La medida más comentada es el incremento de dos puntos porcentuales en el IVA del 12% al 14%, que tendrá la vigencia temporal de un año. “Adicionalmente se establecerá una contribución por una sola vez del 3% adicional sobre utilidades y una contribución del 0,9% sobre personas naturales cuyo patrimonio sea mayor a un millón de dólares. Estos tributos también se cobrarán por una sola vez”, dijo Correa.

El cuarto ajuste económico será el pago de un día de sueldo durante un solo mes para quienes ganen más de 1.000 dólares. Si el salario es más de 2.000 tendrá que dar este aporte durante dos meses. Es decir, dos días de sueldo durante este período. Pero si la personas gana más de 5.000 dólares tendrá que contribuir con cinco días de sueldo, es decir, un día de sueldo durante cinco meses. Finalmente, como quinta medida, el mandatario indicó que el Estado buscará vender algunos de sus activos. Se espera con ello obtener recursos extras para asumir los daños y costos del terremoto que afectó principalmente a Manabí y Esmeraldas y, en menor grado, a Santa Elena, Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos.

Correa no explicó si será un nuevo proyecto de reforma tributaria o se incluirá en el que la Asamblea ha discutido durante las últimas tres semanas. En un conversatorio con medios de comunicación, horas antes, en el Palacio de Carondelet en Quito, Correa señaló que las cifras definitivas de los costos del terremoto estarán en seis semanas. El martes había lanzado una cifra de 3.000 millones de dólares, aunque luego aclaró que ese cálculo no es oficial y lo había hecho “a ojo de buen cubero”. “Lo seguro es que la reconstrucción costará varios miles de millones de dólares”. Aunque en las zonas devastadas la ayuda crece, de organismos nacionales e internacionales, así como de miles de voluntarios, hay críticas por el todavía desorden en atender a miles de afectados. Hay hospitales atestados y otros que se improvisan en calles o hasta en aviones de las Fuerzas Armadas que trasladan heridos graves a Quito o Guayaquil. Además, escasean medicinas.

En poblaciones como Canoa y San Vicente, al norte de Manabí (la provincia con mayor devastación), no hay insumos médicos, antibióticos y, sobre todo, pañales para los cientos de niños que hay escuelas, albergues o zonas donde pernoctan sus padres, lejos de las viviendas cuarteadas o de los escombros. El peligro aún es latente. De hecho, UNICEF ha cifrado en unos 150.000 los menores afectados por el terremoto. “Estamos trabajando contrarreloj para proteger a los niños de enfermedades y de otros riesgos habituales en emergencias como esta”, ha asegurado el representante de UNICEF en Ecuador, Grant Leaity.

Reacciones encontradas

Cara y cruz, las dos caras del país de la mitad del mundo: por un lado emergencia del desastre, los cuerpos aún bajo toneladas de ruinas y el drama social en pueblos y ciudades que superan los 300.000 habitantes. Por otro, se aviva el ambiente político por el anuncio de las cinco medidas económicas. En la provincia de Esmeraldas Correa dijo que frente a las críticas, “y si eso hace feliz a oposición, cierro la Secretaria del Buen Vivir y suspendo las sabatinas (enlaces cuidadanos de Correa). Mejor para mí. No trabajo los sábados”

Reacciones encontradas

El prefecto del Guayas (la provincia más grande de Ecuador y cuya capital es Guayaquil), Jimmy Jairala, es aliado político del Gobierno. Él concuerda con la decisión de Correa. “A nadie le gusta este tipo de impuestos, a nadie le gusta este tipo de carga, pero es necesario dado que la situación es de catástrofe”. El prefecto fue a Manabí para ayudar a los damnificados. Incluso ha enviado maquinaria pesada para limpiar los escombros, pero da una recomendación al Gobierno: “que se cree un fideicomiso, de modo que los ciudadanos puedan ver la intención, la transparencia en la reconstrucción y la atención a los miles de damnificados.”

El fideicomiso es una suerte de administrador de recursos, una figura legal para evitar desvío irregular de fondos. Eso es lo que también pide el líder opositor del Movimiento CREO, Guillermo Lasso, precandidato presidencial para las elecciones de 2017: “No cuestionamos el incremento de impuesto, pero no participamos de esta solución. Que este dinero no vaya a financiar el presupuesto del Estado. Lo recaudado por esta subida de impuestos debe ir a un fideicomiso destinado a los afectados del terremoto”.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Portoviejo (la devastada capital de Manabí), Alba González, discrepa en parte con las medidas, sobre todo, con el incremento del IVA. Ella plantea lo contrario. “Si se sube el IVA, las personas consumirán menos. En cambio, si optamos por bajar el Impuesto al Valor Agregado podamos ver el método de ganar más por volúmenes, incentivar y tener mayores ventas, por ende una recolección mayor del IVA”. Una inquietud que muestra González es el camino que deben tomar una vez que comiencen a recibir los recursos los gobiernos locales (ayuntamientos, prefecturas y juntas parroquiales). “Necesitamos leyes claras, que sean aplicables, que puedan funcionar en el caso de este desastre”.

El economista Carlos Cevallos dice a LA RAZÓN que el Gobierno debió prepararse en la bonanza petrolera. “Las medidas que se están tomando son necesarias, aunque no las mejores. Sin embargo, son las que el Gobierno ha decidido aplicar. En realidad, se buscará manejar la crisis en la que nos encontramos. Menciono crisis porque las personas ya hablaban de esto antes del suceso del sábado”.

La economista Nadya Montes asegura que “el IVA va a presentar un malestar presente. Cuando compremos los alimentos va haber un aumento y nos veremos afectados en nuestro gasto. Ahora, nuevamente estas medidas traen al pueblo el debate económico. A pesar de que se gaste para conseguir recursos por las afectaciones del terremoto, la gente comenzará a cuestionar que el Gobierno derrocha en otras áreas: como en su maquinaria propagandística y en la creación de entidades que tienen funciones retóricas (como la Secretaría del Buen Vivir y otros ministerios)”.