La IV Cumbre CELAC-UE terminó con una imagen incómoda para la diplomacia regional: solo nueve jefes de Estado de los 60 países convocados se sentaron en la mesa de Santa Marta, Colombia. Aun así, el encuentro produjo una declaración conjunta de 52 puntos, marcada por las desavenencias de un grupo de naciones, y que Venezuela y Nicaragua se negaron a firmar.

El documento cierra filas en defensa del multilateralismo, del derecho internacional y de la cooperación económica en un momento marcado por tensiones geopolíticas crecientes y por la presencia innegable —aunque nunca citada— de la presión de Estados Unidos en la región.

En la foto oficial, la ausencia de figuras clave en ambos lados del Atlántico fue imposible de disimular. Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, el canciller alemán Friedrich Merz y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declinaron asistir. Del lado latinoamericano, no viajaron Javier Milei, Gabriel Boric, ni Claudia Sheinbaum.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pidió acelerar la firma del acuerdo comercial UE-Mercosur y defendió una alianza estratégica entre ambos bloques para frenar el giro proteccionista que se extiende en Estados Unidos. "Europa y América Latina pueden y deben ser un faro de estabilidad, prosperidad y apertura", afirmó ante los mandatarios presentes.

También dijo que España respalda que la próxima Secretaría General de Naciones Unidas sea ejercida por una mujer latinoamericana, en referencia a quien va acumulando fichas, la expresidenta chilena Michelle Bachelet.

António Costa, presidente del Consejo Europeo subrayó que Europa necesita a América Latina no solo como socio comercial, sino como aliado geopolítico en un mundo donde las tensiones aumentan y las reglas multilaterales pierden terreno. La UE recordó que es el principal inversor extranjero en la región y que el programa europeo Global Gateway movilizará recursos para proyectos de transición energética y digital.

Lula arremete contra EE UU

La irrupción sobre la hora de Luiz Inácio Lula da Silva evitó que la cumbre se desinflara políticamente. El brasileño, del país con la economía más grande de la región y un actor global, llegó con un adversario tácito. Denunció el creciente despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe y del Pacífico, donde las fuerzas estadounidenses han atacado embarcaciones acusadas de narcotráfico con decenas de muertos. "La amenaza del uso de la fuerza militar volvió a ser parte de la vida cotidiana en América Latina y el Caribe", dijo Lula.

La declaración final no menciona el asunto expresamente, pero afirma la "oposición al uso o amenaza de uso de la fuerza" y el respeto estricto al derecho internacional en materia de seguridad. Además, dice que "coincidimos en la relevancia de la cooperación internacional, el respeto mutuo y el pleno cumplimiento del derecho internacional, incluso en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el tráfico ilícito de drogas".

Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Panamá y Trinidad y Tobago se desasociaron de ese párrafo 10. Los cinco primeros también rechazaron la condena al embargo a Cuba.

Otras cuestiones también causaron que los países mostraran diferencias. Por ejemplo, las menciones en el párrafo 15 a la situación en Gaza, condenas a Israel y a Hamás y el apoyo a una solución de dos Estados fueron rechazadas por Ecuador, Panamá, Paraguay y Argentina. Este último tampoco se afilió con un párrafo sobre igualdad de género y la Agenda 2030.

La Declaración de Santa Marta incluye compromisos sobre democracia, elecciones libres y respeto a los derechos humanos. El resultado, a decir de Gustavo Petro, "demuestra que es posible ponernos de acuerdo en términos de diferencias". Pero Lula da Silva fue más áspero al afirmar que la región atraviesa "una profunda crisis de integración".