Represión en Venezuela
El chavismo, una máquina de manipular elecciones
La noche del 15 de octubre de 2017 la presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció un resultado que sorprendió al país y al mundo entero: el desprestigiado chavismo lograba la mayoría de las gobernaciones de Venezuela con una victoria 55% a 45% de los votos a nivel nacional, desenlace totalmente opuesto a lo pronosticado por todas las encuestas y por el más mínimo sentido común.
Ninguna elección está libre de incertidumbre para los competidores, ni siquiera en un sistema autoritario, pero lograr un resultado como este en medio de la peor crisis económica y social registrada en el país demanda revisar con detenimiento todas las posibles hipótesis que puedan explicar el fenómeno.
Para ello vale la pena comenzar realizando un breve recuento de la volátil y convulsa historia electoral venezolana de los últimos 11 años.
En 2006 el chavismo obtuvo su victoria más contundente cuando Hugo Chávez derrotó a Manuel Rosales en las elecciones presidenciales 63% a 37%. La impresionante brecha fue sucedida 12 meses más tarde en diciembre de 2007, por la primera derrota electoral nacional del chavismo, al perder por estrecho margen el referéndum de reforma constitucional 51% a 49%. Catorce meses después, en febrero de 2009, el país regresaría a las urnas y el chavismo se reconciliaría con la victoria al ganar el referéndum que le permitiría a Chávez ser candidato presidencial nuevamente en 2012, al aprobar la reelección sin límites 55% a 45%. En diciembre de 2010 la convocatoria fue para elegir un nuevo parlamento. En esta oportunidad el resultado registró un país dividido en dos mitades: 48% de votos para el gobierno, 47% para la oposición.
En octubre de 2012 Chávez acudiría a su fiesta de despedida en la temprana elección presidencial en la que el punto de diferencia gobierno-oposición de 2010 se multiplicó por 10, para darle la última victoria a Chávez 55% a 45%. Tres meses después, en diciembre de 2012, se seleccionaron gobernadores en un proceso marcado por la reciente elección presidencial y la desesperanza opositora, otorgando al gobierno 20 de las 23 gobernaciones, manteniendo su ventaja con la cábala 55% a 45%. Otro trimestre pasaría para realizar una nueva elección presidencial tras la muerte de Chávez en marzo de 2013. Nuevamente el resultado se redujo a la mínima diferencia, al computar el 51% a 49% que colocó a Nicolás Maduro al frente del país. En diciembre de ese mismo año se realizaron las elecciones municipales que ampliaron la brecha a favor del chavismo 49% a 39%.
Tras una inusual pausa de dos años el país retornó una vez más a las urnas para elegir un nuevo parlamento en diciembre de 2015. En esa oportunidad la oposición obtuvo su mejor desempeño electoral al invertir el marcador y lograr la victoria 57% a 43% que le otorgó el control total del poder legislativo y la convirtió por vez primera desde la llegada del chavismo, en clara e irrefutable mayoría.
A partir de entonces la Venezuela electoral-adicta promovida por el chavismo cuando disfrutaba del apoyo popular, ingresó al centro de rehabilitación autoritario para comenzar un estricto tratamiento cuya primera etapa fue la abstinencia electoral total, entre 2016 y mediados de 2017, momento a partir del cual ha comenzado a administrarse, bajo rigurosa vigilancia, pequeñas dosis placebo-electorales.
Así cuando el gobierno aprobó la realización de las elecciones regionales vencidas desde diciembre de 2016, el país experimentó un ambivalente sentimiento de frustración y entusiasmo. Desde 2016 se pedían muchas elecciones, pero luego de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a finales de julio, todo sonaba mal.
Los partidos políticos opositores basando su análisis en los aplastantes resultados electorales del 2015, los distintos estudios de opinión pública y los claros indicadores del desastre económico y social, recibieron y festejaron con alegría triunfal (aunque también con una intensa tensión interna) la nueva dosis.
Los escasos dos meses que precedieron a las elecciones del 15-O, líderes opositores, al igual que expertos y analistas, discutieron sobre las consecuencias y escenarios que se abrirían frente a la inevitable derrota del chavismo. Y aunque algunos incrédulos criticaron la recaída en la adicción por parte de la oposición, alegando que los dolorosos sacrificios experimentados durante las protestas del primer semestre de 2017 no tenían como objetivo elegir gobernadores, ninguno se atrevió a dudar que los resultados favorecerían ampliamente a la oposición.
La desconcertante noche del 15 de octubre enmudeció a todos por igual. Hasta el momento ninguna explicación luce convincente nacional e internacionalmente. Se tienen retazos de una olla maloliente, pero aún no se sabe muy bien que se cocinó dentro.
Entre las casi infinitas hipótesis explicativas de lo sucedido durante la elección, cuatro se erigen con mayor fortaleza.
En primer lugar, el acostumbrado ventajismo del que gozan los candidatos del oficialismo que les permite hacer uso de los recursos públicos para sus candidaturas sin el más mínimo pudor. A esto se suma el sistemático uso de las instituciones del Estado para entorpecer y boicotear a los partidos y candidatos opositores: inhabilitaciones, cambios en la normativa electoral, desinformación y un largo etc. La más reciente y sofisticada incorporación a la lista de tropelías ha sido el cambio masivo de electores de sus centros de votación, pocos días antes de la elección, en medio de un estado de total desinformación, afectando al menos a 700 mil votantes provenientes, casualmente, de centros electorales de tradicional apoyo a la oposición.
En segundo lugar, regresa el fantasma urbano del fraude. En esta oportunidad sin embargo, pareciese que es posible proporcionar por primera vez una pistola humeante con huellas dactilares y logo del CAVIM (Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares).
Las denuncias realizadas por el candidato opositor Andrés Velázquez desde el estado Bolívar de forjamiento de actas electorales pueden proporcionar las evidencias de la alteración de resultados para desconocer la voluntad de la mayoría. En la misma dirección apunta las denuncias realizadas por el Presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges, según las cuales hay problemas en más de 1,6 millones de huellas dactilares recogidas por el Sistema de Autenticación Integrado-SAI (captahuellas) durante la elección, pues no se sabe si esas huellas pertenecen realmente a la persona que fue autorizada para votar o si se cometió el delito de usurpación de identidad.
La tercera gran hipótesis es la abstención. La gran enemiga a vencer dentro de la campaña opositora.
La abstención contó extrañamente con aliados en ambos lados de la herradura política chavismo-oposición. Y aunque la participación se ubicó por encima del registro de la elección de gobernadores anterior (54% en 2012 vs. 61% el pasado 15-O) cuando analizamos los circuitos tradicionalmente más opositores del país, aquellos que concentran la mayoría de los votos opositores, observamos que estos presentan claramente una tasa de abstención mucho más alta que el promedio nacional. También por encima de esos mismos circuitos en elecciones anteriores.
Pero las causas de la abstención no se reducen a la campaña convergente entre radicales opositores y el chavismo. También encuentra explicación en el fuerte proceso migratorio que está padeciendo el país como consecuencia de la crisis. Adicionalmente, la participación se vio afectada por la reubicación de electores.
Entre las consecuencias de la abstención debemos mencionar dos importantes: en primer lugar ella puede explicar parcialmente la derrota opositora en estados como Miranda y Carabobo que cuentan con amplios circuitos como los descritos anteriormente. Pero más importante es el impacto de la abstención en la participación de la ciudadanía en los procesos de observación y control ciudadano del proceso de votación. Es decir, no se trata únicamente de las tasas de votación, sino muy especialmente de la participación activa en la defensa de la voluntad popular. Un ciudadano que acude a las urnas en el marco de una campaña abstencionista puede conformarse sólo con votar, pero en Venezuela eso no es suficiente.
Una prueba de esto es la realización de un escaso 56% de las auditorías ciudadanas (apertura de urnas para cotejar los resultados emitidos por el sistema automatizado) programadas. En este sentido, la abstención es el fraude. La ausencia de ciudadanos que controlen y vigilen el proceso electoral es el escenario soñado para quienes quieren manipular los resultados para torcer la voluntad del pueblo.
En cuarto y último lugar se erige la hipótesis de la construcción de un sofisticado aparato clientelar de dominación y coerción que redistribuye miedo y miseria a través del control de los mecanismos para una mínima existencia.
Según esta hipótesis el domingo 15 de octubre el gobierno, con un listado en una mano y una bolsa de alimentos (CLAP) en la otra, movilizó a la población para intercambiar su voto por una semana menos de hambre.
Para lograrlo el gobierno tendría que haber alcanzado los pensamientos más profundos de los electores hasta inocular un terror de tan alto grado de intensidad del que no es posible liberarse ni siquiera, en la soledad del recinto electoral frente a la máquina de votación.
Lo más alarmante de esta hipótesis es que habría pasado desapercibida. Ningún estudio o análisis de opinión pública lo ha reflejado y los testimonios aún no aparecen. Lo que para muchos es precisamente la prueba irrefutable del temor inoculado.
Hasta el momento ninguna de la cuatro hipótesis tiene capacidad explicativa o cuenta con evidencias suficientes para justificar el resultado electoral. Lo más probable es que la verdad se encuentre en alguna concatenación de eventos que las incluya a todas.
Lo que si aparece muy claro es que el gobierno se ha convertido en una máquina de invención de mecanismos para manipular y burlarse de los electores y que con ello intenta, desesperadamente, que la oposición deseche la vía electoral como el mecanismo de resolución de la tragedia venezolana.
*Investigador Centro de Estudios del Desarrollo, Universidad Central de Venezuela
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