Abusos a menores

El Gobierno indio aprueba la pena de muerte para violadores de menores de 12 años

La decisión queda pendiente de la ratificación del presidente del país

IMagen de un grupo de manifestantes protestando contra las violaciones de niñas
IMagen de un grupo de manifestantes protestando contra las violaciones de niñaslarazon

El Gobierno indio ha aprobado este sábado una enmienda penal para imponer la pena de muerte a los culpables de violar a niños menores de 12 años, según han confirmado fuentes oficiales al diario 'The Hindustan Times'.

El Gobierno indio ha aprobado este sábado una enmienda penal para imponer la pena de muerte a los culpables de violar a niños menores de 12 años, según han confirmado fuentes oficiales al diario 'The Hindustan Times'. La decisión del Gabinete de la Unión (el consejo de ministros) está pendiente de ratificación por el presidente del país, Ram Nath Kovind, pero se espera su firma "dentro de un día o dos, como máximo", según estas fuentes.

En la actualidad, la pena máxima por agresión sexual con agravante a menores es la cadena perpetua. La ley entró en vigor en 2012 y se aplicaba a delitos sexuales contra menores de 18 años. El Código Penal indio, sin embargo, establece la pena de muerte para la violación en grupo.

Este cambio en la legislación tiene lugar después de las masivas protestas por dos casos de violación, especialmente el de una niña musulmana de ocho años, perteneciente a la comunidad bakarwal, de ocho años. La niña fue violada y asesinada en la Cachemira india y su caso fue encubierto por las autoridades como parte de una conspiración contra esta minoría. Otras disposiciones incluidas en la ordenanza son la investigación y el juicio rápidos de los casos (en un plazo máximo de cuatro meses entre las dos fases), un aumento de la pena mínima para los convictos de violación y la eliminación de la fianza anticipada si la víctima es menor de edad.

La ordenanza también exige que la Oficina Nacional de Registros del Crimen mantenga una base de datos nacional y un perfil de delincuentes sexuales, cuyos datos se compartirán con los estados y territorios de la Unión para rastrear, supervisar e investigar, incluida la verificación de antecedentes por parte de la Policía.

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