«El juicio a Leopoldo López es similar a los de la Inquisición hace 400 años»

José Miguel Vivanco es el látigo constante de Human Rights Watch contra los abusos cometidos en países latinoamericanos ya sea por Gobiernos de cualquier signo o organizaciones criminales. En esta entrevista, realizada antes de una conferencia en la Casa de América, alaba el deshielo entre Cuba y EE UU y se posiciona en contra del pacto entre las FARC y el Gobierno colombiano porque equivale a impunidad. También afirma que las elecciones parlamentarias de Venezuela son claves para el futuro del país y pide que los observadores internacionales sean admitidos.

–¿La persecución judicial contra los directivos de periódicos críticos acabará por enterrar las voces independientes en el país?

–La mayoría de los jueces venezolanos son funcionarios del Poder Ejecutivo y actúan como soldados siguiendo órdenes superiores. En Venezuela, desde 2004 no existe un Poder Judicial como tal. Chávez intervino la Suprema Corte, que pasó a ser un apéndice del Ejecutivo que sirve para legitimar las decisiones tomadas. Sumado a eso, casi el 80% de los magistrados y jueces venezolanos son interinos y pueden ser sustituidos por la misma Corte Suprema de la noche a la mañana. Las órdenes de detención son el resultado que representa vivir en un país donde hay serias restricciones a la libertad de expresión, donde los medios deben autocensurarse y con una casi total concentración de poderes. Estas acciones son flagrantes atropellos y arbitrariedades de un régimen que actúa en términos autoritarios.

–¿Sin la observación de la OEA y la UE en las elecciones legislativas del 6 de diciembre serán creíbles?

–Esas elecciones son demasiado importantes para Venezuela. Es crucial que se pueda preservar la credibilidad de ese proceso electoral. Ese proceso debe ser transparente y no puede ser cuestionado por ningún sector y donde los resultados deben ser asumidos tanto por los perdedores como por la comunidad internacional. Es muy preocupante la actitud del Gobierno de Maduro, que ha rechazado categóricamente que tanto la UE como la OEA participen en la observación electoral. Es también sospechoso. Los únicos que tendrían posibilidades de llegar a Venezuela son los observadores de Unasur. Según sabemos, Unasur está en negociaciones aparentemente como el Gobierno. Ojalá el resultado sea la presencia de observadores internacionales que puedan emitir pronunciamientos y recorrer el país, y no meros acompañantes.

–¿Cree que la condena de Leopoldo López se le volverá en contra al Gobierno venezolano?

–Lo de Leopoldo López es escandaloso, porque sin haber pruebas ha concluido un proceso penal que resulta ser una farsa y ha terminado condenando a un hombre inocente a casi 14 años de prisión. El proceso de Leopoldo es similar a los juicios que promovió la Inquisición hace 400 años, sin pruebas y sobre la base de rumores y ficciones. Es un escándalo de grandes proporciones y ha servido para que muchos comprendan los excesos que se dan en Venezuela, donde el Gobierno tiene la capacidad para condenar a una persona a prisión por capricho.

–¿Funcionará una «paz injusta» en Colombia, como denuncian los críticos al diálogo?

–Tenemos la obligación moral y jurídica de buscar un equilibrio entre paz y justicia. No debe haber una contradicción excluyente. Veo difícil que un acuerdo de paz pueda contar con la credibilidad y pueda tener un impacto real en la vida de aquellos que están expuestos a la violencia y los abusos si no hay unos mínimos de justicia. En términos categóricos, este acuerdo consagra que criminales de guerra y de lesa humanidad confesos no van a prisión. Hoy día existen compromisos derivados del Tratado de Roma que no son protocolarios. El impacto de esos compromisos es entender que no todo es negociable, hay unos mínimos que deben guiarse por unos deberes jurídicos incorporados en esos tratados que deben quedar fuera de la negociación.

–¿Cree que la Corte Penal Internacional iniciaría procedimientos contra los autores de crímenes de lesa humanidad en Colombia pese a un hipotético acuerdo final?

–El presupuesto básico de la Corte Penal Internacional es que debe garantizarse justicia a nivel local mediante la investigación, procesamiento y castigo. Y por castigo se supone que implica la privación de la libertad proporcional a los delitos cometidos. En este caso, la falta de proporcionalidad es grotesca. Frente a crímenes de lesa humanidad, los autores de esos hechos que confiesen esos crímenes no irán a prisión.

–¿México es el peor país de América Latina en cuanto al respeto a los derechos humanos?

–México está transitando por una muy profunda crisis en materia de derechos humanos. La violencia cometida por cárteles de la droga, policías de todos los niveles y miembros del Ejército y la Marina ha catapultado las cifras de violaciones a los derechos humanos ignorados en México.