El presidente polaco veta la ley que somete a los jueces

Bruselas ha amenazado al Gobierno con quitarle el voto en el Consejo si sigue adelante con los planes para restar autonomía al sistema judicial.

La deriva autoritaria en la que está sumida Polonia vivió ayer un giro inesperado con el veto del presidente Andrzej Duda a dos de las reformas del sistema judicial polaco impulsadas por el Ejecutivo ultraconservador del partido Ley y Justicia, formación a la que el propio Duda pertenece. «Esta ley no fortalece el sentido de la justicia en la sociedad polaca», aseguró ayer el presidente en una declaración emitida por televisión después de las manifestaciones multitudinarias de protesta del pasado fin de semana y del ultimátum de Bruselas.

Con este gesto por parte del presidente, las dos propuestas vuelven al tejado del Parlamento para que sean modificadas teniendo en cuenta las recomendaciones de Duda. Las dos Cámaras, en las que Ley y Justicia ostenta la mayoría absoluta, habían dado luz verde a estas reformas y, como último paso, tan sólo era necesaria la luz verde por parte del presidente. Según los textos rechazados, el Tribunal Supremo se convertiría en un títere del Ejecutivo, ya que otorga al titular de Justicia –que a su vez también ostenta el cargo de fiscal general– el poder de nombrar a la mayoría de los miembros, y el órgano de los jueces también pasaría a depender de un mayor control por parte del Parlamento. El presidente, sin embargo, no ha puesto objeciones a la tercera pata de la reforma, que otorga al Ministerio de Justicia mayores poderes para nombrar a los presidentes de los tribunales regionales.

La semana pasada, el Ejecutivo europeo amenazó con activar el conocido en los pasillos bruselenses como «botón nuclear», el artículo 7, cuya puesta en marcha nunca se ha producido y que podría desembocar en la pérdida de los derechos de voto para Polonia. Sin llegar a este extremo, en el año 2016 la Comisión Europea ya expedientó a Varsovia por su tratamiento a los medios de comunicación y sus cambios en el Tribunal Constitucional y se daba por supuesto que esta próxima semana el país se enfrentaría a un segundo expediente tras la aprobación de estos textos legislativos.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, alertó el pasado miércoles de un «riesgo sistémico» para el Estado de Derecho en Polonia y aseguró «estar muy cerca» de activar el artículo 7. Pero lejos de cantar victoria, ayer las instituciones europeas optaron por la prudencia. El Ejecutivo comunitario reconoció su falta de sintonía con las autoridades polacas al recalcar que la oferta de diálogo realizada al Gobierno presidido por Beata Sydlo no había obtenido respuesta. Bruselas sigue con sus planes de debatir mañana en el colegio de comisarios la deriva autoritaria del país y prefiere no adelantar acontecimientos sobre los resultados de este encuentro. La semana pasada, Bruselas argumentó la necesidad de esperar a la aprobación definitiva de este paquete jurídico antes de emitir un informe que pudiera abrir un nuevo procedimiento de infracción contra Polonia. A pesar de las amenazas a micrófono abierto, en los pasillos comunitarios se reconoce la dificultad de apretar el botón nuclear en un momento en el que el descontento ciudadano hacia Bruselas ha cristalizado en procesos como el Brexit. También existe el peligro de aumentar la brecha con los países del Este, tras la crisis de refugiados. Como muestra, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, ha aprovechado la tensión vivida en el país, ejemplificada en las últimas protestas, para mostrar su intención de defender a Polonia de la «inquisición» bruselense.