El proceso electoral que dio la victoria a Maduro fue «nulo de pleno derecho»

La candidatura del vicepresidente Nicolás Maduro fue contraria a la Constitución venezolana y dio lugar a "un vicio de nulidad que afecta a todo el proceso electoral haciéndolo nulo de pleno derecho". Ésta es una de las principales conclusiones a las que llega el estudio elaborado por la misión de apoyo internacional a la observación en las elecciones de Venezuela, promovida por el Instituto de Altos Estudios Europeos y por la Red Internacional de Universidades para la Paz, y que ha sido presentado este martes en Madrid.

Esta misión, formada por cinco personas, permaneció antes y después de las elecciones en el país y recogió muestras en 46 colegios electorales durante el día de la consulta electoral del pasado 14 de abril que dio la victoria a Maduro por 300.000 votos frente al opositor Henrique Capriles. El resultado abrió una crisis política que sigue abierta en Venezuela.

El estudio constata que el Tribunal Superior de Justicia obvió en su sentencia del 8 de marzo la prohibición al vicepresidente -cargo que en ese momento ocupaba Maduro- de postularse como candidato presidencial. Los observadores explican que el alto tribunal planteó "una controvertida y forzada interpretación"de la Constitución al asegurar que ante la ausencia temporal de Chávez, Maduro ya ejercía de presidente -cuando según la ley sólo estaba cumpliendo algunas de las funciones de presidente-, lo que le convertía automáticamente en titular del cargo.

Según la jurista Claudia Salcedo, integrante de la misión de observadores, Maduro tenía que haber renunciado a su puesto de número dos del Gobierno. Pero esa variante habría dejado paso libre al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, para quedarse al frente del Gobierno hasta la convocatoria de nuevas elecciones. La oposición siempre ha sostenido que existe una pugna soterrada entre Cabello y Maduro por liderar el régimen.

Golpe a la democracia

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición opositora, se echó las manos a la cabeza cuando conoció la sentencia del TSJ y calificó la situación generada de golpe a la democracia. Esta decisión, dice el estudio, "hizo saltar las alarmas de gran parte de la ciudadanía sobre el peligro de amañamiento de las decisiones públicas".

El resultado electoral ha sido impugnado por la oposición bajo acusaciones de fraude. La petición de una auditoria no ha colmado las exigencias de la MUD, ya que no se han cruzado los resultados del voto automático, las actas y los cuadernos de votación. Según Gustavo Palomares, presidente del Instituto de Altos Estudios Europeos, la oposición tendría que demostrar ante organismos internacionales que ha existido una violación de los derechos fundamentales para avanzar en sus demandas. Palomares también aseguró que en las elecciones de este año ha habido más irregularidades que en las de octubre de 2012, con Hugo Chávez como candidato.

Anacleto Villarroel, también miembro de la misión de observadores, recordó que según el propio Consejo Nacional Electoral existen 1,2 millones de votos que no fueron identificados por las máquinas captahuellas el día de la consulta. En el año 2002, los no identificados eran 200.000 votos, un dato que califica de "sospechoso". Villarroel también llamó la atención sobre el hecho de que Venezuela es "quizás"el único país del mundo con cinco poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, popular y electoral.

Irregularidades «gravísimas»

Entre las irregularidades constatadas -alguna de ellas "gravísimas"- por esta misión de observadores están muchas de las ya reseñadas por la oposición. Lo relevante es que quien ahora señala la existencia de incidencias es un equipo neutral e independiente. Algunas de las que aparecen en el informe son: presiones a los funcionarios públicos para apoyar de forma activa a Maduro, identificación forzada de una gran parte de la estructura administrativa con los objetivos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el secretismo del Consejo Nacional Electoral al proporcionar los resultados, la negativa del presidente del Parlamento a dar la palabra a los diputados opositores, la "preocupante permeabilidad"del poder judicial a la voluntad del ejecutivo y del partido que le mantiene, la identificación de gran parte de las instalaciones militares con los objetivos de la candidato de Maduro y la apropiación absoluta de los medios de comunicación de titularidad pública por parte del Gobierno,

Los autores del estudio destacan la experiencia que vivieron en el colegio electoral Aplicación, donde una multitud gritaba consignas durante el día de la elección, con cacerolada incluida, denunciando fraude. Los hechos observados e indagados, dice el estudio, son constitutivos de los siguientes delitos electorales: no permitir que el votante ejerza su derecho al sufragio, accionar mecanismos fraudulentos, portar armas, alterar el orden público, impedir el voto a los electores con discapacidad y asistir como acompañantes de oficio para asistir el voto a más de una persona.

En la rueda de prensa, Palomares ha asegurado que dada la escasa diferencia de votos entre ambos candidatos y el número tan alto de incidencias registradas, el resultado electoral hubiera sido otro.