Disturbios
La escalada de violencia sectaria amenaza la transición siria
La respuesta del gobierno interino al intento de rebelión de antiguos elementos del régimen acaba en un baño de sangre contra la población alauí, un 10% de la población siria
Tres meses después del inesperado desmoronamiento de la dictadura de Bachar al Asad y la llegada a Damasco de una amalgama de facciones armadas islamistas lideradas por Hayat Tahrir al Sham (HTS), el brote de violencia de los últimos días en las gobernaciones de la costa siria amenaza con hacer saltar por los aires el proceso de transición política en el país levantino.
El conato de insurrección de grupos armados vinculados al anterior régimen -en torno al autoproclamado Consejo Militar para la Liberación de Siria- y la operación destinada a sofocarla por parte del ejército gubernamental derivaron este fin de semana en una auténtica matanza -con decenas de ejecuciones a sangre fría a civiles inermes- que ha tenido como víctima principal la población alauí, una rama del islam emparentada con el chiismo y a la que pertenecía la élite de la dictadura de los Asad.
A falta de balances oficiales y ante la imposibilidad de informar de manera independiente sobre el terreno, las ONG que se atreven a dar números de víctimas, con el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) a la cabeza, elevan el número global de víctimas de los últimos días -incluidas las registradas en las filas de las fuerzas de seguridad interinas- bien por encima del millar de muertos. “Lo que ha ocurrido es casi un genocidio. No sé cómo los alauíes van a confiar en este gobierno otra vez. La situación en Siria ha cambiado a partir de ahora”, asegura a LA RAZÓN desde Utrech (Países Bajos) la investigadora universitaria y activista siria Carla Boulos.
En lo relativo a la cronología de los hechos más claro parece que todo empezó a comienzos de la semana pasada, cuando varios miembros de las fuerzas de seguridad del gobierno interino fueron asesinados en una emboscada protagonizada por hombres armados leales al depuesto Bachar al Asad en la provincia de Latakia. Tras lo ocurrido, el gobierno liderado por los neoyihadistas de HTS comenzó una operación que no impidió que el jueves pasado elementos armados vinculados al anterior régimen acabaran con la vida de 16 miembros de las fuerzas sirias. Miembros afines al depuesto régimen se habían hecho en la mañana del viernes con el control de la base aérea de Astamu y Al Qardaha y se atrincheraron en zonas montañosas de Latakia.
Fue a primera hora del viernes cuando el gobierno decidía iniciar una ofensiva “a gran escala” en varias demarcaciones del oeste para sofocar el conato de insurrección. Cómo y cuándo la campaña de las fuerzas del gobierno interino contra los remanentes del ejército baazista y los choques entre ambos bandos derivó en una sucesión de ejecuciones de civiles a manos de individuos armados en calles, viviendas y carreteras está lejos de haber sido esclarecido ni someramente.
El horror de las imágenes que llegaban del interior de Latakia y Tartús y las cifras que avanzaban las ONG obligaron este domingo al presidente y hombre fuerte de la nueva Siria anunciaba la formación de una comisión “independiente” de investigación. Ayer, con Siria copando los titulares en todo el mundo, las autoridades interinas anunciaron el fin de la operación militar lanzada a primera hora del viernes en el oeste del país. El portavoz del Ministerio de Defensa sirio celebraba ayer el “éxito” de las fuerzas de seguridad en la ofensiva y aseguraba haber logrado “todos los objetivos especificados en esta fase”. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió ayer de urgencia para abordar la situación.
Con independencia de la responsabilidad del gobierno en la matanza, son más que razonables las dudas sobre la capacidad de las nuevas autoridades a la hora de garantizar la seguridad de la población no suní, al igual que las que plantea una eventual investigación. “No sabemos cuándo los grupos terroristas y milicias que siguen actuando en Siria volverán a hacerlo otra vez. Por una parte, en Siria no contamos con mecanismos jurídicos ni tribunales para juzgar lo que ha pasado. Y, por otra parte, si el propio gobierno ha violado ya los derechos humanos, ¿cómo van a ser ellos quienes pongan a otros ciudadanos ante la justicia?”, reflexiona la investigadora doctoral en la Universidad de Estudios Humanísticos de Utrecht.
Transición en peligro
El episodio de violencia ha supuesto un duro golpe al proceso de transición abierto hace ahora tres meses. A pesar de su dilatado historial yihadista, el autoproclamado presidente, Ahmed al Sharaa, ha insistido en sus alocuciones públicas una y otra vez en la necesidad de construir una Siria de todos en la que las minorías -alauíes, cristiana, drusa y kurda- gocen de la protección de un Estado copado por grupos islamistas suníes. Con el mismo espíritu conciliador e inclusivo se constituyó a mediado de febrero una comisión -elegida por el propio presidente- con el objetivo de elaborar una constitución democrática.
Pero lo ocurrido en la última semana ha evidenciado dos realidades que auguran más violencia e inestabilidad: la existencia de profundos odios sectarios en un país dividido por decenas de dictadura y guerra y la incapacidad -por acción u omisión- de los actuales gobernantes a la hora de garantizar la protección de las minorías. “Por supuesto que la transición está en peligro, porque la coexistencia está amenazada. Muchos alauitas creen que no podrán vivir en Siria”, concluye Boulos.
Otro temor es que la situación provoque, otra vez en un país exhausto de ser campo de batalla internacional, la intervención de agentes estatales y no estatales externos en Siria. Las imágenes de un grupo de personas, probablemente familias alauitas, junto a la base militar rusa de Jmeimim, en Latakia, pidiendo a viva voz el auxilio y la protección de Rusia, antigua aliada de la dictadura de Bachar al Asad, evidencia la falta de confianza de una parte de la población siria en sus propias autoridades. El Gobierno de Irán, antigua aliada de Damasco y líder del mundo chií condenó ayer “firmemente” las “masacres” de civiles en Siria y aseguró que la situación “supone una prueba muy importante y real para los gobernantes en Siria a la hora de cumplir con su deber, que es proteger la vida y las propiedades de todos los sirios”. Entretanto, las consecuencias de lo ocurrido se dejan ya notar en el vecino Líbano, un país que es paradigma de la división confesional desde hace décadas, adonde llegan en las últimas horas miles de sirios alauitas huyendo del horror.