Johnson desafía a la UE con la ruptura del Protocolo de Irlanda del Norte

Durante las largas y arduas negociaciones del Brexit, el objetivo siempre fue el de pactar una separación ordenada que garantizara una buena armonía entre Londres y Bruselas. Y, sin embargo, la tan temida guerra comercial podría ser ahora inevitable porque tan solo 18 meses después de consumarse a efectos prácticos el histórico divorcio, Downing Street quiere violar el acuerdo alcanzado con la UE.

El Gobierno británico acaba de cumplir con sus amenazas presentando en la Cámara de los Comunes la propuesta de ley con la que quiere cambiar, de manera unilateral, el llamado Protocolo para Irlanda del Norte, considerado el Santo Grial del pacto sellado con el bloque.

Tras el Brexit, la provincia británica ha quedado con un estatus diferente al del resto de Reino Unido a fin de evitar frontera dura con la República de Irlanda, requisito indispensable para sellar la paz entre católicos y protestantes en 1998. Pero eso obliga ahora a realizar controles aduaneros a las mercancías intercambiadas con Gran Bretaña. Londres argumenta que la nueva carga burocrática -que a día de hoy no se ha implementado en su totalidad- no solo está provocando una escasez de productos sino que además está creando tensiones políticas entre ambas comunidades.

De ahí que quiere implementar ahora dos tipos de corredores. Uno verde, exento de controles, para las mercancías procedentes de Gran Bretaña que permanezcan en territorio norirlandés y no crucen a la República de Irlanda (mercado único europeo). Y uno rojo para el resto de envíos.

Asimismo, quiere que los estándares de calidad impuestos en Irlanda del Norte sean los británicos, y no los de la UE. Y pretende más flexibilidad impositiva, de modo que cualquier modificación del IVA que aplique en Gran Bretaña se aplique también a Irlanda del Norte. Esto afecta de pleno al “level-playing field”, cuestiones de competencia y convergencia regulatoria, lo que siempre se quiso evitar durante las largas negociaciones de divorcio.

Por último, se elimina la supervisión del Tribunal de Justicia de la UE como mecanismo de arbitraje -lo que es una línea roja para Bruselas- y, en su lugar, se deja la sentencia final sobre disputas comerciales a los tribunales británicos a los que se les otorga nuevos poderes.

Johnson argumenta que se trata tan solo de “ajustes triviales en el contexto más amplio” de la situación y explicó que arreglar los fallos es un mero “cambio burocrático” y es “relativamente sencillo” hacerlo. En este sentido, recalcó que sería “una gran exageración” si Bruselas reacciona instigando una guerra comercial y dijo que lo que trata de hacer es “simplificar las cosas para eliminar las barreras al comercio entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte”.

En un principio, el “premier” Boris Johnson no quería llegar tan lejos. Pero, después de que su liderazgo haya quedado completamente cuestionado tras la moción de confianza presentada la semana pasada, está dispuesto ahora a ceder a las demandas del núcleo duro euroescéptico de sus filas a fin de evitar una nueva rebelión.

La responsable de presentar ayer la propuesta de ley en la Cámara de los Comunes fue la ministra de Exteriores, Liz Truss, al frente de las nuevas negociaciones con Bruselas. En su día, votó a favor de que el Reino Unido permaneciera en la UE, pero ahora se ha pasado al extremo opuesto para así contentar a los `brexiteers´ y posicionarse en caso de unas posibles primarias dentro del Partido Conservador. El particular `Juego de Tronos´ que se vive en la formación siempre ha de tenerse en cuenta cuando se analizan las tensiones con Bruselas.

En un grupo parlamentario sumamente dividido, lo que agrada a unos enfurece a otros, y un sector importante de los `tories´ moderados ya ha adelantado que votará en contra porque considera que la legislación propuesta es “dañina para todo lo que representan Reino Unido y los conservadores”, “tóxica para los votantes indecisos de los que depende la unión del país” y “viola el derecho internacional”.

La abogada general del Estado, Suella Braverman, que es miembro del Gabinete, defiende que las acciones están justificadas porque, ante todo, se debe proteger la paz en el Ulster. Y en este sentido, se aferra a la situación que se vive ahora en el Parlamento de Belfast.

Tras el triunfo histórico de los católicos del Sinn Fein en los últimos comicios autonómicos de mayo, los protestantes del DUP se niegan ahora a formar gobierno de coalición que ambas comunidades deben respetar por el acuerdo de paz de 1998. Los unionistas se sienten traicionados por Johnson por haber dejado a Irlanda del Norte más alineada con la normativa de Dublín que con la de Londres y no están dispuestos a desbloquear la crisis política hasta que se cambien los nuevos controles aduaneros.

El problema es que, pese a la gravedad de la situación, no se ha pedido una opinión a Sir James Eadie, el abogado independiente del Gobierno en temas legales de importancia nacional. Y, según la prensa británica, esta figura indicó que “sería muy difícil para Reino Unido argumentar que no está violando el derecho internacional si sigue adelante con algunos de los movimientos que se están considerando”.

La reacción de la UE

La Comisión Europea reactivará la vía judicial contra Reino Unido por violar las disposiciones del protocolo para Irlanda del Norte negociado entre las partes para mitigar el impacto del Brexit en el Úlster, después de que el Gobierno de Boris Johnson presentara formalmente este lunes una ley que en la práctica suspende de manera unilateral el pacto.

“La Comisión considerará continuar el procedimiento de infracción abierto en marzo de 2021 contra el Gobierno de Reino Unido. Suspendimos esa acción en un espíritu constructivo de cooperación para dar espacio a la búsqueda de soluciones conjuntas, pero la acción unilateral de Reino Unido va directamente contra ello”, ha dicho desde Bruselas el vicepresidente del Ejecutivo comunitario responsable de las relaciones con Reino Unido, Maros Sefcovic.

Bruselas inició ese primer expediente sancionador contra Reino Unido al constatar los primeros incumplimientos británicos del protocolo, pero meses después optó por paralizar el proceso para favorecer una solución negociada, sin que haya habido resultados tangibles desde entonces.

Horas antes, la UE ya había advertido que no descartaba tomar acciones legales. Sefcovic advirtió de que las intenciones británicas de dejar de aplicar el Protocolo es “una fórmula para la incertidumbre” y será “dañino para la confianza común”.

Sefcovic insiste en que la UE “siempre ha prestado la máxima atención” al impacto que el Brexit tiene en Irlanda del Norte y “ha ofrecido soluciones funcionales”, después de que un portavoz de Downing Street acusara el pasado jueves a Bruselas de no haber respondido a su invitación para retomar las negociaciones.