Cuando en Venezuela parece que las aguas del conflicto político navegan sin mayores perturbaciones de las habituales, el Gobierno de Nicolás Maduro arrecia. Esta semana ha vuelto a ocurrir. Con el diálogo en Barbados auspiciado por Noruega en punto muerto, con Maduro gobernando hasta donde puede por las presiones financieras, y con un Juan Guaidó que se enfrenta a críticas de sectores opositores por cómo pasa el tiempo sin un desenlace, el chavismo ha comenzado una nueva ola de represión contra colaboradores del líder opositor, considerado «presidente interino» por la Asamblea Nacional y por más de 50 países.

Ayer, el fiscal general impuesto por la Constituyente de Maduro, Tarek William Saab, anunció que su despacho comenzó a investigar penalmente a Juan Guaidó por supuestamente «negociar el territorio esequibo» a cambio de respaldos políticos de Guyana. Se trata de la cuarta investigación que recae sobre el también jefe del Parlamento venezolano, que antes ha sido acusado de malversación de fondos y usurpación de funciones ejecutivas, por lo cual su inmunidad parlamentaria ha sido allanada por la Constituyente, sin potestad legal para ello.

Las investigaciones también abarcan a Vanessa Neumann, designada por Guaidó como su embajadora ante Reino Unido, y el activista Manuel Avendaño, después de que la vicepresidenta Delcy Rodríguez divulgara un audio de WhatsApp de una conversación privada en la que la mujer comenta la necesidad de excluir el tema del reclamo territorial por el Esequibo del discurso público opositor para ganar respaldos en el Foreign Office.

La respuesta a las acusaciones chavistas la dio Julio Borges, designado comisionado especial de Asuntos Exteriores y quien permanece fuera del país desde comienzos de 2018, al afirmar que fue Hugo Chávez quienes entregaron el Esequibo a Guyana a cambio de respaldo político hace una década. La disputa territorial tiene más de un siglo.

El anuncio del fiscal chavista ocurre mientras las fuerzas policiales del régimen han practicado varios allanamientos ilegales a residencias de personas nombradas por Guaidó como parte de su «gabinete de sombra». El martes, le tocó a la casa de Javier Troconis, comisionado presidencial para la Gestión y Recuperación de Activos. Los agentes se llevaron documentación vencida y tarjetas bancarias expiradas de la vivienda desocupada hace varios años. Hicieron lo propio con la residencia de Carlos Balza, miembro de la directiva de Petróleos de Venezuela, que lleva nueve años viviendo en el extranjero. Dos días más tarde, el embajador ante OEA, Gustavo Tarre Briceñó, denunció que funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales irrumpieron en su residencia.