«Hay hambre y ahora quieren que haya esclavitud»

La oposición venezolana arremete contra un decreto de Maduro que obliga a los trabajadores privados a trabajar en el campo

Ya no es suficiente con los soldados movilizados para plantar tomates en el Valle de Quibor. Según una resolución adoptada en el marco de la emergencia económica vigente en el país, las compañías privadas en Venezuela estarán obligadas a ceder a sus trabajadores para reforzar los planes del chavismo en el sector agrícola. La medida del Ministerio de Trabajo, publicada en la gaceta oficial ayer, dispone que las empresas públicas y privadas deberán darle al Gobierno la mano de obra requerida para «fortalecer la producción» agroalimentaria. Con ese fin, la cartera estableció un régimen especial para «todas las entidades de trabajo del país, públicas, privadas, de propiedad social y mixtas». La resolución, de carácter transitorio, no detalla los mecanismos para la cesión de los empleados, ni los períodos en los que podrán ser reasignados.

Sin embargo, apunta que quienes sean elegidos deben tener «condiciones físicas adecuadas» y «conocimientos teóricos y técnicos» en áreas productivas. Los empleadores privados, mientras, no tendrán que asumir el pago de sueldos, pero sí las obligaciones vinculadas con el sistema de seguridad social. Los acuerdos salariales originales se respetarán, añade el texto.

El 12 de julio, Nicolás Maduro prorrogó 60 días el estado de excepción y de emergencia económica que rige en Venezuela desde enero, que le permite tomar medidas extraordinarias en materia social, económica y política. El país soporta una escasez del 80% de alimentos y medicinas que ha terminado por minar la popularidad del presidente, enfrentado a una ofensiva opositora para revocar su mandato presidencial.

La oposición no tardó en criticar la última ocurrencia del Gobierno chavista. Según el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, el decreto es una agresión a la libertad de trabajo. «Un gobiernito que se decía obrerista ahora emite una resolución para obligar a los obreros a cambiar su línea de trabajo», opinó. A su juicio, el presidente quiere convertir a los venezolanos en rehenes socioeconómicos del Estado: «Además de que hay hambre, ahora quieren que haya también esclavitud».

El diputado Miguel Pizarro, presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, denunció que el Gobierno no elabora un plan para evitar el hambre o aceptar la ayuda humanitaria, sino que fuerza a los trabajadores a hacer lo que ellos quieran.

En la misma línea, Amnistía Internacional (AI) habló directamente de trabajo forzado. «Intentar abordar la severa falta de alimentos en Venezuela forzando a la gente a trabajar en el campo es como intentar curar una pierna quebrada con un curita», dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI. «El nuevo decreto es completamente inútil en cuanto a encontrar formas para que Venezuela pueda salir de la crisis en la que ha estado sumergida por años. Las autoridades venezolanas deben enfocarse en pedir y llevar de manera urgente la ayuda humanitaria que millones de personas necesitan en todo el país y desarrollar un proyecto efectivo a largo plazo para abordar esta crisis», expresó.

El texto establece que deberán trabajar temporalmente en estas compañías un mínimo de 60 días cuando sus «contratos» pueden ser renovados automáticamente por un período extra de 60 días o se les permitirá regresar a sus trabajos originales.