De la supresión del 'roaming' a las comisiones opacas de las tarjetas o el cambio climático

El Parlamento Europeo es la casa común de 500 europeos, que aprueba leyes que determinan la vida de los ciudadanos.

255 días de sesiones plenarias, 27.014 votos, 12.774 enmiendas aprobadas, 2.187 horas de sesión, 2.134 textos adaptados y 708 actos legislativos. Éste es el recopilatorio realizado por el Instituto Jacques Delors de la actividad realizada por la Eurocámara durante la legislatura 2014- 2019. Un ritmo frenético que parece tener poco eco fuera de la burbuja comunitaria. En España, uno de los países más europeístas del bloque, tan sólo el 28% de los ciudadanos sabían en el mes de marzo (último Eurobarómetro) la fecha de los próximos comicios europeos, y eso que los encuestadores tan sólo exigían conocer el mes y no inquirían sobre el día exacto. Fruto de este desconocimiento, la baja participación que tradicionalmente registran estas elecciones. En el año 2014, tan sólo el 42,61% de los ciudadanos europeos decidió acudir a las urnas. Un número prácticamente calcado al de 2009, cuando esta cifra fue del 42,97%. En 1979, la fecha de las primeras elecciones europeas, los ciudadanos de los nueve países convocados entonces votaron en un 63% y el Estado con un porcentaje más modesto fue Reino Unido con una participación del 32,2%. Desde entonces, la tendencia a la baja ha sido continua.

¿Por qué esta falta de interés? La Eurocámara intenta estos días hacer un ejercicio de pedagogía suplementario y hacer balance de una legislatura en la que se han adoptado importantes leyes en beneficio de los 500 millones de ciudadanos europeos. El Parlamento Europeo ha sido tradicionalmente la institución con menos poder dentro del complejo entramado legislativo comunitario, pero, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en el año 2009, su capacidad de codecisión ha aumentado en numerosas áreas. Pero paradójicamente, cuanto más poder ostenta el Europarlamento, menos participación se registra en las elecciones. La institución intenta acercarse a sus ciudadanos, aunque quizás sin demasiado éxito. Según el Instituto Jacques Delors, en esta última legislatura la cámara europea ha mantenido encuentros con 69 parlamentos nacionales, ha organizado 552 audiencias públicas, ha recibido 1.584.158 visitas de ciudadanos europeos y 258.000 preguntas parlamentarias por parte de ciudadanos. Quizás no con el eco esperado, pero el esfuerzo ha sido ímprobo.

Actualmente la Eurocámara se ha convertido en colegislador (a la par que los Estados representados en el Consejo) en 85 materias diferentes que incluyen desde el mercado interior hasta el medio ambiente, redes transeuropeas, energía, transporte, protección de los consumidores, libertad, seguridad, justicia y política agrícola, entre otros. Además, mantiene poder de veto en 15 dominios diferentes, lo que incluye la elección de los altos cargos europeos, la firma de los acuerdos internacionales (incluido el pacto del divorcio británico y los acuerdos de libre comercio y de adhesión para la entrada de nuevos miembros al club comunitario) y los presupuestos plurianuales. Precisamente, uno de los mayores retos del nuevo Parlamento Europeo será la aprobación del próximo marco financiero en el periodo 2021-2027 , del que dependen las ayudas a la Política Agricola Común, los fondos regionales, el programa Erasmus y los de Investigación y Desarrollo, entre las principales partidas.

Quizá el talón de Aquiles de la Eurocámara reside en su falta de participación en el denominado Semestre europeo, que coordina las políticas económicas de los Estados bajo la batuta de la Comisión Europea y aplica el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que fija los límites del déficit público. La crisis financiera que devino en crisis de deuda para los países de la zona euro llevó aparejada una multiplicación de los mecanismos de vigilancia económica y de los organismos para salir al rescate de los Estados, que fueron construyéndose sobre la marcha. Esto provocó que, durante los peores años de la crisis, el Parlamento Europeo se viera relegado en importantes decisiones. A esto se suma su papel meramente simbólico en temas de política internacional, en los que su única potestad reside en resoluciones sin peso legislativo con el objetivo de dinamizar el debate público.

Fuera de estos ámbitos, esta convulsa legislatura ha alumbrado diferentes iniciativas con un impacto directo y real en la vida de los ciudadanos europeos. Aunque estos no lo sepan. Dentro de estos logros, está incluida la aprobación de un paquete para luchar contra el cambio climático que incluye la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y nuevos objetivos para las energías renovables y la eficiencia energética. La posición de la Eurocámara facilitó que en las negociaciones finales los objetivos fueran más ambiciosos que los planteados inicialmente por los estados europeos. Además, en esta legislatura también se ha aprobado una nueva legislación sobre los derechos de autor que intenta responder a la nueva era de internet, un nuevo reglamento sobre la protección de datos de carácter personal, el fin del recargo tarifario por los costes del «roaming», numerosas medidas contra el terrorismo –entre las que destaca la creación del registro de pasajeros aéreos PNR–, la supresión de las comisiones opacas por pago con tarjeta, una nueva guardia europea para el control de fronteras y la prohibición de plásticos de un solo uso. Entre los grandes retos de los próximos cinco años estará una reforma del sistema de asilo que no llega a despegar debido a las reticencias mostradas por los Estados europeos.