La nueva Asamblea tumba los planes económicos de Nicolás Maduro

El decreto de emergencia no podrá aplicarse, pero el Gobierno augura más «confrontación»

El conflicto de poderes se agudiza en Venezuela tras una semana en vano. La Asamblea Nacional (AN), controlada por la oposición, tumbó ayer el decreto de emergencia económica emitido el viernes pasado por el Gobierno de Nicolás Maduro, quien ordenó a sus ministros para que no fueran al Parlamento a dar explicaciones argumentando que no podrían revelar datos frente a los medios de comunicación. La votación nominal puso de manifiesto el rotundo «no» a los planes de Maduro para reforzar sus poderes por encima del Legislativo: 107 votos en contra y 54 a favor del texto, en una sesión celebrada en un clima de tensión pero sin incidentes. Maduro declaró el estado de emergencia económica para afrontar la grave crisis del país, que ha registrado una inflación en 2015 de tres dígitos –la más alta de toda su historia–, y una contracción del PIB del 4,5%.

El «no» de la Mesa de la Unidad Demócratica (MUD) a los planes económicos del Gobierno era un secreto a voces. El diputado José Guerra, presidente de la comisión parlamentaria encargada de evaluar el decreto, anunció el día anterior que «el decreto quiere que la Asamblea renuncie a controlar el gasto público y que le dé un cheque en blanco al presidente». Otro de los artículos plantea aplicar un corralito financiero en el país. «Esto jamás lo vamos a aprobar a este Gobierno ni a otro que venga», zanjó Guerra. Ni siquiera el golpe de timón del Gobierno al mostrar su disposición de «revisar el control cambiario» surtió efecto a última hora. Nicolás Maduro lamentó ayer el «giro negativo» del Parlamento y acusó a la MUD de buscar el camino del «show» y la «confrontación estéril».

¿Qué pasará ahora, una vez que el Parlamento no ha aprobado el decreto de emergencia económica? Para la ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia Blanca Rosa Mármol, no podrá ser aplicado sin la aprobación de la Asamblea Nacional. «Ahí se agota la instancia», añadió, según establece la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción.

El «estado de emergencia» ha abierto un nuevo episodio de la crisis institucional en Venezuela. Tal y como avanzó Guerra, la Asamblea Nacional emprenderá acciones legales por «desacato» contra los ministros y los representantes del Banco Central y de Petróleos de Venezuela, que se negaron a asistir a la convocatoria del jueves ante la comisión parlamentaria que evaluaba el decreto. Según establece la Constitución, la inasistencia injustificada del funcionario puede suponer desde multas económicas hasta la suspensión del cargo por tres meses con la retirada del sueldo. «No quieren dar la cara», puntualizó Guerra.

Los oficialistas justificaron su ausencia apelando a la seguridad nacional. «Ellos saben perfectamente que hay materias que no pueden ser dilucidadas públicamente», señaló el vicepresidente del Ejecutivo, Aristóbulo Istúriz.

La escenificación de un choque de trenes deja al país en el mismo punto que hace una semana, o incluso agudiza el conflicto de poderes. El martes, Maduro lanzó una amenaza a la oposición: «Si me niegan el decreto, entraremos en una confrontación». El dirigente bolivariano trata de compartir el costo político de la crisis con la oposición: «Si se encuentra una solución, será por la disposición del Gobierno; si se acentúan los problemas, será porque los opositores tumbaron el decreto», apunta a este periódico Luis Alberto Buttó, de la Universidad Simón Bolívar.

En contra del decreto también se manifestó, entre otros, el presidente de la patronal Fedecámaras, Francisco Martínez, quien ha calificado el texto de «contraproducente». Según éste, la medida «puede aumentar situación de precariedad de la familia venezolana». Martínez aseguró que es falso que exista una guerra económica e indicó que es igualmente falso que la crisis sea producto de la bajada de los precios del petróleo.