«La sociedad asume que ésta es una oportunidad histórica para Colombia»

Reforzar los eslabones más débiles en la ejecución de un hipotético acuerdo de paz entre ambas partes. Esta es la misión del Instituto de Altos Estudios Europeos (IAEE) en Colombia, donde lleva a cabo la primera iniciativa de la comunidad internacional en el acompañamiento del diseño de un nuevo escenario de post conflicto en el país latinoamericano. Gustavo Palomares, catedrático europeo en la UNED, presidente del IAEE y director del Proyecto Europeo Pedagogía de la Paz y Gestión del post Conflicto colombiano, habla en esta entrevista de los retos a los que se enfrenta el país, donde próximamente se celebrarán elecciones legislativas (marzo) y presidenciales (mayo). Mientras tanto, el Gobierno y la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) siguen negociando el La Habana el tercer punto de la agenda.

-¿En qué puede ayudar el Instituto de Altos Estudios Europeos(IAEE) en el conflicto de Colombia?

-El IAEE tiene como fin acompañar desde el punto de vista técnico los cambios que las administraciones colombianas van a realizar en sus políticas, cambios que van a ser claves en la creación de escenarios de post conflicto. Estamos analizando cómo se ha avanzado en las áreas de paz y desarrollo, en la estructuración de nuevas políticas para los escenarios de postconflicto, en la restitución de tierras, memoria histórica y reparación de víctimas. También formamos a los funcionarios con responsabilidad para darles contenidos orientados a evitar los errores cometidos en otras instituciones de post conflicto. Precisamente, una de las claves es que no se produzca un cierre en falso de los acuerdos. Por ejemplo, tenemos muchas experiencias que nos dicen que una reparación exclusivamente administrativa o económica a las víctimas no es suficiente para crear condiciones de justicia, perdón y reparación. Se necesita por tanto hacer un trabajo de reparación moral, especialmente en los departamentos del país, que han sido los ámbitos más machacados por el conflicto.

-¿Qué error registrado en otros procesos de post conflicto no se puede repetir?

-Partimos de una premisa: estos acuerdos tienen que suponer un cambio fundamental en las políticas públicas, una refundación del Estado si se quiere. No habrá una socialización de los acuerdos de paz si los acuerdos no crean las condiciones que permitan eliminar algunas de las causas profundas que han alimentado el conflicto. Por ejemplo, los acuerdos tienen que ser un motor fundamental en la lucha contra la desigualdad y tienen que propiciar ámbitos de recuperación social que generen desarrollo económico en las regiones. Además, se tienen que crear canales de participación ciudadana, y no sólo para aquéllos que han sido actores de la violencia, sino también para aquellas capas de la sociedad que no pueden participar en política debido a las limitaciones que impone el sistema.

-¿Puede haber paz si hay impunidad?

-No puede haber paz estable ni justicia si hay impunidad o sospechas de impunidad. Quiere esto decir que los grandes actores de las FARC tendrán que pedir disculpas y expiar situaciones carcelarias durante bastante más tiempo del que han expiado las autodefensas. Es difícil encontrar el equilibrio entre la excepcionalidad de la justicia derivada del proceso de paz y la impunidad. Pero habrá que encontrar un consenso social.

-¿Todos los estamentos de la sociedad colombiana están dispuestos a asumir grandes renuncias?

-Ahora hay una mayor fe por parte de la comunidad internacional en el proceso de paz que la fe que pueda tener el colombiano. Aun así, hay que decir que es el momento en el que la sociedad ha mostrado un apoyo y una fe decididos ante las negociaciones. La interiorización social asume que probablemente ésta es la gran oportunidad histórica de Colombia, cosa que no sucedió ni con el presidente Pastrana ni con Samper, ni tampoco con periodos anteriores. Probablemente, el proceso ya es irreversible, aunque decir esto puede ser una barbaridad cuando se habla de procesos tan delicados como éste. Dentro de las FARC, probablemente el Frente Sur no acepte el acuerdo. Pero incluso si hay un frente de las FARC que no asume el proceso, éste ya es irreversible.

-Las víctimas no están participando en el proceso. ¿De qué manera se les puede involucrar?

-Se puede convocar un foro nacional de víctimas buscando vías de consenso. Esto quiere decir que el protagonismo total en la creación de las condiciones deseables del postconflicto, en los órganos nacionales, en los municipios y en los departamentos, lo tienen que tener las víctimas. Hay que abrir un debate a la verdad y a la reparación. Y la verdad es una condición sine qua non para que fluya todo lo demás. Sería fundamental crear un periodo de tiempo, de cinco a seis meses, antes de que el nuevo marco jurídico y político se ponga en marcha, para ganar el tiempo perdido con las víctimas. El propio Gobierno es consciente de que tiene un déficit con las víctimas.

-¿Habrá sorpresas el día en que se vote en referéndum los acuerdos con las FARC?

-Todo el mundo habla pestes del proceso de paz, pero muchos en la soledad de la cabina de votación decidirán todo lo contrario de lo que te dicen en la calle. Todos tienen un muerto en su familia, pero al mismo tiempo todos son conscientes del coste de la no paz.

-¿Tiene sentido una comisión de la verdad o incluso un tribunal internacional en el caso colombiano?

-Los colombianos tienen instancias para llevar a cabo ese proceso de la verdad por la vías jurisdiccional, política y ciudadana. Este proceso, que tiene que estar liderado por las víctimas inocentes, tiene que redundar en espacios de verdad y reconciliación. Para ello, los actores culpables tendrán que pedir perdón pública y privadamente. Hay un acuerdo alcanzado en la mesa de negociación para establecer un modelo de verdad que luego podrá ser refrendado en un documento y aprobado por las cámaras. Necesariamente esa verdad tendrá que ser el principio de todo lo demás. Los departamentos y municipios han sido el campo de batalla del conflicto. Por lo tanto, ellos tienen que ser los escenarios clave a la hora de plantear las condiciones de paz y justicia y en la estructuración de nuevas políticas públicas.

-¿Los cambios derivados de los acuerdos de paz serán una refundación del Estado?

-Si va a existir una nueva política pública de igualdad y de paz, como quiere la Presidencia de la República, se va a producir una reforma del sistema político; probablemente no del marco constitucional, pero sí de todo el horizonte político, de la ley de partidos, de la ley de representación y de los nuevos canales de financiación. También habrá una nueva política pública referida a los desplazamientos y a la justicia transicional. La Presidencia de Colombia quiere poner en marcha en los primeros seis meses de este año un nuevo marco jurídico de restitución de tierras, que tiene poco que ver con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que ahora mismo se está aplicando. Hay una gran reforma del Estado y sobre su descentralización. Si todo esto no es una refundación del Estado, sin duda sí que supone un antes y un después.

-¿En qué debería consistir ese nuevo marco jurídico para la restitución de tierras?

-Hay que establecer un nuevo marco jurídico de restitución de tierras que fije cuál va a ser el ámbito fundamental de legitimidad de acceso a la tierra y saber si va a existir una parte de ese territorio que se entregará como reparación. La gran cuestión es conocer la tipología de los territorios que vayan a repartirse. En este sentido habrá que ver si el 36% de las tierras de Colombia que se encuentra directa o indirectamente en posesión de las FARC va a formar parte de ese banco de distribución. En ese 36% del territorio se encuentran las principales vías de comercialización del negocio de drogas. Habrá que establecer si serán zonas comunales y si servirá como una forma de reparación a las comunidades y familias especialmente maltratadas. También habrá que ajustar algunas de las incongruencias que se han encontrado en la actual Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Por ejemplo, se han establecido titularidades difusas para legitimar posesiones ilegales. Y existen serias sospechas de que van a ir a las manos de los terratenientes de siempre, que han ido comprando por vía notarial participaciones de tierras que no habían sido reclamadas.

-¿Las circunscripciones transitorias especiales de paz son un mecanismo que ayudará a democratizar Colombia?

-Me parecen bien siempre y cuando no se asocien únicamente a circunscripciones de las FARC. Si la ciudadanía percibe que hay diferente calidad democrática en cuanto a los derechos y el sufragio activo y pasivo, entonces habrá problemas. Ahora bien, si esas circunscripciones son el fiel reflejo de esos nuevos ámbitos de participación política en una clara redefinición de la transparencia y del funcionamiento democrático en Colombia, no habrá problema. El gran valor de este punto es abrir y democratizar una sociedad tan blindada, tan sanguínea y exclusivista como la colombiana. En este sentido, habrá que introducir elementos de igualdad democrática para que en ese barco vayan las FARC, pero también muchos otros grupos. Por ejemplo, la nueva representación rural que surgió durante la protesta del último año o los grandes movimientos estudiantiles tendrán que subirse a ese barco. Pasa lo mismo con las grandes minorías como los indígenas y los afrodescendientes. Sería importante que los actores entiendan este punto no sólo como una forma de participación política sino como una puerta que se abre en una sociedad que políticamente ha sido muy exclusivista, en donde los umbrales políticos los han tenido los partidos tradicionales y siete familias.

-¿Habrá una misma justicia para todos los actores del conflicto?

-Frente a algunas posiciones que he escuchado en el Gobierno que dicen que hay que crear situaciones jurídicas penales diferentes según qué casos, yo digo que sería fundamental establecer criterios de igualdad en el tratamiento de cualquier delito, sea cual sea el actor que lo ha producido.

-¿Las elecciones de este año pueden poner en peligro el proceso de paz?

-Los negociadores han sido bastante inteligentes porque han sabido separar el marco de negociación del show mediático, político y electoral que vamos a ver en estos meses. Quiere esto decir que si el más que probable parón del proceso negociador, coincidente con la campaña electoral, es un parón acordado en la mesa de negociación y se exhiben resultados, este proceso electoral no debe afectar a la negociación, incluso sea quien sea el ganador.

-El uribismo ha hecho saber que no continuarían las negociaciones si llega al Gobierno.

-El coste político e histórico de acabar con el proceso de negociación que pagaría el que tomara esa decisión es demasiado alto.

-¿Las FARC asumirían en bloque los acuerdos?

-La digestión interna de las FARC va a ser tan difícil como la que va a tener que gestionar el Gobierno con todos sus actores y la ciudadanía. Al igual que el Gobierno, las FARC van a tener que socializar estos acuerdos por la vía refrendataria, lo que supone convocar una asamblea para explicar el acuerdo a todos los frentes. Y en esas asambleas tendrán que pagar un coste porque surgirán escisiones.

-¿Cuándo cicatrizarán las heridas del conflicto colombiano?

-Ninguno de esos procesos de paz históricos se ha cerrado en menos de entre 15 y 30 años. Por ejemplo, el proceso de Centroamérica aún se encuentra muy latente. La normalización de Colombia es algo que nosotros no vamos a ver y probablemente serán los nietos de los colombianos actuales quienes lo administrarán. Por eso, es inevitable empezar a crear las condiciones para que en algún momento ese perdón se dé. Va a haber que tragar muchas lágrimas y sacrificar muchos rencores.

-¿Cuáles son las alternativas para reconvertir a las Fuerzas Armadas en una situación de paz?

-Parte de las Fuerzas Armadas colombianas, que disponen de entre 500.000 y 600.000 efectivos, podría orientarse hacia el ámbito de la seguridad civil en los departamentos y municipios. También hace falta un pacto social y empresarial para buscar nuevos ámbitos laborales. Lo que sí tengo claro es que la responsabilidad empresarial debe ser importante y tiene que jugar un protagonismo que hasta ahora no ha tenido.