La UE avala que Berlín limite las ayudas a los comunitarios

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Melchior Whatelet, respaldó ayer la normativa alemana que contempla la denegación de la concesión de ayudas sociales a los denominados «turistas sociales o económicos», es decir, aquellos europeos en busca de empleo o respaldo económico y social que se trasladan a otro país de la Unión aprovechando la libre circulación. El dictamen, que tiene que ser todavía confirmado por el Alto Tribunal, insiste en que las disposiciones que excluyen a los ciudadanos comunitarios de estas prestaciones son legales si el individuo en cuestión no tiene vínculos reales con el Estado de acogida. En concreto, Whatalet se pronuncia sobre un caso presentado por una ciudadana de origen rumano residente en Leipzig, quien fue excluida del seguro básico en Alemania en base a una norma de derecho germano. En teoría, en Alemania, los demandantes de empleo necesitados de asistencia pueden solicitar el seguro básico con el fin, entre otras cosas, de garantizar su subsistencia. Dicho seguro debe permitir una vida acorde con la dignidad humana y se supone que cubre las necesidades básicas, las necesidades adicionales y las necesidades de alojamiento y calefacción. A juicio del abogado general, la legislación que deniega las prestaciones del seguro básico a quienes, lejos de pretender integrarse en el mercado laboral, llegan a Alemania con el único fin de beneficiarse del régimen alemán de asistencia social, «es conforme con la voluntad del legislador de la Unión». «Esta exclusión permite evitar que quienes ejercen su libertad de circulación sin tener intención de integrarse se conviertan en una carga para el sistema de asistencia social. Además, es conforme con el margen de maniobra de que disponen los Estados miembros en la materia. En otros términos, permite evitar los abusos y una cierta forma de «turismo social o económico», asevera.

El objetivo, afirma, es evitar una carga excesiva para el sistema nacional de asistencia social. El abogado general recuerda que el derecho comunitario autoriza a los ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias a residir en un Estado miembro distinto de aquél del que son nacionales durante un periodo de tres meses mientras no se conviertan en una carga excesiva para la asistencia social del Estado miembro de acogida. Si esas personas desean permanecer más de tres meses, deben disponer de recursos suficientes para no convertirse en un lastre para la asistencia social del país de acogida. En consecuencia, puede haber desigualdad de trato entre los nacionales del Estado miembro de acogida y los demás ciudadanos de la Unión en lo que respecta a la concesión de las prestaciones de asistencia social. Las ayudas que retirará Alemania serán las destinadas a parados de larga duración, que en la actualidad supone un monto de 391 euros al mes. La iniciativa pactada por la Gran Coalición va destinada a frenar la inmigración de búlgaros y rumanos, principalmente, después de que desde el pasado 1 de enero se eliminasen todas las restricciones de entrada para estos dos países. La llegada de rumanos y búlgaros se incrementó un 50% el año pasado. La preocupación de las autoridades alemanas es también utilizada por los partidos populistas y xenófobos.