La UE dispondrá de un registro europeo de antecedentes penales

Los ataques de París mostraron que los países no compartían información antiterrorista.

Compartir información entre los Estados es esencial para la lucha antiterrorista. La cooperación aún no es plena en los Veintiocho y la Comisión Europea prevé trabajar para mejorarla, concretamente en lo que se refiere al intercambio de antecedentes penales. Se propone que se compartan las bases de datos nacionales para que todos los Estados miembros tengan acceso a los datos de ciudadanos cuando existen condenas.

La Comisión prevé tener lista su propuesta antes de que concluya la Presidencia holandesa del Consejo Europeo en junio. «Es la ambición de la Presidencia holandesa intentar tener una orientación general sobre la propuesta del registro europeo de antecedentes penales (ECRIS, en sus siglas en inglés) antes de que concluya», señalaba el ministro de Justicia de Países Bajos, Ard Van Der Steur.

La comisaria de Justicia, Vera Jourova, reconoció que se trata de un tema legal «muy complicado», pero confía en poder contentar al conjunto de Estados miembros, «siempre desde el respeto a la protección de datos». Asimismo, señaló que se ha dado el primer debate con los países sobre los acuerdos a los que se quiere llegar con las empresas de tecnología e internet, para poder tener acceso también a los datos que sean necesarios en caso de que se solicite. Se trata de todo un desafío, pero han comenzado los primeros pasos para ver la fórmula en la que se puede materializar para incluir también datos de extracomunitarios. «Estamos en una primera aproximación, tenemos que ver el coste que conllevará, que lo habrá, y plantearlo, pero me satisface tener ya el mandato del Consejo para poder trabajar», añadió Jourova.

Esta medida es una respuesta a la necesidad «urgente» de cooperación entre Estados tras los atentados de París del 13-N. Después de la tragedia, quedó patente que los terroristas pueden atravesar Europa en coche sin ser detenidos porque no se comparte información entre países, ni siquiera entre vecinos. Al menos no con la celeridad que sucesos así demandan. Hasta ahora, cuando un juez condenaba a un ciudadano no comunitario, esa información quedaba archivada en la base de datos nacional.

También servirá para detectar fácilmente si entre los refugiados se puede encontrar alguna persona con antecedentes penales o tiene una identidad falsa. De esta forma, se acabaría con el debate que aún persiste sobre el miedo a que entre los demandantes de asilo puedan llegar a suelo europeo yihadistas. Una medida más que se sumaría al control de fronteras del espacio Schengen, que los ministros acordaron el lunes poder extender durante dos años, desde los seis meses que permite ahora el acuerdo.