Maduro, el dictador acorralado

El heredero de Hugo Chávez inicia un periodo inédito, sin Estado de derecho y sin reconocimiento exterior. Aislado, amenaza al Grupo de Lima con sanciones si mantiene las dudas sobre su legitimidad.

Nicolás Maduro cruza hoy un umbral inédito. El chavismo siempre apeló a la legitimidad de origen como punto final de cualquier discusión política. Lógico en un país que durante 60 años entendió que quien ganaba una elección era quien mandaba, incluyendo a los militares. Pero en 2019, el heredero de Hugo Chávez inicia un período distinto, sin Estado de Derecho, sin reconocimiento de actores clave, sin argumento jurídico, sin más que la fuerza. Estos días en Venezuela las televisiones oficiales y buena parte de las privadas transmiten con insistencia propaganda sobre la juramentación de Maduro. «Yo soy presidente», dicen grupos de personas en coro, todos portando la banda tricolor. Pero en la calle las dudas corren. «Yo creo que es ilegítimo, pero ahí está en Miraflores mandando», suelta Ramiro Salgado, un electricista de Caracas que asume que «en este país ya nada es por lo legal». Ayer, en el palacio presidencial, Maduro declaró que su Gobierno es legítimo: «A mí nadie me ha regalado nada. Estoy aquí por los votos del pueblo», dijo recordando los resultados de los comicios del pasado 20 de mayo, rechazados por la oposición, 15 países del continente y la Unión Europea. «Han pretendido convertir mi juramentación en una guerra mundial. Y denuncio que está en marcha un golpe de Estado en Venezuela, pero vamos a ver qué fuerza tiene. No vamos a permitir un desliz. Quien pretenda posicionar un plan golpista se va a enfrentar con la justicia y todo el poderío cívicomilitar».

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel

Al gobernante dice no preocuparle la postura de la Unión Europea, de Estados Unidos o del Grupo de Lima. A éste último le dio 48 horas para retirar sus acusaciones o tomará represalias. «Hoy por hoy Venezuela tiene más apoyo internacional de los más importantes líderes del mundo que lo que tenía años atrás». Pero solo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha viajado a Caracas para la investidura junto a Evo Morales (Bolivia) y Daniel Ortega (Nicaragua). Otras naciones, como Turquía, México o Uruguay han enviado embajadores o encargados de negocios. China está representada por su ministro de Agricultura. Ningún representante del Gobierno español estará presente.

La jura del cargo se efectúa en la sede del Tribunal Superior de Justicia y no en la Asamblea Nacional, que está en manos de la oposición.

El presidente de Bolivia, Evo Morales

Maduro dijo querer un 2019 de prosperidad económica, pero está pendiente saber si podrá siquiera mantener la gobernabilidad. En su primer mandato, el PIB pasó de 5,6% a -18%; la inflación, del 21% a 1.698.488,2%; las reservas internacionales, de 30.000 millones de dólares a 8.400 millones; y la producción de petróleo de 2,4 millones de barriles diarios a 1,1. Aun así sobrevivió en el poder, incluso durante 2018, cuando la escasez de insumos básicos se mantuvo sobre 65%, la pobreza alcanzó el 90% de los hogares, según las tres principales universidades del país, la moneda nacional quedó pulverizada y la capacidad petrolera perdió unos 650.000 barriles de crudo diarios, según fuentes no oficiales, representando la mitad del desplome que ha tenido la principal industria del país.

¿Cómo lo hizo? Aumentando el costo social. Las importaciones de Venezuela acumularon apenas unos 9.200 millones de dólares. En contraste, en 2012 fueron 66.000 millones. El impacto aguas abajo se nota en el desabastecimiento y la pobreza. Unas carencias que empujaron la ola migratoria más acentuada del continente en el último siglo.

Además, en 2018 el Gobierno entró en «default» con varios de sus acreedores, aprovechando esos fondos no pagados –unos 8.000 millones de dólares– para financiar al Estado, condicionó los subsidios directos e indirectos y permitió la extracción de oro a cualquier coste ambiental (que se tradujo en más de 1.000 millones de dólares en exportaciones). Para este año, el analista Michael Penfold considera que «la posibilidad de repetir los mismos trucos en el plano económico será muy limitada» pues la producción de crudo pudiera promediar apenas 950.000 barriles diarios, en un mercado de precios a la baja. Además, en 2018 China y Rusia dejaron de dar dinero fresco a Maduro, pues Caracas no tiene capacidad de pagar las deudas ya existentes con ambas potencias. El apoyo geopolítico sigue irrestricto. «Frente a esta realidad, Maduro no tendrá más alternativa que flexibilizar el mercado privado, ceder control petrolero y extender nuevos contratos para frenar el colapso de la industria», ratifica Penfold. Pero el sector privado tampoco es gran respuesta: las sanciones internacionales impiden el acceso a créditos de fuera y el tamaño de la economía ya es muy pequeño.

El economista José Guerra ha dicho que el país solo será viable si hay un cambio político. Para ello, tres fuerzas serán determinantes. La primera es la Asamblea Nacional, que ha dicho que convocará a un órgano de transición para buscar cómo terminar la «usurpación del poder» de Maduro. Luego, la Fuerza Armada, para quien la legitimidad de origen ha sido columna vertebral de actuación. Ahora, pudiera cuestionar la línea de mando y atender el artículo 333 de la Constitución, que llama a restaurar la vigencia del Estado de derecho. El Gobierno lo sabe y se blinda: en 2018 más de 150 militares fueron apresados y acusados de rebelión; y las prebendas al sector militar, con amplia participación en la economía, han aumentado.

La tercera son las fuerzas de base del chavismo. El PPT, un partido aliado, ha pedido «una manera distinta de gobernar». El partido Redes teme que para sobrevivir en el poder, Maduro decida abrirse al libre mercado. Otras voces, como la fiscal exiliada Luisa Ortega y el ex ministro de Chávez Rafael Ramírez, llaman a buscar una transición. «En la medida que logre aguantar exitosamente, terminará condenando a todo un país», concluye Penfold, para quien el cambio político no es imposible pues las presiones para buscar salidas negociadas aumentarán.