"Las mafias disfrutan del monopolio del transporte y optan por las rutas más largas y peligrosas"

El fin de semana pasado se produjo un letal naufragio en las costas de Calabria, en el sur de Italia. Al menos 70 personas murieron intentando llegar a suelo europeo. Una cifra que sube a 327 los fallecidos en el mar Mediterráneo en lo que va de 2023. Ante esta última tragedia preguntamos al experto en migración Maurizio Albahari al respecto si pudo haberse evitado este naufragio. Albahari, que es profesor en la Facultad de Antropología en la Universidad de Notre Dame, en Indiana, explica los motivos por los que las rutas hacia Italia son tan arriesgadas y recuerda que los "contrabandistas disfrutan del monopolio del transporte y optan por rutas más largas y peligrosas".

El año pasado murieron casi 1.400 personas al intentar cruzar en Italia. ¿Por qué es tan peligrosa esta ruta?

Las actuales rutas marítimas hacia Italia son peligrosas debido a una combinación de factores. En primer lugar, la gran mayoría de los refugiados internacionales que se encuentran actualmente en Libia y Turquía se enfrentan a la imposibilidad de facto de buscar legalmente un refugio seguro fuera de estos países. Aprovechando esta situación, los contrabandistas disfrutan del monopolio del transporte y optan por rutas más largas y peligrosas (entre Turquía y el sur de Italia, y Libia y Sicilia): los estrechos más accesibles entre Túnez e Italia, y Turquía y Grecia, están fuertemente patrullados. Las embarcaciones que utilizan son a veces innavegables y siempre están abarrotadas, lo que las convierte en navíos en peligro. Una embarcación en apuros, independientemente de su estatus legal, debe recibir ayuda mediante esfuerzos coordinados de búsqueda y salvamento (SAR) por parte de barcos estatales, comerciales, privadas o no gubernamentales. Las operaciones SAR, que pueden suponer un reto logístico, son cada vez más difíciles desde el punto de vista burocrático y controvertidas desde el punto de vista político.

El 26 de febrero murieron unas 100 personas en las costas italianas, muy cerca de Calabria (a unos 150 m). ¿Podría haberse evitado este naufragio mortal?

Es evidente que varias entidades, entre ellas primero un vehículo aéreo de Frontex y luego los servicios italianos y locales de la Guardia Costera y la Guardia Financiera, sabían de la existencia de este barco navegando por el mar Jónico (en una ruta utilizada desde hace más de una década) hacia la costa de Calabria, varias horas antes del naufragio. Aunque la justicia italiana acaba de empezar a investigar este asunto y es probable que los contrabandistas nunca enviaran una llamada de socorro, lo cierto es que la Guardia Financiera envió embarcaciones a buscar el barco como parte de sus actividades policiales y de patrulla fronteriza, pero no logró localizarlo y regresó a los muelles aparentemente a causa del temporal. La Guardia Costera, que normalmente se encarga de las operaciones SAR y puede contar con embarcaciones especializadas en todo tipo de condiciones meteorológicas, no envió sus embarcaciones para localizar y posiblemente ayudar a la embarcación en apuros, aparentemente porque nunca recibió tal solicitud. Frontex, la Guardia Financiera, la Guardia Costera, y sus respectivas oficinas, Ministerios y centros de coordinación, no se comunicaron eficazmente, y posiblemente subestimaron la situación de la embarcación como necesitada de ayuda inmediata, mucho antes de que se encontrara en las proximidades de la costa calabresa. La precaución habría sugerido un esfuerzo SAR activo y coordinado. Los ciudadanos de Calabria se preguntan literalmente: ¿habría sido un exceso de precaución, si mis propios hijos hubieran estado en ese barco?

Después de tantas muertes, ¿en qué está fallando la política migratoria italiana?

Algo que la política migratoria italiana está haciendo bien es su apoyo sostenido al reasentamiento seguro y legal en el territorio de un número (modesto) de refugiados vulnerables, llevado a cabo en su mayor parte por organizaciones cristianas. Lo que falla es su insistencia en un modelo de control de las fronteras marítimas que utiliza de facto el Mediterráneo como foso y como herramienta para postergar las políticas. Su principal objetivo es mantener a los migrantes, incluidos los refugiados, lejos de sus costas, incluso patrocinando su detención y aprehensión por fuerzas libias. Cuando este planteamiento fracasa, suele dejarse que intervengan la Marina y la Guardia Costera italianas, pero las políticas nacionales y de la UE desmantelaron la infraestructura SAR sistemática constituida anteriormente por la misión intergubernamental "Mare Nostrum". Además, se está disuadiendo financiera, logística y penalmente a los actores no gubernamentales de participar en misiones SAR. En última instancia, sin embargo, la política italiana está fracasando porque, desde principios de la década de 1990, se ha negado a asumir de forma proactiva la dimensión sistemática y a largo plazo de las llegadas de refugiados y de la demanda de migración laboral, aferrándose en su lugar a enfoques insostenibles y costosos basados exclusivamente en la aplicación de la ley y en emergencias recurrentes.

¿Puede cambiarlo el Gobierno italiano?

El Gobierno italiano, en coordinación con los socios internacionales y de la UE, debe desempeñar un papel activo a la hora de prever y garantizar migraciones seguras y ordenadas, tanto laborales como de refugiados. Unas cuotas laborales más realistas, visados de estudios, políticas de reagrupación familiar y el acceso legal al asilo y a canales de reasentamiento renovados podrían haber salvado a algunas personas del último naufragio: el modelo de negocio de los contrabandistas se cuestiona más eficazmente desde la raíz. Además, y quizás de forma más inmediata, la política de inmigración no tiene cabida en el mar. Cualquier evaluación del estatus legal de los migrantes, su conveniencia y "merecimiento" de acogida o asilo no debería determinarse en el mar, donde las normas y costumbres internacionales obligan a prestar asistencia incondicional a las embarcaciones en apuros, lo que sugiere la urgente necesidad de una infraestructura SAR más eficaz y menos cuestionada políticamente.