Las puertas del local de tacos de Carmela Diaz están cerradas, las mesas no tienen clientes y nadie trabaja en la cocina. Es uno de los muchos negocios hispanos que antes prosperaban —desde locales nicaragüenses hasta restaurantes hondureños— y que en las últimas semanas han quedado vacíos en barrios con muchos letreros en español pero cada vez menos gente en las calles.

En la ciudad de Kenner, que tiene la mayor concentración de residentes hispanos de Luisiana, una ofensiva federal de inmigración con un objetivo de 5.000 detenciones ha devastado una economía que ya venía sufriendo por el aumento de operativos este año, según algunos propietarios. Y ha tenido efectos de gran alcance tanto en inmigrantes como en ciudadanos estadounidenses.

“Cada vez venía menos gente”, dijo entre lágrimas Díaz, cuya Taquería La Conquistadora lleva varias semanas cerrada porque tanto clientes como trabajadores tienen miedo de salir de casa. “Hubo días en los que no vendimos nada. Por eso tomé la decisión de cerrar el negocio: porque no había negocio”.

El miércoles, convoyes de vehículos federales empezaron a circular de un lado a otro por las principales calles comerciales de Kenner mientras el Departamento de Seguridad Nacional ponía en marcha la más reciente de una serie de operaciones de control migratorio que han incluido despliegues en Los Ángeles,Chicago y Charlotte (Carolina del Norte). Testigos han publicado videos de agentes federales deteniendo a personas frente a negocios de Kenner y en obras de construcción.

El comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, también hizo una aparición en la ciudad, rodeado de agentes con equipo táctico, para presentar ante la prensa la operación denominada Catahoula Crunch, un nombre derivado del perro de caza mayor que es el perro estatal de Luisiana.

Una comunidad en tensión

La población hispana del estado ha crecido rápidamente en las dos últimas décadas, muchos de ellos llegados tras el huracán Katrina de 2005 para ayudar en la reconstrucción. En Kenner, al oeste de Nueva Orleans, entre el río Misisipi y el lago Pontchartrain, los hispanos representan alrededor del 30% de los residentes.

Díaz, originaria de El Salvador, llegó en 2006 tras años trabajando en el campo en Texas. Abrió camiones de comida, ganó lo suficiente para comprar una casa en Kenner y su negocio creció hasta tener una flota de camiones y dos restaurantes.

Casi todo eso está cerrado en este momento debido a la ofensiva, y Díaz se las arregla preparando entregas a domicilio para personas que temen ser detenidas por los agentes.

“No respetan a nadie”, dijo Díaz. “No piden documentos. No investigan. Les ponen las esposas y se los llevan”.

El DHS dice que las operaciones se enfocan en delincuentes violentos

La portavoz Tricia McLaughlin dijo el jueves que los agentes federales ya han realizado decenas de arrestos, aunque la agencia no ha publicado una lista completa de detenidos.

“Los estadounidenses deberían poder vivir sin miedo a que inmigrantes ilegales criminales y violentos los dañen a ellos, sus familias o sus vecinos”, dijo McLaughlin en un comunicado. “En solo 24 horas sobre el terreno, nuestros agentes han arrestado a delincuentes violentos con historiales que incluyen homicidio, secuestro, abuso infantil, robo, hurto y agresión”.

La oficina del alcalde Michael Glaser, un exjefe de policía, declinó comentar sobre su postura respecto a la operación. Pero dijo que la ofensiva “entra dentro de la jurisdicción federal” y que el alcalde espera que todas las agencias que operan en la ciudad actúen “de manera profesional, legal y respetuosa con nuestra comunidad”. También señaló que la ciudad “no participa ni asesora” en la operación.

Sin embargo, la policía local forma parte de las cientos de agencias de seguridad estatales y locales del país que han firmado acuerdos para integrarse a un programa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que les autoriza a retener detenidos para una posible deportación.

Temor por familiares vulnerables

Sergio Pérez, un inmigrante guatemalteco y ciudadano estadounidense que vive en Kenner desde 2010, dijo que tiene seres queridos sin permiso legal para estar en el país que corren el riesgo de ser detenidos o deportados. También teme que cualquier persona hispana esté en riesgo de sufrir abusos por parte de agentes federales, sin importar su estatus migratorio.

Aunque Pérez considera que Kenner es su hogar —un lugar donde es fácil encontrar platos como el “caldo de res”, un guiso sustancioso de carne y verduras—, está dispuesto a abandonar el país si deportan a sus familiares.

“No nos quieren aquí”, afirmó Pérez. “Es como estar en la casa de alguien y no sentirte bienvenido. Están matando nuestro espíritu”.