Nueva expropiación a la vista

El Gobierno argentino podría volver a jugar la carta de la nacionalización de empresas si los cortes de luz que desde hace dos semanas afectan al país se alargan y empiezan a mermar seriamente la popularidad de la presidenta Cristina Fernández de Kichner.

Ayer, el jefe de Gabinete del Ejecutivo, Jorge Capitanich, volvió a culpar a las compañías eléctricas y aseguró que la «reestatización del servicio» es «una de las hipótesis de trabajo» que analiza. Cuando hay un corte de luz, la Administración peronista necesita desviar la atención del verdadero problema de fondo, que no es otro que una crisis energética nacional tras una década sin las inversiones adecuadas.

Capitanich, convertido en el nuevo «dóberman» de Fernández, protesta contra Edesur, gestionada por la eléctrica española Endesa. Es una estrategia que ya utilizaron las autoridades kirchneristas cuando nacionalizaron empresas como Repsol YPF, la línea de trenes Sarmiento o Aerolíneas Argentinas. «Es una de las hipótesis, como también lo es la transferencia directa a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», indicó el jefe de Gabinete del Ejecutivo.

Mientras, la presidenta se encuentra descansando plácidamente en la sureña provincia de Santa Cruz, donde las temperaturas son sensiblemente más bajas que los 36 grados que se registran en Buenos Aires. Por ahora, no se ha pronunciado sobre el problema, traspasando el desgaste de imagen a otros funcionarios.

En los últimos años, las distribuidoras de electricidad se limitaron a realizar tareas de mantenimiento de la red y a incrementar la potencia de sus redes para hacer frente al crecimiento promedio del consumo. Por lo tanto, cada vez que hay un pico de demanda como el de estos días se producen cortes.

Tanto Edenor como Edesur informaron de que reforzaron sus plantillas con personal adicional contratado en los últimos días, pero igualmente se encuentran desbordadas. La realidad es que las tarifas –congeladas y subsidiadas desde hace años– han generado una situación de estancamiento. Las eléctricas aseguran que sus beneficios son mínimos y que, por tanto, no pueden invertir.

Esta historia se repite con otros servicios como el deficiente sistema de comunicación móvil o el transporte público. El problema es que cuando el Gobierno procede a intervenir, las empresas se vuelven deficitarias, como es el caso de Aerolíneas Argentinas, con pérdidas estimadas hasta el momento de 3.566 millones de dólares. Una cifra que le alcanzaría al país para comprar más de tres American Airlines, al valor que costaba la firma norteamericana la semana pasada en el mercado.

Mientras, un millón de argentinos llevan sin luz ni agua 15 días, lo que ha originado el bloqueo de calles y autopistas de los damnificados. Ayer se repitieron los cacerolazos en Buenos Aires. Una de las protestas más fuertes ocurrió en el barrio porteño de Balvanera. Allí, unos 20 vecinos cortaron la calle quemando basura en las calles a modo de barricada.

Sin camisa, algunos se bañaban en los contenedores de basura, repletos de agua. Otros enseñaban indignados los cables de luz quemados. «Llevo diez días sin luz, tengo una tienda de alimentos y he perdido toda la mercadería», asegura Marcela de 30 años.

A su lado Manuel nos muestra sus tatuajes del equipo de fútbol San Lorenzo, y nos comenta: «Yo tengo una generador pero llevo gastados 700 pesos (100 euros) en gasolina, hago changas (arreglos) en las casas y el sueldo no me alcanza», afirma indignado.

Un recibo de 5 euros al mes

En Argentina se subsidia de todo. Desde un preservativo hasta un viaje en avión. Una información aparecida recientemente en el diario «La Nación» exponía que en la actualidad el Estado distribuye un millón de euros en ayudas cada hora, lo que supone un incremento del 34% en un año. Se subsidia el trigo, es decir el pan, los combustibles y, sobre todo, la electricidad (26.000 millones). Cada familia argentina en Buenos Aires paga unos 10 euros cada dos meses por su consumo eléctrico. Además, según la ley, las compañías no pueden cortar el servicio por impago al tratarse de un derecho básico. El Gobierno aprieta a las compañías para que no suban las tarifas y, en consecuencia, los ingresos no aumentan y las inversiones no terminan de llegar a un sistema muy necesitado.