El proyecto de emergencia pública de Milei plantea un "terremoto legal" en Argentina

El proyecto de ley de emergencia que el Gobierno de Javier Milei envió este miércoles al Congreso de la Nación afectará a casi todos los ámbitos de la economía, la política y la sociedad de Argentina, y permitirá que se deleguen facultades legislativas en el Poder Ejecutivo bajo el pretexto de una emergencia múltiple.

La llamada ley de "bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos" llega una semana después del polémico decreto de necesidad y urgencia (DNU) que sancionó el presidente ultraliberal y que entrará en vigor este viernes.

De aprobar el proyecto, los legisladores del Congreso permitirán que el Ejecutivo declare la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social hasta, al menos, el 31 de diciembre de 2025. La emergencia podrá prorrogarse por dos años, lo cual abarca todo el mandato de Milei.

En total, el Gobierno propone una ley que reformará, eliminará o añadirá 664 artículos legales.

Milei pretende sustituir el actual sistema de elección de diputados, que se reparten proporcionalmente mediante el sistema D'Hont, por un sistema de circunscripciones o distritos uninominales como el que funciona en Estados Unidos o Reino Unido.

Además, el proyecto contempla la eliminación de las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) y la implementación de la boleta electoral única.

Reformas del Código Penal

El proyecto también propone una reforma del Código Penal para elevar las penas a quienes "sin crear una situación de peligro común impidieren estorbaren o entorpecieren el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas", que podrán ser sancionados con entre uno y tres años y medio de cárcel.

Quienes convoquen a más de tres personas y organicen una "reunión o manifestación" de este tipo podrán ser condenados a entre tres y seis años de prisión.

También se impondrán sanciones más severas a quienes agredan físicamente a los agentes.

Según el proyecto de ley, el Gobierno podrá privatizar hasta 41 empresas estatales con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica.

Entre las empresas públicas sujetas a esta privatización que figuran en un anexo al proyecto están: Aerolíneas Argentinas, el Banco de la Nación Argentina, la petrolera YPF, los ferrocarriles, la agencia de noticias Télam, la Casa de la Moneda o Nucleoeléctrica Argentina.

El proyecto también blindará el decreto de necesidad y urgencia (DNU) para la práctica desregulación de la economía argentina, firmada el miércoles por Milei.

El decreto 70/2023 entrará en vigor este viernes y ya se enfrenta a varias denuncias en los tribunales y no tiene garantizado el apoyo de los legisladores de las cámaras.

El texto del proyecto también establece que los productos agrícolas que hoy no tienen derechos de exportación pasarán a tributar un 15%, lo que se traduce en una subida de las retenciones aplicadas a la actividad agropecuaria.

En materia de seguridad, el proyecto amplía los supuestos en los que se podrá aplicar la figura de la legítima defensa.

El proyecto defenderá que "el que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo; en cuyo caso, la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo".

Suspensión de la ley de movilidad jubilatoria

De salir adelante, la nueva norma también incluirá la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria aprobada en 2020 y permitirá al Ejecutivo establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones "teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustenabilidad económica".

En lo relativo a la educación, el proyecto plantea la creación de un examen final para los alumnos que hayan concluido la educación secundaria.

Por su parte, las universidades públicas podrán cobrar a los estudiantes extranjeros no residentes que deseen estudiar en el país suramericano.

Si el DNU de la semana pasada inició la desregulación de la economía argentina, con el nuevo y masivo proyecto de ley, el Gobierno de Milei pretende desregular otros mercados como el energético o el azucarero.

El nuevo proyecto también autorizaría el ingreso de fuerzas militares extranjeras en Argentina.

El Ejecutivo podría "autorizar el ingreso al país de contingentes de personal y medios de las Fuerzas Armadas, pertenecientes a otros países para actividades de ejercitación, instrucción o protocolares de carácter combinado".