Caso Wikileaks
De filtradora de Wikileaks a activista LGTB
Libertad para la soldado Chelsea Manning tras siete años de prisión por el robo masivo de documentos secretos. A su salida, disfrutó de una «pizza grasienta» y piensa dedicarse a los servicios sociales.
Libertad para la soldado Chelsea Manning tras siete años de prisión por el robo masivo de documentos secretos. A su salida, disfrutó de una «pizza grasienta» y piensa dedicarse a los servicios sociales.
La soldado Chelsea Manning, quien filtrara miles de documentos clasificados en 2010 que pusieron en evidencia a Estados Unidos, ha quedado en libertad. El indulto de Barack Obama el 17 enero, prácticamente la última medida que llevó a cabo antes de abandonar la Casa Blanca, se hizo ayer realidad. «Después de otros cuatro meses de ansiosa espera, el día finalmente ha llegado», señaló ayer Manning en sus primeras declaraciones, de acuerdo con sus abogados. «Estoy preparada para lo que venga. Cualquier cosa será mucho mejor que el pasado», indicó, en referencia a los siete años que ha pasado entre rejas, no precisamente en las mejores condiciones.
«A medida que reconstruyo mi vida, me prometo a mí misma no revivir el pasado. El pasado siempre me afectará y lo mantendré en mente mientras recuerde cómo influyó. Es sólo mi punto de partida, no mi destino final», ha reconocido la joven, que ya tiene 29 años, al abandonar la prisión militar de Fort Leavenworth, en Kansas.
Poco se sabe de su paradero estos días. Desde la fundación creada para recaudar financiación para proporcionarle alojamiento, se ha evitado dar detalles sobre su futuro. Incluso, no se ha permitido a los medios de comunicación colocarse en la puerta de la cárcel para grabar la salida de Chelsea. Se sabe que vivirá en el Estado de Maryland, cerca de su familia, y planea apelar su sentencia de 35 años. Según oficiales del Ejército al que todavía pertenece, Chelsea técnicamente se mantendrá en activo, pero estará oficialmente de baja. No recibirá ninguna paga militar.
Sus abogados, Nancy Hollander y Vincent Ward, confirmaron la «salida segura» de Manning y pidieron que se respetase su privacidad «ahora que empieza a adaptarse a una vida fuera de prisión. Chelsea mira hacia el futuro». En una entrevista con LA RAZÓN, Ward explicó que «esperaba que su cliente no estuviera en peligro una vez en libertad. Creo que hay mucha gente que se preocupa por ella y haremos todo lo posible para que tenga una transición pacífica y a salvo». De hecho, el abogado añadió que «a pesar de lo mal que están las cosas en EE UU, confío en que Chelsea sea capaz de vivir una maravillosa y segura vida, en la que alzará su voz en los asuntos más importantes para ella». En su cuenta de Twitter, dos días antes (a través de su equipo) tuiteó que ya estaba buscando un seguro de salud privado «al igual que millones de estadounidenses». Obviamente, los asuntos LGTB también estarán en su agenda, sobre todo por lo que sufrió (en una cárcel militar) siendo transexual. Asimismo, como Ward contó a este periódico, «Manning estuvo en régimen de aislamiento durante casi un año, mientras esperaba a que se celebrase el juicio, es decir, sin ni siquiera ser juzgada o condenada». Tras su sentencia a 35 años de prisión, se convirtió en la mayor impuesta a un filtrador en la historia de Estados Unidos.
Pero ayer Manning disfrutó de los pequeños placeres de la vida en libertad: la luz del sol que tanto añoraba; pasear a sus anchas con unas deportivas nuevas; o un trozo de pizza «grasienta». Atrás quedaron sus días como filtradora. Su envío de la información reveló 250.000 documentos secretos del Departamento de Estado que Obama quería ocultar. Entre ellos, destacaron los llamados «War Logs» (cuadernos de guerra) de Irak y Afganistán, donde se pudo ver a un helicóptero Apache abrir fuego contra un grupo de insurgentes en Bagdad. Entre los muertos se encontraban dos periodistas que trabajaban para la agencia de Reuters. Heroína o villana, su filtración abrió el debate sobre las prácticas de EE UU a pesar de que las mismas están amparadas por la Ley Patriota, aprobada en el Congreso después de los ataques contra las Torres Gemelas.
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